Maru y Sheinbaum: cuando el poder se desnuda y la investidura queda en segundo plano.

DOMINGO 25 OCTUBRE 2026

Entre acusaciones de traición, corrupción, narcotráfico y reproches personales, la confrontación entre la Presidencia de la República y el Gobierno de Chihuahua revela una crisis que trasciende a dos mandatarias: la fragilidad de la coordinación institucional, las fracturas del poder y la politización de la justicia en vísperas de 2027

Por Guadalupe Parada Gasson

Hay momentos en la política en que el conflicto deja de ser una diferencia de criterios y se transforma en una exposición pública de las contradicciones del poder.
Chihuahua atraviesa uno de esos momentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos Galván han llevado sus diferencias a una confrontación de consecuencias institucionales.
Lo que comenzó como una controversia por la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad terminó convirtiéndose en un intercambio de acusaciones sobre corrupción, vínculos con el crimen organizado, responsabilidades penales y presuntas deslealtades políticas.
La pregunta de fondo no es quién levantó primero la voz, sino qué ocurre cuando las dos principales autoridades ejecutivas involucradas sustituyen la coordinación por el reproche público.

El encuentro celebrado el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, cuya tensión ambas reconocieron posteriormente, fue apenas el preludio de una confrontación que alcanzó su punto más delicado después de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
Una reunión privada entre dos jefas del Ejecutivo terminó ventilada en entrevistas y conferencias de prensa. Sheinbaum y Campos ofrecieron versiones contrapuestas sobre el grado de responsabilidad del exfiscal y las denuncias que habrían sido comunicadas durante aquel encuentro.
La disputa adquirió otra dimensión cuando intervino públicamente la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para explicar lo que, según su versión, había declarado la gobernadora sobre Jáuregui.
Campos posteriormente negó haber formulado las acusaciones en los términos atribuidos por la presidenta.
Una conversación que debió producir acuerdos institucionales terminó convertida en materia de controversia pública y disputa sobre la veracidad de las declaraciones.
Y aquí aparece la primera gran contradicción política.
El origen de esta crisis está en los hechos de abril de 2026, cuando se conoció la participación de agentes estadounidenses vinculados a la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua, sin la autorización federal que, según la Presidencia, exigía la legislación mexicana.
El episodio fue seguido por un accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de seguridad de Chihuahua.
La controversia pasó del terreno diplomático y de seguridad nacional al judicial. Jáuregui fue detenido y acusado de delitos relacionados con la intervención de agentes extranjeros, mientras su defensa ha rechazado las imputaciones y señalado motivaciones políticas.
La existencia de un proceso penal no equivale a una sentencia de culpabilidad.
Pero hay un elemento que exige un análisis más profundo.
Si la presencia de agentes extranjeros ocurrió sin los procedimientos legales correspondientes, la investigación debe establecer quién autorizó, quién participó, quién conocía los hechos y qué mecanismos de supervisión fallaron.

No basta con identificar a un funcionario y convertirlo en el centro de todas las responsabilidades.
Tampoco basta con trasladar el expediente a una discusión entre el PAN y Morena.
La responsabilidad administrativa, la responsabilidad política y la responsabilidad penal son distintas.
Confundirlas puede favorecer a cualquiera de las partes, pero dificulta conocer la dimensión completa de lo ocurrido.
La justicia requiere pruebas, no acuerdos políticos; y la rendición de cuentas exige instituciones, no solamente declaraciones desde una tribuna.

El problema de gobernar mientras se acusa
La presidenta sostiene que las investigaciones deben seguir su curso y que corresponde a las fiscalías determinar responsabilidades.
La gobernadora ha denunciado una actuación desproporcionada y ha cuestionado las posibles motivaciones políticas del procedimiento.
Ambas posiciones pueden someterse a escrutinio.
Por una parte, el Gobierno federal tiene atribuciones constitucionales en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores.
La participación de agentes extranjeros no es un asunto que pueda resolverse exclusivamente desde una fiscalía estatal.
Por otra, la actuación federal debe garantizar que el expediente penal no se convierta en un instrumento de presión contra un gobierno opositor.
El reto institucional consiste precisamente en demostrar que la ley funciona con independencia del color partidista de quien gobierna.
También deben examinarse las acusaciones de Campos contra figuras de Morena, como Ariadna Montiel y Cruz Pérez Cuéllar, respecto de supuestos vínculos con actividades delictivas.
Son señalamientos graves, rechazados por los aludidos, que requieren pruebas y cauces legales; no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.
Si existen elementos, corresponde denunciarlos.
Si no existen, la reiteración pública de acusaciones no puede sustituir el estándar de prueba que exige el Estado de derecho.
La investidura ejecutiva no prohíbe denunciar delitos.
Al contrario, obliga a actuar cuando se conocen.
Lo que plantea preguntas es que señalamientos de semejante gravedad emerjan principalmente en el contexto de una confrontación política.
¿Por qué determinados datos aparecen cuando se rompe una relación de confianza? ¿Qué conocían las autoridades antes de la disputa? ¿Qué hicieron institucionalmente con esa información? ¿Y qué mecanismos impiden que una acusación penal termine utilizada como recurso discursivo?
Son preguntas que deben responderse con expedientes verificables, no con versiones encontradas.

Mientras los gobiernos discuten, la inseguridad tiene cifras
La confrontación tampoco puede analizarse sin observar el problema de seguridad que deberían atender conjuntamente.
CHIHUAHUA · 2024
27,140 Delitos estimados por cada 100 mil habitantes, ENVIPE 2025.

CHIHUAHUA · 2024
$6,300 mdp Costo estimado de la inseguridad y el delito para los hogares, en pesos de referencia de 2018.

MÉXICO · 2024
93.2% Delitos sin denuncia o sin carpeta de investigación.
Estas cifras introducen un elemento que la confrontación política tiende a desplazar, los costos concretos de la inseguridad.
Los miles de millones de pesos perdidos por los hogares no son abstracciones. Representan patrimonio, medidas de protección, ingresos y oportunidades que desaparecen.
Y la cifra negra nacional habla de una dificultad estructural para convertir el delito en investigación.
En este contexto, la cooperación entre federación y estado no es una cortesía política. Es una necesidad operativa.
No todas las tareas corresponden al mismo nivel de gobierno.
Precisamente por ello se requieren canales de comunicación, intercambio de inteligencia, responsabilidades delimitadas y evaluaciones públicas de resultados.
Una relación institucional deteriorada no demuestra, por sí sola, que los operativos de seguridad hayan disminuido o que los delitos hayan aumentado.
Pero sí obliga a preguntar si la confrontación afecta la toma de decisiones, la confianza entre corporaciones y la continuidad de programas conjuntos.
La ciudadanía necesita respuestas sobre esos riesgos, más allá de las conferencias y las entrevistas.

PAN y Morena ante sus propias contradicciones
El conflicto tiene además una dimensión partidista que no puede ignorarse.
Para el PAN, la ruptura entre la gobernadora y un exfiscal que formó parte de su administración plantea interrogantes sobre los controles internos, la confianza política y los mecanismos de vigilancia sobre funcionarios de alto nivel.
Si se conocían irregularidades, corresponde explicar cuándo se detectaron, qué procedimientos se iniciaron y por qué.
Si, por el contrario, las acusaciones carecen de sustento suficiente, corresponde demostrarlo en el ámbito judicial.
Para Morena, el desafío está en sostener una separación clara entre la actividad partidista y la actuación de las instituciones federales.
La participación de dirigentes y aspirantes en la controversia alimenta la lectura electoral del conflicto, particularmente ante la renovación de la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Sin embargo, la cercanía de una elección no demuestra por sí misma una persecución política, del mismo modo que una acusación presentada por una autoridad no demuestra automáticamente culpabilidad.
El punto crítico para ambos partidos es que sus intereses electorales no terminen definiendo el tratamiento de las responsabilidades públicas.
La tensión puede favorecer distintas narrativas políticas: el PAN puede invocar la autonomía estatal y denunciar presiones federales; Morena puede insistir en el cumplimiento de la legislación de seguridad nacional y la investigación de posibles irregularidades.
Pero ninguno de esos discursos responde por sí solo a las preguntas esenciales del expediente.
¿Cuáles fueron las decisiones concretas? ¿Quién tenía facultades? ¿Qué evidencia existe? ¿Qué controles fallaron? ¿Quién debe responder?
Esas son las preguntas que deberían ordenar el debate.

La investidura no es patrimonio personal
Hay una distinción que se ha vuelto especialmente importante en esta controversia, una cosa es la persona que ocupa el cargo y otra la institución que representa.
Claudia Sheinbaum no interviene únicamente como dirigente política surgida de Morena.
Ocupa la Presidencia de la República, con responsabilidades que abarcan a los 32 estados, incluidos los gobernados por partidos opositores.
Maru Campos no actúa únicamente como figura del PAN.
Encabeza el Poder Ejecutivo de Chihuahua y representa institucionalmente a una entidad cuyos habitantes tienen distintas preferencias políticas.
Las dos tienen derecho a discrepar, cuestionarse y exigir investigaciones.
Pero la investidura demanda que las diferencias se tramiten sin comprometer las obligaciones constitucionales.
No se trata de exigir silencio frente a posibles irregularidades.
Se trata de evitar que la confrontación pública sustituya los procedimientos mediante los cuales las instituciones deben resolverlas.
La autoridad no se fortalece porque eleve la voz; se fortalece cuando puede sostener sus afirmaciones con hechos, decisiones legales y resultados verificables.

Chihuahua y la sucesión de 2027: el conflicto que trasciende a sus protagonistas
A medida que se aproxima el proceso electoral de 2027, el caso puede convertirse en un tema recurrente del debate público.
El PAN deberá explicar la actuación de su gobierno frente al operativo, las acusaciones contra el exfiscal y las medidas adoptadas para asegurar controles efectivos dentro de la administración.
Morena deberá responder a las acusaciones contra sus figuras políticas, precisar su posición sobre la cooperación con Chihuahua y evitar que se confundan los procesos de justicia con las actividades partidistas.
Para ambas fuerzas existe una prueba de consistencia: aplicar a sus propios integrantes los mismos criterios de legalidad y transparencia que exigen a sus adversarios.
Pero hay una tercera dimensión, más importante que el enfrentamiento partidista.
La ciudadanía de Chihuahua, y particularmente de Ciudad Juárez, no puede quedar subordinada a la lógica de una disputa entre gobiernos.
La seguridad, la infraestructura, el desarrollo fronterizo, la movilidad, la atención social y la coordinación presupuestaria requieren continuidad, independientemente de la relación política entre las mandatarias.
Los gobiernos tienen plazos constitucionales.
Las necesidades de la población no se suspenden durante esos plazos.

Lo que tendría que quedar después del escándalo
El debate público necesita pasar de la filtración de conversaciones a la rendición de cuentas.
Eso implica conocer el sustento jurídico de las acusaciones, identificar las responsabilidades de cada autoridad y garantizar que las investigaciones puedan avanzar sin interferencias partidistas.
También exige transparentar, dentro de los límites legales de la seguridad nacional y las investigaciones en curso, qué mecanismos permitieron la intervención de agentes extranjeros y cuáles fueron corregidos.
Y, sobre todo, exige sostener la coordinación institucional entre los dos niveles de gobierno.
Porque las diferencias políticas no eliminan la obligación de gobernar.
La Presidencia no pierde sus responsabilidades en Chihuahua porque la gobernadora pertenezca al PAN.
La gubernatura no pierde sus obligaciones porque considere injustificada una acción federal.
La autonomía estatal y las atribuciones federales no son concesiones personales, son componentes del diseño constitucional mexicano.
El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum deja al descubierto una tensión profunda de la política mexicana, la dificultad para distinguir entre confrontación partidista, exigencia legítima de responsabilidades y funcionamiento de las instituciones.
De un lado están las acusaciones y los reclamos; del otro, los expedientes judiciales, las facultades constitucionales y los derechos de quienes están siendo investigados.
En medio están millones de ciudadanos que requieren seguridad, justicia y gobiernos capaces de coordinarse.
Que se investigue todo lo que deba investigarse.
Que se pruebe todo lo que se acusa.
Que se sancione aquello que los tribunales determinen. Y que ninguna diferencia política sea pretexto para interrumpir el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Porque la cuestión verdaderamente importante ya no consiste en determinar quién ganó una discusión privada de diez minutos, sino en conocer qué hicieron las instituciones antes y después de aquella reunión.
La política puede tener adversarios.
El Estado tiene obligaciones.
Y cuando dos titulares del Poder Ejecutivo se enfrentan, hay algo que ninguna debería perder de vista.
La investidura no les pertenece. La ejercen temporalmente en nombre de los ciudadanos.
Esa es la dimensión del conflicto que merece estar en el centro de la discusión pública, mucho después de que termine la polémica de las declaraciones.

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