El pleno del Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece la sanción de hasta 18 años de prisión a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, así como la misma penalidad a los periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen.
La sanción también castiga a quien reproduzca esta conducta tratándose de evidencias, objetos e instrumentos que sean parte de una carpeta de investigación o en un proceso penal que por disposición de la ley sea reservada o confidencial.
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