El Tribunal Superior de Justicia obtiene 9.0.
CHIHUAHUA, CHIH.- Aun cuando el Tribunal Superior de Justicia obtuvo 8.64 de calificación en la plataforma de transparencia y 9.0 en el portal local, el promedio general de las instituciones repartidas en los tres poderes de gobierno es reprobatorio, según expresó Cynthia Mayela Rodríguez Casas, directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal del ICHITAIP.
Lo anterior lo dio a conocer luego de ofrecer un curso en Ciudad Judicial sobre lineamientos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia.
Rodríguez Casas explicó que lo anterior fue el resultado que arrojó una primera revisión del 15 de agosto pero espera que para una nueva revisión la calificación suba. “La calificación de municipios, oficinas del poder Ejecutivo, fideicomisos, órganos descentralizados, poder Judicial y Legislativo es reprobatoria”, reiteró.
Sin embargo, aclaró que la medición en los municipios se da de manera diferenciada y las razones tienen su vínculo con la falta de infraestructura tecnológica, del aislamiento y de capacidades humanas: “hay funcionarios que no saben manejar una computadora, o que para hacer una llamada telefónica tienen que acudir a una caseta, como en Batopilas. Por tanto no tienen acceso a la plataforma, ni a ningún portal. A los municipios hay que calificarlos aparte”.
Del resto, de las oficinas de los poderes y municipios grandes, dijo, “la calificación es baja porque les faltó meterse más al tema de la transparencia y dimensionar las cargas de trabajo después de la reforma que operó a inicios de 2017. Muchos se quedaron acorde a la ley anterior y pensaron que podrían llenar los formatos el último día. Ahora es mucho el trabajo y hay que hacerlo con mucho tiempo para que salga bien”.
El curso, a invitación de la Unidad de Transparencia del TSJ, tuvo la intención de aclarar a las unidades administrativas el tema de la responsabilidad, “que ya tienen que asumir como tales y para que tengan claro que la carga de trabajo de no le corresponde solo a la Unidad de Transparencia sino que es un tema del sujeto obligado en general, porque así lo prevé ahora la ley”, dijo la funcionaria del ICHITAIP.
Destacó que en el tema las sanciones queda claro que si una unidad administrativa de algún sujeto obligado no cumple, “la sanción va para el titular de esa unidad administrativa, no para el sujeto obligado en general o para la Unidad de Transparencia”.
Adelantó Rodríguez Casas que en enero ya tendrá efectos vinculantes, a partir de las auditorías y las revisiones que el Ichitaip vaya a hacer en la materia. 2017 significó, expuso, un “periodo de gracia que la ley establece, ciertamente complicado, aunque nos ha servido mucho de aprendizaje”.
Pero anunció que en enero, luego de las revisiones, se espera tener una cantidad baja de sanciones, que van desde la administrativa, pasando por la económica hasta la solicitud de destitución de funcionarios. Y en esa fecha, expresó, “esperamos que todos los sujetos obligados arranquen en un buen nivel”.
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