septiembre 27, 2022

Timing Político

La política tiene su propio Timing

Corrupción y privilegios acabarán cuando pongan en vigor Ley Nacional de Ejecución Penal: Miguel Sarré.

 

CHIHUAHUA, CHIH.- La corrupción y las irregularidades que privan en las cárceles mexicanas, federales y estatales, como el autogobierno, la reubicación indiscriminada de presos y las concesiones de privilegio, acabarán cuando los poderes Ejecutivo y Judicial pongan en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, sostiene Miguel Sarré, académico jurista.

No es fácil porque el mandato implica la reasignación de facultades entre poderes, indicó el especialista y explica: El nuevo Sistema de Ejecución Penal se debe judicializar y esto significa que el Poder Judicial se convierte en la máxima autoridad penitenciaria. El Poder Ejecutivo pierde esa facultad y se queda solo con la parte administrativa, bajo las órdenes de los jueces del Sistema de Ejecución Penal.

El régimen interno, la ubicación o reubicación de las y de los presos, el cómputo anual de las penas, las sanciones disciplinarias, el plan de actividades y las condiciones de internamiento, todo, debe ser autorizado y supervisado por los jueces del Sistema de Ejecución Penal, precisó el Jurista.

Sarré ofreció la conferencia “Un reto del tamaño de Chihuahua…. Y de México: Reflexiones sobre el Sistema de Ejecución Penal” a jueces, juezas y funcionariado del Poder Judicial en Chihuahua y Cuauhtémoc.

Advierte que otro cambio sustancial que mandata la nueva ley es la secularización de los criterios sobre las medidas disciplinarias y beneficios que reciben las y los internos.

«Se acabaron los beneficios que se basan en estudios psicológicos que indican si las y los presos avanzan o no en su rehabilitación; se acabaron los tratamientos que tratan de convertir a las y los internos en personas “buenas”, resaltó.

Ahora los beneficios pueden limitarse sólo cuando las y los presos muestran comportamientos de indisciplina o dañan a otras personas, precisa.

Como ejemplo, menciona las actividades de educación, deporte, recreación y otras que realizan las y los internos, mismas que se deben identificar como derechos y no como obligaciones, y que se pueden definir en función de necesidades, preferencias y condiciones de horarios y espacios.

Indicó que si las y los presos incumplen con esas actividades y su indisciplina afecta la vida del penal y de sus compañeros, ese comportamiento les puede afectar en sus beneficios, hace ver.

“Las y los internos dejan de ser objetos de tratamiento y rehabilitación, para convertirse en sujetos con derechos y obligaciones”, enfatizó.

Manifestó que se acaba la intención histórica de rehabilitar a las y los internos, insiste y ahonda: «Al Sistema de Ejecución Penal no le corresponde convertir en “buenos” a los presos y en “buenas” a las presas. Su única responsabilidad es vigilar su disciplina de manera que garantice el orden al interior de los centros penitenciarios».

“Se acabaron las evaluaciones psicológicas que buscan conocer los sueños de las y los presos, su motivación para delinquir, sus remordimientos y sus cavilaciones. Y se acabaron también las terapias para convertirlas en buenas personas. Al nuevo Sistema de Ejecución Penal no le toca rehabilitar, le corresponde garantizar que las personas que cometen delitos paguen su pena y punto”; expresó Sarré

Indicó que el tercer mandato que indica la nueva ley, igual de radical que los anteriores, incluye en la toma de decisiones a todas las partes implicadas en el internamiento de las y los presos, señala el especialista.

No solo habla de los jueces de Ejecución Penal y la directiva de los penales, incluye también a las personas privadas de su libertad, a sus familiares, amistades y a todos sus visitantes, así como a organizaciones de la sociedad, sin faltar el Ministerio Público y la Defensa.

Recuerda que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 y tiene como límite noviembre del presente año para que la Federación y los estados del país la instrumenten.

«Chihuahua tiene la oportunidad de convertirse en el primer estado del país en aplicar el nuevo Sistema de Ejecución Penal», vaticinó el jurista Miguel Sarré  .

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