DOMINGO 17 MAYO 2026
El mitin del 16 de mayo en Chihuahua inició el juicio político contra Maru Campos, con cargos de soberanía, represión y corrupción. Morena movilizó contingentes, visibilizó la pobreza tarahumara y mostró cohesión nacional, anticipando tensiones rumbo a 2027.
POR JACK RO
Chihuahua Capital: El mitin del 16 de mayo marcó el inicio del juicio político contra la gobernadora Maru Campos, con la exposición pública de cargos que sintetizan las acusaciones centrales: violación de la soberanía y del pacto federal al permitir intervención extranjera sin autorización; usurpación de atribuciones al actuar más allá de sus facultades; represión democrática al impedir caravanas ciudadanas y vulnerar el derecho a la protesta; infracción a la Ley de Seguridad Nacional al someter decisiones del Estado mexicano a gobiernos externos; violación de la soberanía constitucional, interpretada como traición a la patria; y finalmente, omisión y manipulación de pruebas mediante la Fiscalía estatal para encubrir responsabilidades.
En las puertas del Palacio de Gobierno se reunieron figuras centrales de Morena: Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido; Andy López Beltrán, secretario de Organización; Andrea Chávez, senadora con licencia y aspirante a la gubernatura; Juan Carlos Loera de la Rosa, senador y referente fronterizo; y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.
Montiel tomó la palabra frente al Palacio de Gobierno, su oratoria ya traía una consigna política clara: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Ese principio, que sintetiza la ideología social de Morena, se convirtió en el eje de su discurso en el mitin.
La imagen de Montiel y Chávez en primera línea refuerza la narrativa de Morena como fuerza cohesionada, mostrando a dos figuras femeninas con legitimidad política y capacidad de convocatoria. Loera, desde su posición como senador y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, aporta peso institucional, mientras Andy López Beltrán simboliza el respaldo de la estructura nacional.
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, proclamó que “Chihuahua ya despertó”, subrayando la unidad ciudadana en defensa de la soberanía, la paz y la seguridad nacional. Su liderazgo se evidenció al encauzar de manera pacífica y organizada la energía social de la manifestación, proyectando un bloque sólido que contrasta con la actual gestión estatal. La concentración, marcada por consignas de soberanía y justicia, se constituyó en un escenario de legitimación política y de confrontación simbólica frente al poder establecido.
La marcha no fue solo un acto de protesta contra Maru Campos, sino un ensayo de poder político. Al presentar cargos, movilizar contingentes y visibilizar la pobreza y marginación —incluyendo la del pueblo tarahumara—, Morena buscó abrir un debate sobre soberanía, justicia, equidad, democracia y pluralidad ideológica.
Denuncia las tensiones y las resistencias que existen del gobierno del estado hacia el movimiento de Morena en Chihuahua. La presencia de Montiel y López Beltrán dio respaldo nacional, mientras Chávez y Loera reforzaron la narrativa territorial.
La imagen de Montiel y Chávez en primera línea refuerza la narrativa de Morena como fuerza cohesionada, mostrando a dos figuras femeninas con legitimidad política y capacidad de convocatoria.
Loera, desde su posición como senador y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, aporta peso institucional, mientras Andy López Beltrán simboliza el respaldo de la estructura nacional.
La presencia de Pérez Cuéllar abrió lecturas sobre estrategia en la disputa por la candidatura de 2027.
En la tarima también estuvo Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, cuya presencia subrayó la dimensión legislativa de la movilización.
Se inició el proceso de juicio político contra la gobernadora Maru Campos, presentando públicamente los cargos para que la sociedad conociera las razones de la movilización: violación de la soberanía y del pacto federal al permitir intervención extranjera sin autorización; usurpación de atribuciones y ataques a la República al actuar más allá de sus facultades; represión democrática al impedir caravanas ciudadanas y vulnerar el derecho a la protesta; infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional al someter decisiones del Estado mexicano a gobiernos externos; violación de la soberanía constitucional, equivalente a traición a la patria; y finalmente, omisión y manipulación de pruebas mediante la Fiscalía estatal para encubrir responsabilidades.
El plantón contó con contingentes morenistas provenientes de todo el estado. La presencia organizada de estos grupos dio fuerza simbólica al acto, mostrando que la movilización no era espontánea, sino parte de una estrategia nacional de respaldo.
Las voces populares externaron que en Chihuahua, durante décadas, se había impuesto una supresión discursiva sobre la izquierda, concebida como una ideología confusa, incomprendida, tergiversada y estigmatizada. “Esta exclusión desplazó el engranaje político al proyecto de humanismo mexicano, impidiendo su inserción en los procesos democráticos.”
El mitin se constituyó en un espacio de ruptura simbólica frente a la prohibición histórica y la apatía de una sociedad marcada por el conservadurismo reaccionario.
Este acontecimiento señaló que las dinámicas políticas debían transformarse, pues una minoría social comenzaba a reclamar pluralidad ideológica y apertura democrática.
En ese contexto, la exigencia no se orientaba hacia una radicalización del pensamiento ni hacia la represión política del socialismo, sino hacia la construcción de un horizonte plural capaz de integrar voces diversas en el debate público y superar las prácticas de exclusión que habían caracterizado al régimen dominante actual.
En última instancia, la marcha reveló que la política no se juega únicamente en los discursos, sino también en las imágenes, en los contingentes y en las ausencias.
Chihuahua fue escenario de un ensayo de poder que anticipa la intensidad de la contienda electoral de 2027.
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