Guadalupe Parada Gasson
SABADO 06 JUNIO 2026
Por más que los números sean una herramienta indispensable para medir fenómenos sociales, políticos y económicos, también es cierto que las cifras, por sí solas, no siempre reflejan la realidad completa.
Detrás de cada porcentaje existe un contexto que merece ser analizado con profundidad y, sobre todo, con sentido crítico.
Llamó particularmente mi atención la publicación del más reciente ranking nacional de alcaldes de Morena elaborado por Demoscopía para La Jornada Estado de México, donde el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aparece en el primer lugar con una aprobación ciudadana de 68.4 por ciento.
Más allá de las celebraciones políticas y de los inevitables comunicados de autopromoción, vale la pena detenernos a reflexionar sobre lo que realmente significan estos números.
De entrada, resulta interesante que ninguno de los alcaldes evaluados haya alcanzado siquiera el 70 por ciento de aprobación.
En términos académicos, una calificación inferior a siete suele considerarse reprobatoria.
Sin embargo, en la política mexicana pareciera que cualquier cifra cercana a ese umbral es presentada como un triunfo contundente.
Tal vez aplica aquel viejo dicho; “En tierra de ciegos, el tuerto es rey».
Pero el análisis debe ir más allá de la simple interpretación de un porcentaje.
Ciudad Juárez supera actualmente el millón y medio de habitantes. De ellos, aproximadamente 1.1 millones son mayores de edad y potencialmente aptos para emitir una opinión sobre el desempeño de su gobierno municipal.
Sin embargo, la encuesta que coloca al alcalde juarense en la cima nacional se realizó únicamente con mil entrevistas.
Menos de mil personas decidieron, estadísticamente hablando, que Cruz Pérez Cuéllar es el alcalde mejor evaluado entre los gobiernos municipales de Morena en México.
Por supuesto, los métodos estadísticos permiten construir muestras representativas y nadie discute la validez técnica de las encuestas cuando son correctamente aplicadas.
El propio estudio reporta un margen de error de +/- 3.8 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.
Lo que sí merece discusión es la distancia existente entre la percepción reflejada en una muestra y la experiencia cotidiana de cientos de miles de ciudadanos.
Porque basta recorrer las calles de Ciudad Juárez para encontrar una realidad que difícilmente coincide con los discursos triunfalistas.
La ciudad continúa enfrentando graves problemas de infraestructura urbana. Los baches siguen siendo una constante en prácticamente todos los sectores.
Existen avenidas deterioradas que representan riesgos permanentes para automovilistas y peatones.
El crecimiento urbano parece avanzar sin una planeación integral capaz de garantizar servicios públicos eficientes.
La movilidad sigue siendo uno de los principales retos.
Los congestionamientos son cada vez más frecuentes. La señalización vial presenta deficiencias.
El transporte público continúa siendo una deuda histórica para miles de trabajadores que diariamente invierten horas de su vida en traslados.
A ello se suman problemas relacionados con la imagen urbana, parques con mantenimiento irregular, alumbrado público insuficiente en diversos sectores, acumulación de basura en algunos puntos de la ciudad y una percepción de abandono en colonias periféricas que rara vez aparecen en los recorridos oficiales.
La pregunta entonces es inevitable; ¿qué es exactamente lo que estamos evaluando?
¿La capacidad de comunicación del gobierno?
¿La eficacia de su estrategia de difusión?
¿La percepción generada por la propaganda institucional?
¿O los resultados tangibles que viven diariamente los ciudadanos?
No se trata de desacreditar encuestas ni de negar que existan avances en determinados rubros.
Tampoco de cuestionar por sistema cualquier resultado favorable para una autoridad.
Lo verdaderamente preocupante es cuando los gobernantes utilizan estos ejercicios como certificados de excelencia administrativa, ignorando los problemas que siguen afectando la calidad de vida de la población.
Las encuestas deberían ser instrumentos para identificar áreas de oportunidad, no trofeos para alimentar egos políticos.
Un gobierno responsable no debería preguntarse por qué ocupa el primer lugar de un ranking.
Debería preguntarse por qué, aun ocupándolo, persisten tantas deficiencias que los ciudadanos observan todos los días.
Porque la verdadera evaluación no ocurre en una encuesta telefónica ni en una medición estadística de fin de mes.
La evaluación real sucede cada mañana cuando un ciudadano esquiva baches para llegar a su trabajo, cuando una madre espera un transporte público eficiente, cuando una colonia reclama servicios básicos de calidad o cuando un comerciante enfrenta problemas derivados de una mala planeación urbana.
Los números pueden construir narrativas.
La realidad, en cambio, termina imponiéndose.
Y en democracia, ningún porcentaje debería servir como pretexto para dejar de escuchar lo que sucede en las calles.
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