POR: REDACCIÓN.
CD. JUÁREZ, CHIH.- Dada la crisis en materia de salud ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia hicieron pública su preocupación por las personas recluidas en los centros penitenciarios locales, albergues de migrantes y centros de rehabilitación, así como el personal que labora en ellos.
Manifestaron que ante la pandemia de COVID-19, varios entidades recientemente han tomado medidas preventivas para evitar una propagación que podría ser fatal para la población. Si bien estas medidas aún no se han adaptado a las realidades socioeconómicas, particularmente con respecto a los grupos más vulnerables, la situación de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios es muy preocupante.
Informaron que según cifras oficiales, actualmente en México hay 202 mil 337 personas recluidas en centros penitenciarios y el 37% de dichos centros presentan problemas de hacinamiento. Igualmente, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México el 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas e incluso más en algunos estados de la república. Cabe señalar que, de acuerdo con la documentación que el CDHPN ha realizado durante el acompañamiento a personas recluidas en los centros de detención locales, las cárceles en Ciudad Juárez no son la excepción a dicho panorama de hacinamiento generalizado.
A nivel nacional, indicaron, el sistema penitenciario no ofrece garantías para el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo tanto, se teme que la mayoría de las medidas recientemente decretadas por la OMS y la Secretaría de Salud del Estado Mexicano podrían ser ineficaces en las cárceles, en particular debido a la infraestructura deteriorada que carece de instalaciones higiénicas adecuadas para lavarse las manos, el hacinamiento en las cárceles y la insuficiencia de los medios sanitarios puestos a disposición de los establecimientos penales para responder adecuadamente a la aparición de casos de COVID-19 dentro de ellos. Lo anterior, aunado a la generalizada falta de personal médico a nivel nacional para atender a las personas que pudieran encontrarse infectadas por el virus.
Señalaron que tal y como diversos tratados en la materia han establecido que “Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a acceder a intervenciones que les salven la vida y la responsabilidad de garantizarlas reside en el gobierno”, y en vista de la emergencia de salud pública, las organizaciones firmantes consideramos que es urgente actuar de inmediato para preservar la vida de los detenidos, el personal penitenciario, sus familias y, en general, la sociedad.
En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia exigieron a los tomadores de decisión, y en particular a: A las autoridades estatales y federales:
Tomar medidas urgentes para descongestionar las cárceles, incluidas la libertad condicional, el perdón y la amnistía.
Iniciar una inspección de los lugares de detención para liberar todos los casos irregulares.
Proporcionar a las cárceles el equipo necesario para detectar casos de personas infectadas con el coronavirus, ya sean visitantes o nuevos prisioneros.
Establecer políticas de no detención a personas por faltas administrativas.
Emitir informes periódicos sobre las medidas tomadas en los centros penitenciarios para evitar la propagación del virus.
A los Jueces de Control y de Ejecución de penas, de:
Liberar a las personas en detención preventiva, así como a aquellos que están en mayor vulnerabilidad, especialmente personas mayores y aquellas que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias o diabetes y cuya detención ya no es necesaria o estén próximas a cumplir sus condenas .
Modificar las penas privativas de la libertad por otras que no involucren el internamiento a los centros penitenciarios, de aquellos presos que se encuentren compurgando una pena por un delito no violento.
A las Comisiones de Derechos Humanos:
Garantizar el respeto de los derechos de los detenidos de conformidad con las medidas de prevención del coronavirus.
Supervisar de manera continua las condiciones de salubridad dentro de los centros penitenciarios.
Permanecer atentos a cualquier violación a derechos humanos que pudiera suscitarse por la crisis.
A los Jefes de establecimientos penales, a:
Autorizar el uso de teléfonos para mantener el vínculo social entre los detenidos y sus familiares durante el período de restricción de ciertas visitas.
Aumentar la capacidad de diagnóstico y seguimiento médico en las cárceles, según lo solicitado por la OMS y, en particular, aumentar las medidas para proteger a las personas detenidas con sistemas inmunes debilitados, como aquellos con VIH o tuberculosis.
Proteger adecuadamente al personal penitenciario contra la contaminación por virus proporcionándoles los equipos de protección e higiene necesarios.
Proveer de artículos de limpieza necesarios a los internos y a las personas que laboran en el centro, e implementar un plan de desinfección en todas las áreas.
Educar a los detenidos sobre medidas preventivas e higiénicas y sobre el acceso a números de emergencia para denunciar casos sospechosos.
En vista de que los internos, en su mayoría, dependen de los alimentos que sus familiares les proporcionan para sobrevivir, y dada la restricción de ciertas visitas, urgimos que se haga efectiva su obligación de suministrar alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, adecuados para la protección de la salud de las personas privadas de su libertad.
TIMING POLÍTICO.
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