Por el fallecimiento de maestros en la supercarretera Durango-Mazatlán.
CHIHUAHUA, CHIH.-Diputados locales de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, exhortaron al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos ICHEA atienda las obligaciones patronales y dé celeridad a los procedimientos administrativos que permitan a los deudos de los maestros fallecidos en un accidente automovilístico sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, acceder a las pensiones y beneficios que por Ley les corresponden.
Fue el diputado Pedro Torres Estrada, quien presentó el acuerdo aprobado de manera unánime por los integrantes de la Diputación Permanente, dentro de la exposición del mismo señaló que este surgió dado a que el pasado sábado 10 de junio del presente año, cuatro funcionarios del Sistema de Educación para Adultos en el Estado y dos niños fallecieron en un accidente carretero en la vía de comunicación antes mencionada.
Informó que los coordinadores del ICHEA habían acudido a Mazatlán, Sinaloa para participar en la reunión regional con la Zona Noroeste, organizada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); los menores fallecidos fueron un niño de un año y 3 meses y otro de 8 años de edad, originarios de Sinaloa, y quienes viajaban en el otro auto involucrado en el accidente.
A casi dos meses de las pérdidas, las familias no han obtenido recurso alguno, algo que por Ley les corresponde, lo cual está inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que “La seguridad social cubrirá entre otras la jubilación, la invalidez, vejez y muerte”, además de que en lo local.
Además, para culminar, agregó que en lo local, la Ley de Pensiones del Estado de Chihuahua, en el artículo 64, establece que: “La muerte del trabajador a cualquier edad y tiempo de servicio, derivada de un riesgo de trabajo, dará lugar al otorgamiento de una pensión por viudez y orfandad a favor de quienes… tengan el carácter de sus beneficiarios”; y el importe será del máximo entre la renta vitalicia que resulte del saldo acumulado en la cuenta individual obligatoria y el 100% del salario regulador, previo descuento de los seguros de sobrevivencia.
Para culminar, mencionó que no se debe dejar a los deudos de los servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber en desamparo, ya que este acto es injusto e ingrato.
Cabe mencionar que a dicha petición se unieron las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que ellas emitirían uno con la misma demanda.
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