JUEVES 11 SEPTIEMBRE 2025
POR REDACCION
CHIHUAHUA, CHIH.-La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en cumplimiento de una resolución judicial dictada por un Juez de Control, llevó a cabo el aseguramiento de un inmueble propiedad de J.P.L.E., consistente en un complejo de lujo ubicado en una zona exclusiva del municipio de Tepoztlán, Estado de Morelos.
Las investigaciones señalan que el despacho “Elías López”, propiedad de Pedro Elías López, habría obtenido beneficios ilegales mediante contratos vinculados a la reestructuración de la deuda estatal durante el sexenio de Corral. El caso también involucra al exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, actualmente prófugo de la justicia.
La diligencia fue cumplimentada por agentes ministeriales y policías de investigación, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y el órgano jurisdiccional de aquella Entidad (Estado de Morelos) y en seguimiento a la carpeta de investigación 3050/2024 que deriva de una investigación sólida y técnicamente sustentada, dentro de la cual se ha trazado la ruta del dinero en el presunto desvío de 98.6 millones de pesos, con el firme objetivo de recuperar y resarcir el daño causado al Estado de Chihuahua, con motivo de la celebración de un contrato irregular.
El cumplimiento de esta diligencia judicial, se llevó a cabo tras la resolución emitida por un juez de control del Distrito Judicial Morelos, quien decretó el aseguramiento del folio real correspondiente al inmueble -Hacienda de Lujo- ubicado en el Estado de Morelos, que cuenta con distintas unidades habitables, oficina, piscina, canchas de tenis, biblioteca, entre diversas amenidades de lujo, en un predio de 5277 metros cuadrados de terreno.
Dicho mandamiento judicial fue ejecutado mediante exhorto por el órgano jurisdiccional y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, lo que permitió tanto la inscripción del aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad como la colocación de los sellos en el inmueble por parte de agentes ministeriales y policías de investigación.
Con ello, se busca impedir que el inmueble sea transmitido en propiedad bajo ninguna modalidad, mientras avanza el proceso penal, asegurando que el bien pueda servir para la recuperación o resarcimiento del daño al erario.
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