Leticia Ortega Máynez
VIERNES 25 ABRIL 2025
POR REDACCION
La iniciativa de la diputada de Morena busca castigar con mayor dureza los delitos sexuales cometidos dentro de estancias infantiles, albergues, hospitales y otras instituciones encargadas del cuidado de niñas y niños.
CHIHUAHUA, CHIH.- Con el objetivo de proteger a la niñez chihuahuense y cerrar las puertas a la impunidad en casos de abuso sexual infantil dentro de instituciones, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó este jueves una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua para establecer penas más severas en casos donde los delitos sean cometidos dentro de instituciones que deberían brindar resguardo, atención o educación.
La propuesta plantea aumentar en dos terceras partes las penas por violación y abuso sexual cuando sean cometidos contra menores de edad bajo custodia institucional, y que el agresor sea parte del personal que colabora en la institución. Además, contempla la inhabilitación definitiva para trabajar en espacios con menores.
La diputada destacó que estas agresiones representan una de las formas más complejas y graves de violencia sexual, pues ocurren “en espacios donde debería prevalecer el cuidado, la confianza y la integridad”.
En su exposición de motivos, Ortega Máynez subrayó que “las niñas y niños bajo cuidado institucional son víctimas de una violencia COMPLEJA”, y que estas acciones “violentan y fragmentan el estado puro de la niñez”. Añadió que muchas de estas agresiones ocurren durante años, “porque no se implementan de manera efectiva mecanismos de prevención, denuncia y sanción”.
La legisladora recordó casos documentados por la CNDH, la REDIM, e instancias internacionales, que han visibilizado un patrón sistemático de abuso encubierto o silenciado en casas hogar, internados, escuelas y centros religiosos. “No son incidentes aislados. Es una forma estructural de violencia que ha sido ignorada durante décadas”, advirtió.
Datos oficiales señalan que más de 20,000 delitos sexuales se denuncian al año en México, y casi la mitad de ellos tienen como víctimas a menores. Sin embargo, especialistas afirman que la cifra real podría ser hasta siete veces mayor, por el miedo a denunciar o por la protección institucional a los agresores.
Finalmente, Ortega Máynez enfatizó que esta iniciativa no solo responde a una demanda jurídica, sino a un compromiso con la justicia social.
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