Por: Luis Carlos Carrasco Martel
El artero crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea se hunde cada vez más en serios cuestionamientos, la indolencia y la opacidad de las autoridades para resolver el cobarde asesinato. No solo se limita al desinterés de dar con los asesinos intelectuales de la periodista. Se trata de un acto aberrante de impunidad y corrupción, pues se han visto involucrado actores políticos muy cercanos al gobierno del estado de extracción panista.
Sobre el trágico atentado, nos preguntamos: ¿cuánto tiempo habremos de esperar a que exista voluntad política para resolver el caso?. De muchos es conocido, que es el mismo mandatario estatal quien establece ataques a la libertad de expresión en su fallida guerra institucional en contra de medios locales que no satisfacen su ególatra figura. Muy distante la democracia que tanto pregona.
Aun en escenarios de auténtica supervivencia, la justicia es un derecho, así debe de ser el ejercer nuestro del trabajo con plena libertad, sin limitantes más allá de los que la ética profesional nos exige. Es el Estado quien debiera garantizar la protección a nuestra integridad física, pero la realidad aniquila la humilde forma de pensar de quienes ven en la libertad de expresión una forma de lucha contra un sistema en todo momento opresor, establece condicionantes para ejercer la actividad periodística.
Hasta ahora el gremio periodístico, faccioso en su accionar, solo lamentos se perciben, cuando debieran ser voces indignadas, todos dispuestos a no callar al momento de exigir ni un periodista más. Debemos estar conscientes en esta actividad, de que tenemos una responsabilidad social, y debemos pensar en que éste estado de cosas cambie. Sabemos que en Chihuahua, muchas cosas, están dominadas por el crimen organizado y ser periodista, significa, ser un corresponsal de guerra en forma permanente como en muchos otros.
Es una profesión de alto riesgo, pero el silencio no es opcional, menos el tratar de seguir replegándose en un periodismo de corte oficialista donde el poder corruptor permea principios básicos de quien debiera ejercer estoico esta loable profesión.
La muerte de Miroslava Breach y el exilio de la compañera Patricia Mayorga es la respuesta de un gobierno del estado insensible, incapaz de garantizar la libertad de expresión frente a una violencia endémica que acecha en cada momento, en cada rincón. Obliga por miedo o complacencia a los gobiernos congraciarse con el crimen organizado, como sucedió, se dice, con el ex alcalde de Chinipas, Hugo Schultz, quien al margen de la ley, puso en peligro de muerte a Miroslava, cuando su obligación era denunciar los hechos a la autoridad correspondiente si en algún momento vio en peligro su integridad física.
El dolor de la ausencia de nuestros compañeros caídos, exige justicia frente a la indolencia gubernamental, renuente a escuchar, cómo la narco política permea, no solo la región serrana del estado. Es un problema que rebasa desplazamientos obligados de personas que huyen por miedo de ser víctimas de una violencia que desgraciadamente cubre por completo al estado más grande de México.
TIMING POLÍTICO.
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