Narcotráfico y sociedad: la generación perdida

Por: Javier Cruz Aguirre

A causa de la violencia estamos frente a una generación entera de mexicanos que se han perdido para el buen futuro del país. ¿Hacia dónde se dirige nuestro país en medio de este panorama desolador?

En la vorágine de asesinatos que de una forma u otra se ligan con el crimen organizado, apocalipsis del ciudadano común que cae abatido ante la indiferencia, la complicidad y la ineptitud del Estado mexicano, se ha extraviado un hecho que fue, sin duda, el parteaguas en la demencial operatividad de los sicarios: la matanza de 19 personas integrantes de cuatro familias en el Rancho El Rodeo, Ensenada, Baja California, la madrugada del 17 de septiembre de 1998.

Para quienes fuimos testigos de la despiadada ejecución, al amparo de una profesión que por momentos agobia al enfrentar los alcances inagotables de la estupidez humana, lo inmediato fue deducir que a partir de ese momento cambiaría la narrativa histórica del narcotráfico porque se había roto el código de honor entre los capos:

No meterse con los familiares de cada grupo delictivo;

Evitar al máximo las bajas colaterales de civiles inocentes en su disputa por la supremacía de los negocios.

Ese día fueron acribillados, tirados en el suelo, boca abajo y suplicando por sus vidas, 19 personas que integraban las familias Castro, Flores, Tovar y Altamirano. Diez de las víctimas eran menores edades que oscilaban entre los 2 a los 17 años. Nueve eran mujeres, una de ellas embarazada.

Y de quienes sobrevivieron al momento de la agresión – dos menores: una adolescente de 16 y un niño de 12 –, hoy no se tiene la más mínima noticia.

Los fiscales de la federación y el estado manifestaron que, para dar seguridad a los únicos testigos presenciales de los hechos, fueron reubicados con familiares en sitios que no compartieron con la prensa.

Sin embargo, para los que tuvimos la oportunidad de consultar y estudiar el voluminoso expediente del caso, un año después de la masacre, cobró fuerza la hipótesis de que los asesinos intelectuales eran protegidos por quienes encabezaban las investigaciones ministeriales.

Las declaraciones de los dos menores eran precisas, congruentes entre ellas, claras, contundentes al describir y reproducir lo que hicieron y dijeron los sicarios en las casi tres horas que estuvieron en el rancho la madrugada del 17 de septiembre.

De seguir la lógica de una investigación científicamente sustentada en los valiosos testimonios de los únicos que salvaron la vida –la adolescente logró perdurar a los disparos hechos a bocajarro y el niño se escondió en un closet–, los agentes representantes de justicia y su policía podían fácilmente detener a quiénes enviaron a los homicidas, pero la Procuraduría General de la República que dirigía entonces Jorge Madrazo Cuellar en el gobierno de Ernesto Zedillo, simplemente las ignoró y una vez más el manto de la impunidad se impuso, con graves consecuencias para la sociedad civil.

En ese sentido, me concentro en el alto costo que ha pagado la población civil –luego de El Rodeo y la Guerra de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra el narcotráfico –en dos de sus sectores más vulnerables: la niñez y la adolescencia.

En abril pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) que integran 75 organizaciones civiles, informó que, de acuerdo con una investigación hecha en las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde diciembre del 2006 al primer trimestre del 2019 se habían registrado 16 mil 759 muertes por homicidio de menores de edad, todas ellas vinculadas con la guerra contra el narco y las disputas en el crimen organizado.

Tan solo en el primer trimestre de 2019 se registraron 285 homicidios dolosos contra menores de edad –un promedio de algo más de tres casos al día, una cifra que aumentó de manera exponencial en el periodo de la investigación de la red.

Y la forma de sus muertes cambió de ser víctimas colaterales entre 2007 a 2009 –balas perdidas en combates entre grupos criminales o grupos criminales y fuerzas del Estado–, a blancos específicamente dirigidos contra los infantes y adolescentes a partir del 2010, producto de las venganzas a las cuales hoy se suman trágicamente las mujeres.

Hace unos días Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de la organización no gubernamental Save the Children México, dijo a BBC Mundo que, en este escenario de persecución, acoso y muerte, “los niños (en nuestro país) están en un entorno hostil donde las relaciones que tienen en sus comunidades, escuelas y hogares están cargadas de violencia. Eso impacta en su salud física, pero también mental”.

Sufren, afirmó, “estrés tóxico” que definió como “un sometimiento permanente a contextos violentos y que deriva en ansiedad, miedo constante, estrés postraumático” y que puede tener también impacto en el desarrollo académico e incluso abandono escolar.

A causa de la violencia estamos frente a una generación entera de mexicanos que se han perdido para el buen futuro del país. Una enfermedad letal que hace unos días asesinó a siete menores de las familias LeBaron y Langford, y a siete más dejó profundas huellas traumáticas que marcaran el resto de su existencia, en un caso que motivó esta cavilación.

¿Hacia dónde se dirige nuestro país en medio de este panorama desolador? ¿Tenemos alternativas reales para cambiarlo?

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.

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