POR: REDACCIÓN.
Brindarán 30 días naturales para dar cumplimiento a esta obligación
CD. JUÁREZ, CHIH.- De los mil 620 servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial anual en septiembre y octubre, 43 de ellos no cumplieron con su obligación y por ello recibirán una sanción pecuniaria del 50 por ciento de sus percepciones salariales correspondientes a 30 días, dio a conocer la contralora Patricia Salinas Vega.
Explicó que estos 43 servidores públicos recibirán la multa esta misma semana y una vez notificados contarán con 30 días naturales adicionales para acudir a la Dirección de Contraloría Fiscal y Auditoría Interna, donde deberán presentar su declaración anual de manera urgente o de lo contrario causarán baja del Municipio.
Destacó que tanto el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, y todos los funcionarios de primer nivel cumplieron de manera oportuna con la obligación, en la cual también fueron requeridos los jefes de departamento, coordinadores, cajeros y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros.
La funcionaria explicó que a través de la Dirección de Contraloría Fiscal y Auditoría Interna, notificaron a mil 620 sujetos obligados para que presentarán su declaración del 1 al 30 de septiembre, de ellos 185 no acudieron a tiempo.
Señaló que durante los primeros 10 días de octubre enviaron 185 amonestaciones a los servidores públicos que no atendieron esta solicitud, dándoles a conocer la urgencia de presentarse a rendir el informe patrimonial en los siguientes 30 días naturales a partir de la amonestación, o de lo contrario se harían acreedores a la sanción pecuniaria de hasta el 50 por ciento de sus percepciones salariales.
Al finalizar el plazo, la Contraloría detectó a los 43 servidores públicos que no han presentado el informe, destacó.
Justificado en los artículos del 92 al 98 del Condigo Municipal para el Estado de Chihuahua, una vez al año los servidores públicos que manejan recursos públicos y humanos deben declarar sus bienes, con la intención de detectar y sancionar posibles actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Este año 2017 la participación de sujetos obligados fue mayor a la registrada en administraciones anteriores, por ello la funcionaria destacó el compromiso de los servidores públicos que integran la Administración Independiente por realizar un trabajo honesto y transparente.
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