
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján
POR REDACCION.
Lo anterior, derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xóchitl Gálvez el 18 de julio, tras hacerse públicos los contratos de sus empresas.
CIUDAD DE MEXICO.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, externó su preocupación ante la actitud del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa por extralimitarse en sus facultades, quien aprovechándose de un amparo tomó decisiones que violentan la libertad de expresión del presidente de México y afectan a la democracia.
Durante su intervención en la conferencia matutina encabezada por el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, la responsable de la política interior aseguró que se presentarán los recursos necesarios y detalló que el juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones “con malicia efectiva” y difundirlas a través de las cuentas de redes sociales oficiales.
Lo anterior, derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xóchitl Gálvez el 18 de julio, tras hacerse públicos los contratos de sus empresas.
La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir “cualquier discurso de odio hacia la quejosa”, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular en las Conferencias Matutinas correspondientes a los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio, abundó.
De manera simultánea –explicó– el juez le ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal y, bancaria de las empresas propiedad de quien promovió el amparo.
No es la primera vez que este juez de Distrito en Materia Administrativa toma decisiones para efectos de suspensiones. Entre los antecedentes Luisa María Alcalde mencionó la interrupción del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024.
Además, suspendió el programa piloto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023; también detuvo la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos; otorgó la suspensión a la medida que evitaba fumar en los restaurantes y había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra.
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