Por: Jesús Ávila Ventura.
A los concesionarios de transporte hay que tratarlos como a los huachicoleros.
Los concesionarios del mal llamado transporte público no quitan el dedo del renglón y siguen presionando al Gobierno del Estado para que les autorice un nuevo incremento a las tarifas. Pero lo preocupante no es esta petición, sino el hecho que la autoridad esté contemplando el autorizar este aumento, pese a que los transportistas han incumplido una y otra vez la promesa de modernizar sus unidades.
En un pasado artículo que escribí, recalqué que el Gobierno del Estado no puede pecar de ingenuo o convertirse en cómplice de los transportistas. Ingenuo, si autoriza el incremento en base a la firma de un enésimo convenio de modernización; o cómplice, si lo autoriza por conveniencia política, ya que de sobra saben que no modernizaran los camiones, pero así ellos no correarán con el costo político de una protesta transportista si les niegan el aumento.
Entonces, ¿qué debe de hacer el Gobierno del Estado? Pues aplicar el plan anti huachicoleo del presidente López Obrador para acabar con el robo de la gasolina y la red de corrupción que existe en Pemex; pero aplicado a los concesionarios de transporte.
Me explico. AMLO, para atacar el saqueo de combustible, tomó la decisión drástica de cerrar los ductos de PEMEX y ordenó el monitoreo y vigilancia de varios puntos estratégicos de distribución de la gasolina, lo cual trajo como consecuencia el desabasto de este combustible en varios estados.
Sin duda, esta acción causó molestias y el enojo de los automovilistas en un principio, pero el Gobierno Federal implementó un operativo emergente de distribución a través de pipas propias y privadas con lo cual está siendo frente a este desabasto, y conforme transcurrieron los días, este encono ha disminuido y hasta han aparecido muestras de apoyo a esa acción contra los huachicoleros.
Pues bien, si tomamos en cuenta que la palabra huachicol tiene varias acepciones como la de «dar gato por liebre», y la Academia Mexicana de la Lengua explica en su Diccionario de Mexicanismos que, además de ser un apodo para “forastero”, otra de sus acepciones en la región sureste -donde habitan los mayas- es la de “ladrón”; entonces también se le puede dar este calificativo a los concesionarios, ya que con sus chatarras de camiones tipo escolar nos quieren cobrar como si trajeran unidades modernas propias para brindar el servicio de transporte público.
En ese entendido, el Gobierno del Estado debe advertirle a los concesionarios que primero deben adquirir camiones nuevos y, solo hasta entonces, se les autorizará el aumento de tarifas. En caso de no acceder y amenazar a la autoridad con una serie de acciones de protesta, que incluyeran la suspensión del servicio de transporte al ciudadano, entonces es ahí donde el Gobernador Javier Corral debe aplicar “el plan anti huachicoleo” y empezar a cancelar las concesiones de todos aquellos que afecten los intereses de la sociedad.
Sin duda esas acciones drásticas ocasionaran al principio un trastorno de movilidad a los ciudadanos, pero si el Estado se previene con transportes alternativos y la sociedad apoya esta acción coordinándose con sus vecinos para trasladar a sus vecinos, amigos y familiares, este problema de falta de transporte se puede aminorar.
Mientras, en ese lapso, la autoridad estatal puede iniciar un proceso de otorgamiento de nuevas concesiones de transporte a empresarios que sean serios y que estén interesados en invertir en este rubro, el cual es muy redituable si se maneja con honestidad y viendo siempre por la satisfacción de sus miles de pasajeros que utiliza los camiones a diario para ir a sus trabajos, escuelas y diversiones.
La otra opción es que el Gobierno Estado intervenga directamente en el manejo del transporte público, si se toma en cuenta que éste es un servicio estratégico y un deber de la autoridad de ver por el bienestar de sus gobernados. Insisto, bien manejado, el transporte puede ser autosustentable y la autoridad quedaría libre de los chantajes políticos de los seudo líderes transportistas.
Y concluyo con el mismo sentimiento ciudadano que expresé en mi pasada colaboración editorial…Señores del Gobierno del Estado, ¡ya es hora de que sean ustedes los que ejerzan el control, no ellos!; y la manera de hacerlo es aplicárselas a la inversa: primero realicen una completa modernización y luego viene el aumento. No hay de otra, señores funcionarios.
TIMING POLÍTICO.
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