Migración entre la libertad y el caos

MARTES 26 NOVIEMBRE 2024

La reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha puesto nuevamente en el centro de atención su política migratoria, un eje que no solo definió su primer mandato, sino que ahora amenaza con profundizar las divisiones sociales y económicas tanto dentro de su país como en las regiones vecinas, particularmente en México.

Trump ha prometido endurecer las restricciones a la inmigración, implementar deportaciones masivas y desmantelar programas de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Estas acciones no solo perpetúan una visión errada de la migración como un problema, sino que generan consecuencias devastadoras que repercuten más allá de las fronteras estadounidenses, afectando profundamente a México en lo social, económico y político.

El impacto de estas políticas en México no puede subestimarse. Con millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos en situación migratoria irregular, las deportaciones masivas prometidas por Trump implican un flujo constante de retornados, personas que en muchos casos llevan décadas fuera del país y carecen de lazos familiares o redes económicas en México.

Estos individuos, al regresar forzosamente, se enfrentan a una economía que no tiene la capacidad de absorberlos, creando presiones adicionales sobre un mercado laboral ya frágil. Esta situación exacerba las tensiones sociales, aumentando la competencia por empleos y servicios públicos limitados, y genera un clima de incertidumbre tanto para las comunidades de origen como para aquellas que deben recibir a los deportados.

La insistencia en construir barreras físicas y reforzar la seguridad en la frontera refleja no solo un profundo desprecio por la realidad económica de la región, sino también una falta de comprensión de los principios que hacen posible la prosperidad. La movilidad humana ha sido, históricamente, una de las mayores fuentes de innovación y riqueza.

Al cerrar las puertas a quienes buscan oportunidades, Trump no solo limita las posibilidades de quienes emigran, sino que también priva a Estados Unidos y México de los beneficios que estos individuos pueden aportar. La migración no es un acto de agresión, sino un ejemplo de la voluntad de mejorar, de construir, de intercambiar habilidades y esfuerzos para crear algo mejor. Impedir este flujo natural de personas es, en esencia, un acto de sabotaje económico y humano.

Sin embargo, es crucial abordar una realidad incómoda pero necesaria: no todos los migrantes buscan integrarse de manera pacífica o productiva en las comunidades que los reciben. Existe una minoría que utiliza la migración como un medio para escapar de delitos que han cometido en sus países de origen o que, al llegar a su destino, cometen crímenes que afectan la seguridad de las comunidades receptoras.

Este comportamiento no solo daña la imagen de los millones de migrantes honestos que contribuyen al desarrollo de las naciones que los acogen, sino que también alimenta la narrativa restrictiva y punitiva de políticos como Trump.

Además, hay migrantes que, lejos de adaptarse a las costumbres y normas de los países que los reciben, intentan imponer sus propias ideas, religiones o tradiciones, generando tensiones culturales y sociales. La migración no debe ser un pretexto para exigir que una nación cambie su identidad o renuncie a sus principios fundamentales. Los países tienen derecho a proteger su soberanía cultural y a esperar que quienes llegan respeten sus leyes, valores y tradiciones. Forzar a una sociedad a adoptar costumbres ajenas bajo la amenaza de ser tildada de intolerante no solo es injusto, sino que también genera resentimiento y polarización.

La deportación forzada de personas que han establecido una vida productiva en los Estados Unidos sigue siendo especialmente cruel. Estas políticas no solo desarraigan a familias enteras, separando a padres de hijos y desintegrando comunidades, sino que también tratan a los individuos como si fueran meros números en una lista, sin reconocer su valor intrínseco como seres humanos.

Sin embargo, es justo señalar que quienes cometen delitos graves o abusan de la hospitalidad de los países receptores deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. La convivencia pacífica y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier proceso migratorio, y quienes atentan contra estos principios erosionan las bases mismas de la libertad y la cooperación.

Para México, las implicaciones de estas políticas van más allá de lo económico. La dependencia de las remesas, que representan una parte significativa del ingreso de muchas familias mexicanas, está en riesgo. Cada deportación es una remesa menos, un ingreso menos para las comunidades rurales y urbanas que dependen de esos recursos.

Además, la militarización de la frontera y las políticas de mano dura también afectan el comercio legítimo entre ambos países, interrumpiendo la fluidez de bienes y servicios que son esenciales para ambas economías. México no solo enfrenta la carga de recibir a los deportados, sino también las consecuencias de un sistema que está diseñado para entorpecer las relaciones comerciales y humanas entre naciones vecinas.

Lo más alarmante de estas políticas es que no están diseñadas para resolver un problema real, sino para perpetuar una narrativa política que busca dividir y polarizar. Trump ha utilizado la migración como un instrumento para alimentar el miedo y consolidar su poder. En lugar de reconocer el valor de la cooperación y el intercambio, su administración prefiere culpar a los migrantes de problemas estructurales que tienen sus raíces en las fallas de las políticas internas de Estados Unidos. Esta narrativa no solo es falsa, sino también peligrosa, porque justifica políticas inhumanas y refuerza prejuicios que perpetúan el odio y la discriminación.

México, como vecino y socio comercial de Estados Unidos, está atrapado en esta dinámica destructiva. Mientras Trump persiste en construir muros y separar familias, el país debe lidiar con las consecuencias, tanto en términos de los migrantes que regresan como del impacto económico de estas decisiones. Pero la verdadera tragedia de este enfoque no es solo el daño que causa a México o a los migrantes; es el daño que causa a los principios mismos de libertad, cooperación y dignidad humana. La migración no es un crimen, pero aquellos que la utilizan para delinquir o imponer su visión al país receptor sí deben ser considerados como un problema que no puede ser ignorado.

En última instancia, las políticas migratorias de Trump no son solo un fracaso moral, sino también un fracaso práctico. La prosperidad no se construye levantando muros ni expulsando a quienes buscan contribuir. Se construye permitiendo que las personas se muevan, trabajen y vivan en libertad, cooperando entre sí para alcanzar sus metas.

Al cerrar esas puertas, Trump no solo limita el potencial de quienes migran, sino también el de las naciones que podrían beneficiarse de su presencia. México, como vecino y socio de Estados Unidos, merece algo mejor. Y los migrantes, como individuos libres y valiosos, también. Pero quienes abusan de este derecho deben ser enfrentados con justicia, para proteger la armonía y los valores de las comunidades receptoras.

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