Trump contra la ideología de género

MARTES 28 ENERO 2025

La firma de un decreto por parte de Trump para prohibir la promoción de la ideología de género y eliminar los programas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) en el gobierno federal de Estados Unidos, ha encendido nuevamente el debate sobre el papel del Estado en cuestiones relacionadas con la identidad y la sexualidad.

Trump busca reconocer exclusivamente el binarismo biológico de hombre y mujer, basándose en una realidad biológica. Además, eliminó la financiación pública de procedimientos de transición y programas que, según su administración, han sido “despilfarradores de dinero” y cargados de ideología.

Este enfoque polariza la conversación: ¿dónde termina la libertad individual y dónde comienza la imposición estatal? Más allá de las fronteras estadounidenses, el caso mexicano también refleja cómo estas políticas han permeado en la educación y el uso de recursos públicos, enfrentando posturas críticas desde diversas perspectivas.

En México, el Estado ha decidido introducir la conversación sobre la diversidad sexual y de género en las aulas de primaria. En el libro de texto de tercer año, llamado “Proyectos de aula”, hay un apartado de 12 páginas titulado “Niños y niñas contra los estereotipos de género”. ¿Es necesario y correcto que niños de tercer año traten temas de estereotipos de género?

Según datos del INEGI, el 5.1% de la población de 15 años y más en el país se identifica como LGBTI+. La recopilación de estas cifras se presenta como una herramienta para “desarrollar estrategias de inclusión” y visibilizar a este sector de la población.

Sin embargo, este tipo de iniciativas gubernamentales abre un debate profundo sobre el uso de recursos públicos, la introducción de conceptos ideológicos en espacios educativos y la efectividad de estas estrategias en términos de equidad real.

El reconocimiento del binarismo biológico como una realidad fundamental es un punto crucial en esta discusión. En los libros de texto de tercer grado de primaria, se enseñan conceptos que van más allá de la biología y se centran en la idea del género como una construcción social. Estas lecciones afirman que los roles de género son asignados por la sociedad y que los estereotipos de género generan prejuicios.

Aunque es válido explorar estas ideas en el contexto de una discusión abierta, surge la pregunta de si es apropiado hacerlo a edades tan tempranas, cuando los niños aún están formando su comprensión básica del mundo.

El uso de recursos públicos para promover la inclusión a través de programas específicos también es motivo de análisis. Aunque es importante garantizar el respeto y la equidad para todos los ciudadanos, el enfoque estatal muchas veces prioriza la creación de programas burocráticos que redistribuyen los recursos de manera arbitraria.

En lugar de permitir que las iniciativas de inclusión surjan de la sociedad civil o del sector privado, el Estado centraliza y politiza estas decisiones, ignorando las necesidades reales de otras áreas críticas como la infraestructura educativa básica o la capacitación docente.

¿Realmente es justo utilizar dinero de los contribuyentes para financiar programas que muchos podrían considerar ideológicos, en lugar de canalizar esos recursos hacia mejorar la calidad de la educación en general?

La imposición ideológica también genera tensiones en el ámbito de la libertad de asociación. Introducir actividades obligatorias en las aulas, como las que aparecen en los libros de texto, donde los niños deben reflexionar sobre las prendas o actividades que les gustaría realizar fuera de los roles tradicionales de género, implica que el Estado está moldeando las percepciones de los menores en una dirección específica.

Aunque estas actividades se justifican en nombre de la inclusión, también limitan la capacidad de las familias para decidir qué valores desean inculcar en sus hijos. Este tipo de imposición contradice los principios de una sociedad verdaderamente plural y libre, donde las personas y comunidades pueden abordar estos temas según sus propios criterios.

El mercado y la sociedad civil podrían desempeñar un rol más eficaz y menos coercitivo en la promoción del respeto y la equidad. En un entorno libre, las empresas, escuelas privadas y organizaciones comunitarias pueden decidir cómo abordan la diversidad de género sin la presión de cumplir con un currículum impuesto por el gobierno.

La competencia entre estas entidades fomentaría enfoques más creativos y efectivos, respetando al mismo tiempo las diferencias culturales y regionales. Sin embargo, la centralización estatal bloquea estas alternativas, consolidando un monopolio educativo que impide que las familias elijan un modelo que se alinee con sus valores.

Otro desafío importante es la ambigüedad en el enfoque educativo. Los libros de texto abordan temas como la construcción social del género y esta ambigüedad puede confundir a los estudiantes, que aún están desarrollando habilidades cognitivas y emocionales para comprender estos conceptos.

Además, el tiempo dedicado a estas actividades podría usarse para reforzar materias fundamentales, como matemáticas o idiomas, que preparan a los niños para un mercado laboral competitivo.

En este caso, el gobierno mexicano está utilizando las aulas para promover una visión específica sobre género e identidad. Esto contradice los principios de neutralidad estatal, que deberían garantizar que ningún grupo ideológico o político utilice las instituciones públicas para imponer su agenda.

Entonces, surge la cuestión de si es necesario enseñar sobre roles de género a niños de tercer grado. Aunque algunos argumentan que estas lecciones promueven la aceptación y la empatía, también es válido cuestionar si los niños de esta edad están listos para comprender las complejidades de estos debates.

¿Realmente estamos preparando a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos del mundo moderno o estamos moldeándolos bajo los intereses políticos de turno? La respuesta podría definir el rumbo de nuestra sociedad.

La decisión de Trump de rechazar la promoción de la ideología de género y eliminar los programas DEI en el gobierno federal de Estados Unidos, aunque polémica, debe interpretarse como un paso hacia la despolitización de la identidad individual.

En una sociedad verdaderamente libre, las cuestiones relacionadas con la sexualidad y la identidad de género deben resolverse en el ámbito privado, a través del diálogo personal, la acción voluntaria y la cooperación dentro de la comunidad.

La libertad individual es el principio esencial que debe guiar cualquier discusión sobre género o identidad. Las personas tienen el derecho a decidir cómo vivir, cómo identificarse y cómo relacionarse, siempre y cuando no violen los derechos de otros. Este principio no necesita de ideologías colectivas ni de programas gubernamentales para evolucionar; necesita espacio para que cada uno tome sus propias decisiones.

El problema con las políticas actuales no es solo su falta de efectividad, sino que parten de la premisa errónea de que el Estado es el árbitro de valores sociales. El Estado no tiene por qué dictar quiénes somos, cómo nos identificamos ni qué valores debemos adoptar. Esa es una decisión personal, intransferible y ajena a cualquier ideología colectiva.

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