SABADO 10 MAYO 2025
POR JACK RO
La discusión sobre la reforma del artículo 109 de la Constitución mexicana ha generado preocupación por sus posibles implicaciones en la libertad de expresión. La propuesta otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales sin criterios claros sobre su aplicación. Ante el debate público, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la necesidad de modificar o eliminar dicho artículo para evitar interpretaciones que sugieran censura.
El periodismo es un pilar fundamental de la sociedad, ya que permite comprender el entorno y tomar decisiones con información verificada. Sin embargo, los intereses políticos y económicos pueden influir en la manera en que la realidad es presentada al público. Por ello, es crucial garantizar la claridad en la información, alejarse del sensacionalismo y la especulación, y priorizar la investigación rigurosa y la verificación de datos.
En este contexto, la discusión sobre la reforma del artículo 109 se ha vuelto relevante. La ambigüedad de la medida ha llevado a críticas y a la necesidad de aclarar sus alcances para evitar que se convierta en un instrumento de censura. La presidenta Sheinbaum ha reconocido estas preocupaciones y ha planteado la posibilidad de eliminar el artículo por completo.
La oposición a esta reforma parece estar motivada por inquietudes sobre sus posibles restricciones a la libertad de expresión y el control sobre plataformas digitales. La falta de especificidad en los criterios para el bloqueo de contenidos ha generado un debate en el ámbito de las telecomunicaciones, con sectores advirtiendo el riesgo de que esta disposición sea utilizada para limitar el acceso a información incómoda para el gobierno.
En contraste, un periodismo basado en evidencia y métodos científicos no solo fortalece el conocimiento de la sociedad, sino que también combate la desinformación y los intereses ocultos que pueden distorsionar la realidad. Alejarse del sensacionalismo y la especulación es clave para una comunicación que realmente aporte valor, en lugar de ser un instrumento de manipulación.
Cuando los medios y periodistas priorizan la investigación seria y la verificación de datos, la sociedad se beneficia con una visión más precisa y fundamentada. Mantenerse informado es un derecho, pero también una responsabilidad que exige discernimiento entre información objetiva y narrativas engañosas.
Para fortalecer el periodismo y garantizar su compromiso con la verdad, resulta esencial establecer un marco normativo de ética periodística con un enfoque pedagógico, fundamentado en la educación ciudadana, la filosofía y la psicología. Este enfoque fomentaría el diálogo, el análisis crítico y el pensamiento progresista, promoviendo una comunicación más clara y libre de manipulaciones. Su implementación implicaría definir estándares claros sobre el manejo de la información y fortalecer la educación mediática para que las personas puedan diferenciar entre periodismo responsable y desinformación.
El debate sobre la reforma del artículo 109 refleja la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión en la era digital, evitando medidas ambiguas que puedan convertirse en mecanismos de control gubernamental. En paralelo, fortalecer un periodismo basado en evidencia y ética es clave para una sociedad informada, capaz de exigir transparencia y participar activamente en los asuntos públicos. Un marco normativo claro, acompañado de educación mediática y análisis crítico, permitiría consolidar un entorno democrático donde el derecho a la información se preserve sin restricciones arbitrarias.
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