JUEVES 10 JULIO 2025
No dejamos de asombrarnos. Justo cuando pensábamos que ya no podía irnos peor, surgen hechos inesperados que nos obligan a reflexionar nuevamente sobre todo lo que no funciona bien. A pesar de ciertos avances —ya sean tecnológicos o de otro tipo—, de pronto nos encontramos con algo inédito, profundamente desgarrador y triste: cuerpos sin sepultar almacenados en un crematorio de Ciudad Juárez, y la entrega de restos humanos que no correspondían a quienes se decía.
A finales de junio y principios de julio de 2025, esta noticia ha vuelto a colocar a Ciudad Juárez en el foco mundial. Esto evidencia una grave falla por parte de las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de cremación y manejo de restos humanos. Algo salió muy mal.
Las investigaciones están en curso, y es el Gobierno del Estado de Chihuahua quien lleva a cabo el proceso, dado que tiene la facultad de regular la operación de funerarias y los procedimientos de sepultura, ya sea por inhumación o cremación.
La ciudadanía está en estado de shock, especialmente los familiares de las personas fallecidas, cuyos cuerpos, se suponía, fueron incinerados y entregados en forma de cenizas. Muchos realizaron ceremonias fúnebres, se despidieron con dignidad y profundo dolor. Hoy ese dolor se multiplica al saber que no solo no se cremaron los cuerpos como se les había asegurado —y por lo cual pagaron en distintas funerarias—, sino que estos se encontraban almacenados en condiciones insalubres, en una absoluta falta de respeto por la dignidad de los difuntos.
A lo largo de los días han surgido diversas versiones e información sobre los avances de la investigación. La diputada de Morena, Jael Argüelles, señaló que María Eugenia Galván —madre de la gobernadora Maru Campos— estaba al frente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) cuando se habría otorgado el permiso para operar al crematorio actualmente señalado por irregularidades en Ciudad Juárez. Ante esta información, es válido desconfiar del rumbo que tome la investigación, ya que hasta el momento no se ha señalado oficialmente a la exfuncionaria ni se ha profundizado en su posible responsabilidad.
Cabe recordar que las dos últimas administraciones estatales, desde 2016 hasta 2025, han sido encabezadas por el PAN. Por ello, la ciudadanía espera que no haya omisiones y que se procese a quien resulte responsable, sin importar su filiación política. En el caso de Galván, además de ser panista, es madre de la actual gobernadora, lo que hace aún más urgente un proceso transparente.
Lo que la ciudadanía exige es justicia. Que se castigue a quienes actuaron indebidamente, que se llegue hasta las últimas consecuencias. De momento hay dos personas detenidas, entre ellas un familiar de una de las familias más influyentes del estado y que uno de sus miembros, es también panista Pablo Cuarón. Ojalá que, a pesar de sus vínculos familiares, se aplique la ley con firmeza y sin privilegios.
Deben sancionarse todos los delitos cometidos: desde la autorización indebida a los crematorios, la falta de supervisión en su funcionamiento, hasta la entrega de cenizas falsas a los familiares, pues ya se ha demostrado que en varios casos los restos no pertenecían a los seres queridos fallecidos, sino incluso a animales y de otra índole.
No se trata de minimizar el asunto ni de esperar a que se enfríe con el paso del tiempo. La ciudadanía juarense necesita respuestas, tanto quienes fueron directamente afectados como nosotros, los ciudadanos de a pie, que simplemente exigimos que las autoridades cumplan su función. La ineficiencia y la corrupción han destruido lo poco que quedaba de confianza en las instituciones. Si es que alguna vez la hubo.
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