SABADO 2 AGOSTO 2025
POR JACK RO
El periodismo contemporáneo se configura como una herramienta jurídica esencial frente a las dinámicas especulativas de la comunicación mediática de corte neoliberal, caracterizadas por su desvinculación del debido proceso judicial.
¿Cuál es el propósito del periodismo contemporáneo que reivindica los objetivos institucionales y programáticos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum?
En contraste con el periodismo de la vieja guardia —caracterizado por la especulación y la difusión de “dimes y diretes”— se vislumbra un cambio paradigmático en el papel que juegan los medios en el ejercicio democrático.
Aquel periodismo tradicional, aunque emitido públicamente, adquiría una aparente legitimidad jurídica sin contar con un proceso judicial formal.
En muchos casos, las afirmaciones no derivaban en denuncias legales, por lo que no constituían objeto de proceso.
Esto puede interpretarse como un fenómeno de complicidad inducida o, en su defecto, como una forma de inmadurez comunicativa.
Este mecanismo es reproducido por el periodismo neoliberal, cuya práctica se centraba en generar escándalos mediáticos —auténticas “bombas de contaminación”— sin pruebas fehacientes ni juicios legítimos, sustentados más en prejuicios de cantina y rumorología de lavadero que en evidencia jurídica sólida.
En esta dinámica, la denuncia formal se sustituía por narrativas especulativas que no obedecían a principios de legalidad ni de debido proceso.
Frente a esto, las circunstancias del nuevo Estado, bajo una política que se orienta al rigor jurídico y científico, revierte y repela estas prácticas inoperantes, al considerarlas inapropiadas para una jurisprudencia calificada.
Toda determinación judicial —incluida la apelación— debe construirse sobre fundamentos verificables, no sobre ambigüedades narrativas ni sobre comunicados públicos que carecen de proceso jurídico sustantivo.
La pedagogía jurídica, a partir del principio constitucional de legalidad, establece que el Estado de Derecho también se ejerce en la regulación de la comunicación social e interpersonal.
Tanto en el ámbito individual como en el colectivo, la conducta comunicacional debe responder a criterios de racionalidad, claridad de lo juzgado, y no a la ambigüedad del prejuicio ni la proyección emocional de la declaración.
En este sentido, el daño moral y el perjuicio a terceros surgen cuando no existe reglamentación comunicativa adecuada, y cuando la fantasía o la intriga sustituyen el análisis empírico verificable.
Esto deriva en politiquería, que degrada el debate público y desvirtúa el puente necesario entre ciudadanía, Estado y sistema de justicia.
El ciudadano, como sujeto de derechos y deberes, tiene responsabilidad jurídica en su vínculo comunicativo con el Estado.
Una denuncia, para ser procesada, debe cumplir con elementos vinculatorios, presentarse ante autoridad competente, y basarse en prueba suficiente.
Lo contrario conduce a la judicialización de la especulación y al debilitamiento del Estado de Derecho como garante de justicia.
El periodismo actual ha evolucionado transformándose para plantear una crítica estructural al papel del periodismo neoliberal frente a las exigencias del Estado de Derecho.
Se articula una defensa del periodismo moderno como instrumento jurídico y comunicativo que debe operar bajo criterios de racionalidad, legalidad y evidencia, en lugar de prácticas especulativas, difamatorias o ideológicamente manipuladas.
Mediante un contraste entre el “periodismo de la vieja guardia” y el enfoque actual, se señala cómo la emisión de información sin respaldo jurídico —aunque pública— no constituye legalmente una denuncia ni un proceso de justicia.
Esa carencia de rigor derivó históricamente en un tipo de comunicación que fomentaba la desinformación, los prejuicios morales y los daños colaterales, sin ninguna consecuencia judicial directa.
Advertimos que el nuevo enfoque del Estado, representado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca erradicar dichas prácticas mediante el fortalecimiento institucional y la pedagogía jurídica aplicada a la comunicación política.
Así, el periodismo no solo informa: se configura como un vehículo de responsabilidad social que, al operar con transparencia, evita caer en la politiquería y promueve la justicia.
El texto defiende la transformación del periodismo en una herramienta clave del Estado de Derecho, capaz de acompañar los procesos democráticos mediante información verificable y jurídicamente válida.
La denuncia debe ser formal, vinculante y sustentada en pruebas, y no basada en narrativas especulativas que perjudiquen a personas o a instituciones.
Ante esta perspectiva, se propone que el ciudadano no solo consuma información, sino que comprenda la responsabilidad que implica su comunicación con el Estado.
La era del rumor como forma de justicia debe ceder ante un periodismo comprometido con la legalidad, la veracidad y el bienestar colectivo.
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