DOMINGO 21 DICIEMBRE 2025
La ausencia de Roxana Díaz en la votación del presupuesto 2026 favoreció al gobierno de Maru Campos y desató sospechas de soborno. Sus justificaciones personales fueron vistas como evasivas, generando crisis de legitimidad, fractura en Morena y pérdida de confianza ciudadana.
POR JACK RO
El 16 de diciembre de 2025, durante la votación del Paquete Económico 2026 en el Congreso de Chihuahua, las diputadas Rosana Díaz y Edith Palma de Morena se ausentaron. Esto permitió la aprobación del decreto de fortalecimiento financiero del gobierno estatal, que incluye deuda a largo plazo y un aumento significativo al presupuesto de la oficina de la gobernadora Maru Campos.
La ausencia dividió a la bancada morenista y escaló hasta la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que analiza la posible expulsión de Díaz.
Díaz justificó su salida con argumentos como problemas familiares, falta de batería en su celular y una estancia en el baño, lo que fue percibido como explicaciones poco serias frente a la gravedad del dictamen.
Su ausencia en el momento decisivo permitió la aprobación de un dictamen que favoreció al gobierno de Maru Campos, pese a la oposición de su propio partido.
Han sido percibidas como insuficientes y hasta infantiles frente a la responsabilidad institucional que le correspondía. El dictamen en cuestión comprometía el presupuesto estatal y abría la puerta a un endeudamiento a largo plazo, además de fortalecer financieramente la oficina de la gobernadora.
La bancada de Morena había manifestado su desacuerdo, considerando que el proyecto beneficiaba de manera desproporcionada al Ejecutivo estatal y debilitaba la capacidad de fiscalización legislativa.
La ausencia de Díaz en la votación fue interpretada como una traición política, pues alteró el equilibrio de fuerzas y permitió que el dictamen se aprobara.
Este hecho no solo afectó la estrategia de Morena, sino que también generó un impacto directo en la percepción ciudadana sobre la seriedad y compromiso de sus representantes.
En su comunicado en Instagram, Díaz intentó justificar su ausencia apelando a motivos personales: Tales como: Emergencia familiar. Falta de batería en su celular. Estuvo en el baño durante la votación.
Esto expresó en una entrevista en un medio El Puntero textualmente dijo:
“Mi teléfono no traía pila. Yo creo que llegué un día antes a Cd. Juárez, no traje mi cargador, no cargué el teléfono y, pues, eso fue lo que pasó. Me salí al baño y allí recibí una llamada. Bueno, no lo había querido decir, pero se me murió mi perrita que tenía 19 años. Porque van a decir: ‘¿Y eso qué?, ¿eso es un invento?’. Yo salí a contestar la llamada, salí al baño, primero fui al baño y allí contesté la llamada. Allí se me descargó el teléfono.”
Desde una lectura interpretativa políticamente expresada, estas explicaciones revelan una disonancia entre el deber institucional y la narrativa privada.
El lenguaje empleado carece de la fuerza política necesaria para legitimar su acción, y más bien refuerza la percepción de evasión.
La mención de una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum aparece como un recurso defensivo, buscando respaldo externo, pero sin aportar pruebas concretas de su compromiso con la bancada.
El caso de Díaz expone la fragilidad de la disciplina interna en Morena Chihuahua. La propuesta de expulsión impulsada por Cuauhtémoc Estrada, líder de la bancada, refleja la tensión entre militancia auténtica y perfiles considerados oportunistas.
La sospecha de soborno, aunque no comprobada, se instaló en la opinión pública como hipótesis plausible, alimentada por la coincidencia entre su ausencia y el beneficio directo para el gobierno estatal.
/Este tipo de episodios contribuye a la erosión de la confianza ciudadana, pues refuerza la idea de que los representantes pueden anteponer intereses personales o económicos sobre el mandato popular.
Las justificaciones de Díaz pueden interpretarse como mecanismos de defensa frente a la presión política: Su lenguaje corporal y tono en declaraciones públicas transmiten derrota y desprestigio, lo que refuerza la percepción de que su defensa es débil.
La acusación de acoso político de género contra Cuauhtémoc Estrada puede leerse como una proyección defensiva, intentando trasladar el conflicto del ámbito institucional al personal.
Las consecuencias políticas y sociales de este penoso episodio tiene varias consecuencias: Para Morena es el debilitamiento de su cohesión interna y el cuestionamiento de sus mecanismos de selección de candidatos.
Para la sociedad chihuahuense es una pérdida de confianza en sus representantes y percepción de corrupción.
Para Roxana Díaz: riesgo de expulsión del partido, desprestigio público y eventual marginación política.
La ausencia en una votación clave se convierte en un acto definitivo, que trasciende lo individual y afecta la legitimidad del proceso democrático.
El caso de Roxana Díaz es un ejemplo de cómo las contradicciones personales y las fracturas partidistas pueden impactar directamente en la gobernabilidad regional.
Su ausencia en la votación del presupuesto estatal no solo favoreció al gobierno de Maru Campos, sino que también abrió un debate sobre la disciplina interna de Morena, la responsabilidad de los representantes y la fragilidad de la confianza ciudadana.
La reacción de la bancada, encabezada por Cuauhtémoc Estrada, al proponer su expulsión, refleja la fractura interna de Morena y la tensión entre militancia auténtica y perfiles considerados oportunistas.
Desde una perspectiva política, su discurso público revela una disonancia entre el deber institucional y la narrativa privada, el caso muestra la fragilidad de la disciplina partidista y la erosión de la confianza ciudadana.
Sus justificaciones pueden interpretarse como mecanismos de evasión frente a la presión política, reforzando la percepción de derrota y desprestigio.
El caso de Roxana Díaz simboliza una crisis de legitimidad política en Chihuahua: su ausencia en una votación clave debilitó la estrategia de Morena, favoreció al gobierno estatal y abrió un debate sobre la responsabilidad de los representantes.
Más allá de las hipótesis de soborno, el episodio evidencia cómo las contradicciones personales y las fracturas partidistas impactan directamente en la gobernabilidad y en la confianza ciudadana.
La lección es clara: el ejercicio político requiere coherencia, disciplina y transparencia. Sin estos elementos, la representación popular se convierte en un terreno vulnerable a la evasión, la sospecha y el descrédito, afectando no solo a un partido, sino a toda la sociedad que depende de sus decisiones.
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