MIERCOLES 29 ABRIL 2026
POR JACK RO
María Eugenia Campos Villagrán, gobernadora de Chihuahua, enfrenta acusaciones por permitir la intervención de la CIA y el FBI sin autorización federal, lo que vulnera la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum, Andrea Chávez y Javier Corral coinciden en exigir sanciones ejemplares.
CD. JUAREZ, CHIH.- María Eugenia Campos Villagrán, gobernadora de Chihuahua, enfrenta acusaciones por permitir la intervención de la CIA y el FBI sin autorización federal, lo que vulnera la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum, Andrea Chávez y Javier Corral coinciden en exigir sanciones ejemplares.
Por Jack Ro
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Villagrán, enfrenta acusaciones graves por haber permitido la intervención de instituciones extranjeras —entre ellas la CIA y el FBI— en territorio nacional sin autorización federal. Legisladores de Morena y otros partidos sostienen que esta decisión constituye una atribución indebida de facultades, pues excede las competencias de un gobierno estatal y vulnera la soberanía mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua constituye una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Subrayó que “la soberanía no se negocia” y que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración directa con agencias extranjeras sin autorización federal.
La senadora con licencia Andrea Chávez se convirtió en una de las voces más firmes contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Villagrán, al denunciar que su decisión de permitir la intervención de agencias extranjeras como la CIA y el FBI en operativos locales constituye una violación a la soberanía nacional y una atribución indebida de facultades.
Chávez advirtió que la gobernadora actuó “de manera descuidada y negligente”, ignorando los preceptos de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, y exigió que tanto Campos como el fiscal estatal comparezcan ante el Senado para rendir cuentas.En sus declaraciones, la senadora subrayó que Morena nunca se ha opuesto a la cooperación internacional, pero que “el respeto a la soberanía es una línea roja que nunca debe sobrepasarse”.
Además, cuestionó la imparcialidad de la investigación estatal, al señalar que la gobernadora designó a una funcionaria de su propio gabinete para encabezarla, lo que la convierte en “juez y parte”.Chávez insistió en que este caso no puede quedar sin sanción, pues de lo contrario se sentaría un precedente jurídico peligroso: cualquier mandatario podría actuar por encima de la ley y quedar exento de ser juzgado por la Constitución, debilitando el Estado de derecho y normalizando la impunidad frente a potencias extranjeras.
El exgobernador de Chihuahua y actual senador Javier Corral calificó como una grave violación a la soberanía nacional la decisión de María Eugenia Campos Villagrán de permitir la participación de agentes de la CIA y el FBI en operativos locales sin autorización federal. Señaló que la gobernadora actuó con un manejo “mentiroso y falaz”, ocultando información y cambiando versiones para encubrir la intervención extranjera.
Corral advirtió que este hecho no es una falta menor, sino una transgresión constitucional que podría derivar en sanciones por abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público e incluso delitos contra la seguridad nacional. Recordó además que Campos ya había firmado acuerdos irregulares con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para compartir datos biométricos y perseguir migrantes, lo que demuestra una tendencia a vulnerar la soberanía mexicana.
Para Corral, el caso exige una rendición de cuentas clara ante el pueblo y el Senado, pues de lo contrario se normalizaría la impunidad y se pondría en riesgo el Estado de derecho. De acuerdo con los señalamientos, Campos habría actuado por encima de la ley, ignorando los preceptos de normatividad y derecho, lo que abre la posibilidad de un juicio político y legislativo en su contra.
La problemática se agrava al considerar que la Constitución Mexicana establece límites claros en los artículos 108, 109 y 110, además de la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe expresamente la operación de agentes extranjeros sin autorización del Ejecutivo federal.
La situación adquiere mayor relevancia porque, en foros internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había marcado un límite en la cooperación con agencias extranjeras: colaboración sí, pero nunca intervención directa. Ignorar este precedente coloca al país en un escenario delicado, donde las decisiones personales de un mandatario estatal pueden invadir el espacio vital de la nación mexicana.
Juristas advierten que, si el poder judicial y legislativo no reaccionan con firmeza ante estas acusaciones, se sentará un precedente jurídico peligroso: cualquier mandatario, sin importar su rango, podría quedar exento de ser juzgado por las leyes de la Constitución, las mismas que todo ciudadano —político, empresario, obrero o estudiante— está obligado a acatar.
El caso de la gobernadora María Eugenia Campos Villagrán revela un conflicto jurídico y político de gran alcance, pues al permitir la intervención de agencias extranjeras como la CIA y el FBI en operativos locales sin autorización federal, habría incurrido en una atribución indebida de facultades y en una violación a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que “la soberanía no se negocia” y que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración directa con agencias extranjeras, mientras que la senadora Andrea Chávez denunció la actuación “descuidada y negligente” de Campos, exigiendo su comparecencia y advirtiendo que dejar el caso sin sanción abriría un precedente jurídico peligroso.
Por su parte, el exgobernador Javier Corral calificó el manejo de Campos como “mentiroso y falaz”, acusándola de encubrir la intervención extranjera y recordando antecedentes de acuerdos irregulares que ya vulneraban la legalidad. En conjunto, estas voces coinciden en que la actuación de Campos constituye una transgresión constitucional que abre la posibilidad de juicio político y sanciones penales.Si el poder judicial y legislativo no reaccionan con firmeza, se corre el riesgo de normalizar la impunidad y permitir que cualquier mandatario actúe por encima de la Constitución.
El caso exige una respuesta severa y ejemplar para reafirmar que la soberanía mexicana y el Estado de derecho son principios innegociables que deben ser defendidos sin excepción.El caso de Maru Campos se configura como un precedente jurídico e institucional de gran alcance: si el poder judicial y legislativo no actúan con firmeza, se corre el riesgo de normalizar la impunidad y permitir que cualquier mandatario estatal actúe por encima de la Constitución.
Las voces de Sheinbaum, Chávez y Corral, provenientes de distintos frentes políticos, coinciden en señalar que la gobernadora vulneró la soberanía nacional y excedió sus facultades. La conclusión es clara: este episodio exige una reacción severa y ejemplar para reafirmar que la soberanía mexicana y el Estado de derecho no pueden ser negociados ni ignorados.
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