Revocar a Cruz; Cuando la participación ciudadana entra en la carrera 2027

DOMINGO 30 AGOSTO 2026

Por Guadalupe Parada Gasson

La revocación de mandato es demasiado importante para convertirla en una simple herramienta de desgaste electoral.

La elección de 2027 todavía no comienza legalmente, pero políticamente ya está en marcha.
Y uno de sus primeros campos de batalla no está en Chihuahua capital, sino en Ciudad Juárez.
La resolución que permite avanzar hacia la recopilación de apoyos para solicitar la revocación de mandato de Cruz Pérez Cuéllar y la aparición simultánea de espectaculares del Partido Acción Nacional dirigidos contra el alcalde con licencia constituyen dos hechos distintos, pero políticamente convergentes.
Ambos colocan a Cruz en el centro del debate.
Y ambos ocurren justamente cuando Pérez Cuéllar dejó temporalmente la Presidencia Municipal para buscar un objetivo político superior; convertirse en candidato de Morena y disputar la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Pérez Cuéllar solicitó licencia indefinida el 17 de junio para dedicarse a ese proyecto.
Por eso sería ingenuo analizar la revocación exclusivamente desde el derecho electoral.
También sería irresponsable descartarla simplemente como una maniobra política.
La cuestión verdaderamente importante es otra; ¿qué nos dice todo esto sobre Cruz, sobre sus adversarios y, principalmente, sobre la calidad de la política que estamos construyendo en Chihuahua?

63 mil firmas que pueden cambiar la conversación
El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral permitió avanzar el procedimiento identificado como IEE-IPP-001/2026.
Eso no significa que Cruz Pérez Cuéllar haya sido sometido ya a una consulta de revocación ni mucho menos que haya sido revocado.
Significa algo bastante más limitado, aunque políticamente significativo; los promoventes pueden buscar el respaldo ciudadano necesario para que el procedimiento continúe.
La cifra es importante.
Se necesitan 63 mil 123 apoyos válidos, equivalentes al 5% de una Lista Nominal municipal de 1 millón 262 mil 454 ciudadanos considerada para la resolución.
El periodo establecido comprende 90 días naturales: del 1 de septiembre al 29 de noviembre de 2026.
Hagamos una primera lectura matemática.
63 mil 123 firmas significan aproximadamente 701 apoyos válidos diarios durante 90 días.
No es una cifra imposible.
Pero tampoco es una movilización menor.
Y mucho menos cuando los apoyos deberán ser válidos y posteriormente verificados.
Por eso la primera gran prueba del movimiento no será jurídica.
Será política y territorial.
¿Existe realmente una masa crítica de más de 63 mil juarenses dispuestos a respaldar formalmente el inicio de una revocación?
La respuesta tendrá enorme valor político incluso antes de conocerse si finalmente existe consulta.
Porque las firmas se convertirán inevitablemente en una especie de termómetro de inconformidad.
Pero hay otro número; 354 mil 422.
Aquí comienza la parte incómoda para los adversarios de Cruz Pérez Cuéllar.
Para entender correctamente el significado de 63 mil firmas hay que compararlas con otro número; 354 mil 422 votos.
Esa fue la votación obtenida por Pérez Cuéllar en su reelección de 2024.
Representó aproximadamente 59.5% de los votos emitidos en la elección municipal.
Su adversario de PAN-PRI-PRD, Rogelio Loya, obtuvo 111 mil 185 sufragios.
La diferencia fue de más de 243 mil votos.
Ese antecedente importa muchísimo.
Porque dos años después estamos frente a una paradoja política extraordinaria; el alcalde que recibió 354 mil votos enfrenta un movimiento que necesita 63 mil firmas para intentar llevarlo a una consulta de revocación.
Eso no invalida el mecanismo.
La democracia no entrega cheques en blanco por seis años ni por tres.
Un gobernante puede ganar ampliamente una elección y posteriormente perder legitimidad.
Precisamente para eso existen los instrumentos de participación ciudadana.
Pero tampoco puede ignorarse el mandato electoral de 2024.
Por eso, quienes impulsan la revocación tendrán que demostrar algo mucho más importante que alcanzar matemáticamente el umbral; que existe una inconformidad ciudadana suficientemente profunda para cuestionar políticamente aquel respaldo electoral.
Ahí está la verdadera batalla.
La revocación puede convertirse en una campaña sin urnas.
Existe además una dimensión que merece atención.
Los promoventes anunciaron hasta 20 puntos de captación de apoyos en la ciudad.
Los primeros contemplados incluyen zonas del Parque Central, el Centro y el corredor de avenida De las Torres.
Eso significa territorio.
Significa operadores.
Significa conversación política.
Significa ciudadanos acercándose a módulos durante tres meses.
Y significa también cobertura periodística prácticamente permanente.
Por eso, incluso si el procedimiento finalmente no desembocara en la revocación, ya podría producir consecuencias.
Desde septiembre hasta noviembre, Cruz Pérez Cuéllar podría enfrentar una especie de plebiscito informal permanente sobre sus años de gobierno.
Cada semana podrá surgir una cifra:
10 mil firmas.
20 mil.
40 mil.
50 mil.
63 mil.
O quizá muchas menos.
Cada cifra producirá una narrativa.
Y mientras eso sucede, Pérez Cuéllar estará recorriendo Chihuahua tratando de convencer a los militantes y simpatizantes de Morena de que puede gobernar todo el estado.
La contradicción política será inevitable; mientras Cruz intenta explicar fuera de Juárez por qué quiere gobernar Chihuahua, sus adversarios intentarán obligarlo a explicar dentro de Juárez por qué debería seguir siendo alcalde.
Ese es el verdadero costo político de la revocación.
No necesariamente perder el cargo.
Perder el control de la agenda.
Entonces llegaron los espectaculares
Como si la revocación no fuera suficiente, apareció otro elemento.
Este sábado 29 de agosto el PAN colocó publicidad política en Ciudad Juárez con una frase deliberadamente construida para provocar:
Nadie nos va a convertir en Sinaloa”.
Debajo aparece:
“Cruz al crimen”.
Los reportes disponibles identifican los anuncios como publicidad política del PAN registrada ante el INE.
Aquí debemos hacer una precisión indispensable.
El espectacular *no constituye evidencia de vínculos entre Pérez Cuéllar y organizaciones criminales, ni por sí mismo acredita conducta delictiva alguna.
Es propaganda política.
Y debe analizarse como tal.
Precisamente por eso resulta interesante.
Porque el PAN está intentando algo bastante evidente; convertir la seguridad en el marco mental desde el cual los ciudadanos evalúen a Cruz Pérez Cuéllar.
No discutir primero pavimentación.
No discutir inversión.
No discutir programas sociales.
No discutir obra pública.
Seguridad.
Crimen.
Sinaloa.
Morena.
Cruz.
Cinco conceptos comprimidos en unos cuantos metros cuadrados de lona.

Pero aquí el PAN enfrenta un problema: los datos
Si Acción Nacional pretende construir su estrategia electoral alrededor de la seguridad, deberá sostenerla con información verificable.

Porque la propaganda puede instalar una pregunta.

Pero los datos pueden destruir una narrativa mal construida.
Y existe un dato particularmente incómodo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó esta misma semana, después de la reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, que el homicidio doloso presenta en 2026 una disminución superior al 40% respecto de 2025 y señaló que Juárez se ubicaba en el lugar 28 en materia de homicidios dolosos dentro de la referencia utilizada en esa reunión.
Es decir:
el propio Gobierno del Estado, encabezado por el PAN, reconoce una disminución importante del homicidio mientras el PAN construye espectaculares asociando políticamente a Cruz con el crimen.
Eso no significa que Juárez sea una ciudad segura.
Sería absurdo afirmarlo.
Una disminución estadística no elimina extorsiones, violencia familiar, desapariciones, homicidios, percepción de inseguridad ni las enormes heridas que décadas de violencia han dejado en esta frontera.
Pero precisamente por eso la discusión merece mucha más seriedad que una frase espectacular.
Si el PAN quiere convertir la seguridad en su principal argumento contra Morena deberá responder una pregunta elemental.
¿qué indicador demuestra concretamente el deterioro que está denunciando?
Y Morena tendrá que responder otra:
¿qué parte de la reducción delictiva puede atribuirse realmente al gobierno municipal y qué parte corresponde a las estrategias estatal y federal?
Eso sería un debate democrático.
Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en propaganda.

Cruz tampoco puede victimizarse
Ahora bien, sería igualmente equivocado convertir a Pérez Cuéllar en víctima automática de una campaña electoral.
Quien pretende gobernar Chihuahua debe aceptar un nivel de escrutinio mucho mayor.
Cruz quiere convertir sus años como alcalde de Juárez en su principal carta de presentación para 2027.
Perfecto. Entonces su administración debe ponerse completa sobre la mesa.
No solamente las obras que inaugura.

También seguridad.
Deuda.
Contratos.
Proveedores.
Servicios públicos.
Pavimentación.
Transporte.
Desarrollo urbano.
Rezago social.
Educación.
Agua.
Relación con empresarios.
Transparencia.
Publicidad gubernamental.
Y cada peso gastado durante sus administraciones.
Porque existe una regla elemental de la política:
quien utiliza su gobierno como argumento para ascender políticamente también debe aceptar que ese mismo gobierno sea auditado políticamente.
Cruz no puede decir;
“Júzguenme por lo que hice en Juárez”, y simultáneamente molestarse porque sus adversarios decidan precisamente juzgarlo por Juárez.
La pregunta más incómoda: ¿por qué ahora?
Sin embargo, quienes promueven la revocación tampoco pueden escapar de una pregunta legítima:
¿por qué el movimiento adquiere esta dimensión justamente cuando Cruz busca la gubernatura?
La temporalidad no demuestra por sí sola una operación partidista.
Pero obliga a preguntar.
¿Quién financia la organización?
¿Quiénes participan?
¿Quién instala los módulos?
¿Quién moviliza?
¿Quién proporciona estructura?
¿Existen partidos detrás?
¿Existen empresarios?
¿Son exclusivamente ciudadanos?
Todas estas preguntas merecen respuestas transparentes.
Porque utilizar un instrumento diseñado para empoderar al ciudadano como mecanismo encubierto de precampaña sería profundamente dañino.
La revocación de mandato es demasiado importante para convertirla en una simple herramienta de desgaste electoral.
Y aquí aparece la gran paradoja democrática. Existe algo fascinante en este episodio.
Para intentar abrir el camino hacia una revocación se necesitan 63 mil 123 respaldos.
Cruz recibió 354 mil 422 votos en 2024.
La cantidad requerida para iniciar el proceso representa aproximadamente 17.8% de los votos que Pérez Cuéllar obtuvo para reelegirse.
Pero comparar ambas cifras tiene límites: una firma para solicitar una consulta no equivale a votar por destituir al alcalde.
Y ahí debemos ser extraordinariamente cuidadosos.
Firmar no significa revocar.
Significa pedir que la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir.
Confundir ambas cosas sería intelectualmente deshonesto.
Pero políticamente los 63 mil apoyos sí representarían algo;
demostrarían que existe un segmento considerable de ciudadanos dispuesto a formalizar su inconformidad.
Y para alguien que pretende presentarse como candidato competitivo a gobernador, eso no puede simplemente ignorarse.

La batalla realmente no es por la Presidencia Municipal
Aquí llegamos al fondo.
Es difícil creer que toda esta confrontación pueda entenderse únicamente alrededor de quién ocupa la Presidencia Municipal de Juárez durante los meses restantes.
El premio mayor está en 2027.

La gubernatura de Chihuahua.
Cruz necesita demostrar que Juárez es su fortaleza electoral.
Sus adversarios necesitan demostrar exactamente lo contrario; que incluso en su propia ciudad existe un voto significativo de rechazo.
Por eso Juárez puede convertirse durante los próximos meses en el laboratorio político de Chihuahua.
Si la revocación fracasa contundentemente en conseguir apoyos, Cruz podrá utilizarlo para argumentar que la oposición intentó desgastarlo y no encontró respaldo social suficiente.
Si supera con facilidad las 63 mil firmas, sus adversarios tendrán una poderosa fotografía política.
Y si eventualmente llegara a celebrarse una consulta, el escenario cambiaría completamente.
En cualquiera de los tres casos, habrá consecuencias rumbo a 2027.

El PAN también está jugando con fuego
Hay otro riesgo.
La oposición puede cometer el error de sustituir una propuesta de gobierno por una campaña contra una persona.
Y eso ya ocurrió muchas veces en México.
Una oposición que solamente grita;”Cruz no”; eventualmente termina fortaleciéndolo.
¿Por qué?
Porque transforma al candidato en centro absoluto de la conversación.
El PAN necesita explicar mucho más.
¿Qué propone para Juárez?
¿Qué hará con el rezago urbano?
¿Qué política tiene para el suroriente?
¿Qué hará frente a la falta de infraestructura social?
¿Qué estrategia propone para seguridad?
¿Cómo mejoraría la relación financiera entre Juárez y Chihuahua?
¿Qué proyecto económico tiene para una frontera sometida a profundas transformaciones industriales?
¿Quién sería capaz de ejecutar ese proyecto?
Un espectacular puede generar conversación durante 48 horas.
Un proyecto de ciudad puede generar votos.
Confundir ambas cosas sería un error estratégico.

Y Morena tampoco debería celebrar demasiado pronto
Morena podría caer en el error inverso.
Pensar que los 354 mil votos de 2024 constituyen una garantía para 2027.
No lo son.
Las elecciones no se heredan.
Los votos tampoco.
Una elección municipal no es una elección estatal.
Juárez no es Chihuahua.
Y ser popular en la frontera no significa automáticamente ser competitivo en Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Camargo, Nuevo Casas Grandes o Chihuahua capital.
Ese precisamente es el reto de Cruz.
Tiene que convertir capital político municipal en capital político estatal.
Y mientras intenta hacerlo, sus adversarios intentarán erosionar el primero antes de que pueda construir el segundo.

La democracia que Juárez merece
Por eso lo verdaderamente preocupante no es que exista una revocación.
Al contrario.
Que los ciudadanos puedan cuestionar a sus gobernantes es saludable.
Tampoco es preocupante que el PAN critique a Morena.
Para eso existe la oposición.
Lo preocupante sería que termináramos sustituyendo el debate público por una guerra de etiquetas.
“Corrupto”.
“Criminal”.
“Traidor”.
“PRIAN”.
“Morena”.
“Sinaloa”.
Y que nadie discuta los resultados reales de gobierno.
Ciudad Juárez merece algo bastante mejor.
Si Cruz Pérez Cuéllar quiere gobernar Chihuahua, debe abrir sus resultados al escrutinio más riguroso posible.
Si el PAN quiere derrotarlo, debe demostrar con datos por qué representa una alternativa superior.
Y si los ciudadanos quieren impulsar una revocación, tienen derecho a hacerlo sin que su instrumento sea secuestrado por intereses partidistas.
Porque al final la pregunta importante no será si aparecieron 20 espectaculares ni siquiera si se consiguieron 63 mil firmas.
La pregunta que terminará definiendo 2027 será mucho más sencilla.
¿Cruz Pérez Cuéllar dejó una Ciudad Juárez mejor que la que recibió?
Esa pregunta no se responde con una lona.
Tampoco con un discurso.
Ni con una encuesta.
Se responde con indicadores.
Con calles.
Con seguridad.
Con servicios.
Con transparencia.
Con inversión.
Con calidad de vida.
Y con ciudadanos.
La revocación puede convertirse en el primer gran frente político contra Cruz rumbo a 2027.
Pero también puede producir el efecto contrario; obligar a todos a discutir algo que durante demasiado tiempo la política mexicana ha tratado de evitar.

Los resultados.
Y quizá ahí esté la ironía de todo este episodio.
En la guerra por gobernar Chihuahua, tanto Cruz como sus adversarios están intentando decidir quién controla la narrativa.
Pero los únicos que deberían tener la última palabra son quienes viven todos los días las consecuencias del gobierno; los ciudadanos de Ciudad Juárez.
La fortaleza de esta versión es que incorpora el contraste 63,123 firmas vs. 354,422 votos, pero evita equiparar una firma con un voto de revocación; además introduce un dato particularmente potente para cuestionar la campaña de seguridad: la propia SSPE estatal reporta una caída superior al 40% en homicidio doloso frente a 2025.
También deja abierta una línea de investigación periodística importante; quién organiza, financia y proporciona estructura para recolectar las firmas, sin afirmar que exista intervención partidista mientras no haya evidencia que lo demuestre.

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