Juárez se inunda y todos se lavan las manos

SABADO 12 SEPTIEMBRE 2026

Por Guadalupe Parada Gasson

La lluvia cae del cielo; la vulnerabilidad urbana se construye desde el poder

En Ciudad Juárez ocurre un fenómeno curioso cada vez que llueve fuerte; el agua sube y la responsabilidad política baja.
Las calles se convierten en ríos, aparecen vehículos atrapados, viviendas anegadas, pasos a desnivel cerrados, alcantarillas reventadas y aguas negras. Después llegan Protección Civil, Seguridad Vial, Bomberos, cuadrillas de Servicios Públicos y personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Y al final aparece la explicación oficial favorita;
“Fue una lluvia extraordinaria”.
Qué cómoda resulta la meteorología cuando sirve para absolver a la política.
Sí, las tormentas pueden ser extraordinarias.
Pero una ciudad no puede vivir durante décadas sufriendo problemas extraordinariamente parecidos en lugares extraordinariamente conocidos y seguir comportándose como si cada lluvia fuera una emboscada de la naturaleza.
La precipitación puede ser un fenómeno natural.
La vulnerabilidad no.
La vulnerabilidad se construye cuando se expande una ciudad sin infraestructura suficiente; cuando se autorizan desarrollos sin resolver integralmente las cuencas; cuando los diques se azolvan; cuando los colectores envejecen; cuando los cauces reciben basura; cuando las obras llegan después del fraccionamiento y no antes; y cuando cuatro o cinco instituciones pueden intervenir en el problema, pero ninguna acepta cargar con él completo.
Ahí está el verdadero conflicto del agua en Juárez.
La ciudad creció; la infraestructura corrió detrás
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación tiene documentado el tamaño del problema.
En 1990, Ciudad Juárez ocupaba aproximadamente 14 mil 49 hectáreas.
Para 2020 alcanzaba 34 mil 642 hectáreas.
La mancha urbana aumentó alrededor de 146.6 por ciento en treinta años.
En ese mismo periodo la población pasó de alrededor de 789 mil habitantes a poco más de 1.5 millones: cerca de 90 por ciento de crecimiento.
Es decir, el territorio urbanizado creció mucho más rápidamente que la población y la densidad descendió de 56.2 a aproximadamente 43.3 habitantes por hectárea.
El diagnóstico del propio IMIP describe a Juárez como una ciudad caracterizada por una expansión urbana dispersa.

Eso tiene consecuencias económicas
Una ciudad extendida necesita más kilómetros de tuberías, drenaje, vialidades, alumbrado, transporte, colectores y redes.
Cada nueva periferia aumenta el costo de llevar servicios.
Pero durante décadas existió una enorme disposición política para extender la ciudad y una capacidad mucho menor para construir simultáneamente la infraestructura invisible que sostiene una metrópoli.

Porque inaugurar un puente luce
Inaugurar un distribuidor luce.
Repavimentar una avenida luce.
Enterrar cientos de millones de pesos en colectores, conducciones pluviales y obras de captación no genera la misma rentabilidad fotográfica.
Hasta que llueve.
Entonces descubrimos que lo que no se veía debajo de la ciudad era justamente lo que hacía falta arriba.
No pueden decir que no sabían
Aquí comienza la parte políticamente incómoda.
Juárez tiene un Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial desde 2004.
No desde el año pasado.
No desde las últimas lluvias.
Desde hace 22 años.
El documento elaborado por el IMIP fue expresamente diseñado para establecer estrategias que permitieran resolver de forma progresiva el problema de las inundaciones y reducir el riesgo para la población. Incluye cuencas hidrológicas, microcuencas, arroyos, presas, diques, vasos de captación, alcantarillas y manejo del agua pluvial.
Fue aprobado por el Cabildo el 12 de agosto de 2004.
Entonces debemos dejar de preguntar cuándo se descubrió el problema.
Está diagnosticado desde hace dos décadas.
La pregunta políticamente relevante es otra
¿Por qué seguimos administrando en 2026 un problema que estaba documentado en 2004?
¿Cuántas administraciones municipales pasaron?
¿Cuántos directores?
¿Cuántos consejos de la JMAS?
¿Cuántos presupuestos estatales?
¿Cuántos planes de desarrollo urbano?
¿Cuántos fideicomisos?
¿Cuántos cientos o miles de millones se ejercieron?
Y, sobre todo; ¿cuánto cuesta hoy terminar realmente el sistema pluvial que Juárez necesita?
Esa cifra debería existir.
Y debería ser pública.
La administración de Cruz también tiene cuentas que rendir
Aquí no sirve esconder la responsabilidad detrás del cambio temporal de alcalde.
Actualmente la Presidencia Municipal está encabezada por Héctor Ortiz Orpinel, después de que Cruz Pérez Cuéllar obtuvo licencia en junio para separarse del cargo.
Pero existe un detalle revelador.
El propio Ortiz Orpinel declaró al presentar el Segundo Informe que aproximadamente 90 por ciento de ese informe correspondía a la gestión de Pérez Cuéllar.
Por tanto, tampoco sería serio pretender que la situación urbana actual nació en junio.
La administración 2021-2024 y su continuación 2024-2027 deben ser evaluadas por algo más que toneladas de asfalto, luminarias, parques o calles rehabilitadas.
También hay que preguntar:
¿cuánto avanzó realmente el sistema pluvial?
¿Cuántos puntos de inundación permanente fueron eliminados?
¿Cuántos diques fueron rehabilitados?
¿Cuántas cuencas quedaron resueltas?
¿Cuántos desarrollos urbanos fueron autorizados condicionados a infraestructura suficiente?
¿La ciudad creció nuevamente más rápido que sus sistemas de agua?
Porque gobernar Juárez no es solamente tapar baches después de que llueve.
Es evitar que aparezcan.
Y del lado estatal tampoco hay espacio para declararse espectador
La JMAS Juárez es un organismo descentralizado vinculado al Gobierno del Estado.
Por tanto, la administración estatal de Maru Campos tampoco puede observar el problema como si perteneciera exclusivamente al Municipio.
Hay que reconocer algo; se han realizado inversiones importantes.
El Gobierno estatal inauguró en abril el Colector Viñedos con una inversión superior a 188 millones de pesos, una obra que, según el Estado, beneficia a más de 441 mil juarenses.
El Cuarto Informe estatal señala además que durante los primeros cuatro años de la actual administración se invirtieron alrededor de 4 mil 520 millones de pesos en Juárez en acciones relacionadas con agua, alcantarillado y saneamiento, de los cuales 1,577 millones correspondieron sólo a 2025.
Son cifras relevantes.
Precisamente por eso deben provocar preguntas relevantes.
Si se han invertido 4 mil 520 millones, ¿qué porcentaje del rezago hidráulico y sanitario fue eliminado?
¿Cuánto falta?
¿Dónde?
¿En qué plazo?
Porque anunciar inversión sin medir abatimiento del déficit convierte el presupuesto en propaganda contable:
mucho dinero ejercido no significa necesariamente problema resuelto.
JMAS: 4 mil 138 millones hacen imposible alegar pequeñez presupuestal
La discusión se vuelve todavía más seria con el presupuesto 2026 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
La JMAS inició el ejercicio con 3 mil 808 millones 830 mil 246 pesos.
Después recibió una ampliación de 329 millones 267 mil 454 pesos.
Presupuesto modificado:
4 mil 138 millones 97 mil 700 pesos.
Un aumento del 8.6 por ciento.
La ampliación contempla, entre otras partidas, 113.4 millones para rehabilitación de afectaciones en vialidades, 110.5 millones para infraestructura hidráulica en Los Kilómetros y más de 105 millones para ampliar el colector Norzagaray.
Cuatro mil ciento treinta y ocho millones de pesos.
Con ese tamaño presupuestal la conversación ciudadana tiene derecho a cambiar.
Ya no basta:
“Estamos trabajando”.
Queremos indicadores.
¿Cuántas fallas menos?
¿Cuántos hundimientos menos?
¿Cuántos brotes menos?
¿Cuántos sectores dejaron de inundarse?
¿Cuánto creció la capacidad de conducción?
¿Cuántos kilómetros de infraestructura obsoleta fueron reemplazados?
¿Cuál es la vida útil del sistema actual?
El presupuesto público no se evalúa por cuánto logra gastar una dependencia.
Se evalúa por cuántos problemas logra eliminar.
Y después apareció una pipa
El episodio de Waterfill resume perfectamente la crisis de credibilidad institucional.
El 7 de septiembre, el Municipio informó que abrió una investigación luego de una denuncia ciudadana que mostraba una pipa identificada con la JMAS realizando una presunta descarga de aguas residuales en un terreno natural cercano a una escuela primaria.
Inspectores municipales encontraron indicios de descarga y se inició la integración del expediente correspondiente.
Habrá que esperar el resultado de la investigación antes de atribuir responsabilidades definitivas.
Pero políticamente la escena es brutal.
Mientras se pide a la ciudadanía no contaminar cauces y no arrojar basura porque eso afecta el funcionamiento hidráulico de la ciudad, aparece una unidad vinculada al organismo operador bajo investigación precisamente por una posible descarga.
No se puede exigir cultura del agua hacia abajo y tolerar dudas sobre las prácticas institucionales hacia arriba.
La autoridad ambiental también se construye mediante congruencia.
Rogelio Fernández y el Fideicomiso; otra bolsa de dinero que debe medirse por resultados
El Fideicomiso de Puentes Fronterizos también forma parte de este rompecabezas.
Su director general, Rogelio Fernández Irigoyen, encabeza una institución que administra recursos estratégicos generados por los cruces fronterizos.
Su posición en el organismo aparece vigente en el portal estatal de contrataciones con actualización del 9 de septiembre.
En abril se aprobaron seis proyectos por alrededor de 661 millones de pesos con recursos remanentes del Fideicomiso.
Y aquí aparece otra discusión de fondo; ¿!qué ciudad estamos financiando con el dinero de los puentes?
¿Una ciudad preparada para recibir agua?
¿O principalmente una ciudad preparada para mover automóviles?
Pasos superiores.
Pasos inferiores.
Distribuidores.
Vialidades.
Movilidad vehicular.
Todo puede ser necesario.
Pero en una ciudad cuya vulnerabilidad hídrica está documentada desde 2004, cada peso extraordinario de infraestructura debería pasar por una pregunta elemental:
¿es más urgente reducir cinco minutos de traslado o evitar que una colonia se inunde durante veinte años?
No es una falsa dicotomía.
Es priorización presupuestal.
Y gobernar consiste precisamente en priorizar.
La última tormenta volvió a poner los números sobre la mesa
Después de las lluvias del miércoles, Protección Civil Municipal reportó ocho familias afectadas: cinco en la colonia Azteca y tres en Pánfilo Natera.
Seguridad Vial realizó alrededor de 250 servicios de auxilio durante la contingencia.
Incluso un vehículo fue arrastrado por una corriente.
El Estado también había emitido una alerta por posibilidad de inundaciones ante la formación de tormentas.
Nadie puede sostener seriamente que las autoridades puedan evitar toda afectación ante una tormenta severa.
Eso sería demagogia.
Pero tampoco pueden utilizar cada fenómeno severo como certificado automático de inocencia administrativa.
Porque entre “no se puede controlar el clima” y “no se puede hacer nada” existe una distancia gigantesca llamada:
infraestructura pública.
El gran truco; todos son responsables y por eso nadie lo es
Ésta es quizá la genialidad burocrática del problema del agua en Ciudad Juárez.
La responsabilidad está perfectamente fragmentada.
El Municipio puede hablar de calles, cauces, limpieza, urbanización y diques.
La JMAS puede hablar de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
El Gobierno estatal puede señalar que financia obras.
El Fideicomiso puede mostrar inversiones.
El IMIP puede exhibir diagnósticos.
Protección Civil puede advertir riesgos.
Desarrollo Urbano puede mencionar normativas.
Y cuando finalmente se inunda una colonia, cada oficina puede demostrar que sólo una parte del problema le corresponde.
Magnífico.
Para la burocracia.
Desastroso para el ciudadano.
Porque el agua no entiende competencias jurídicas.
No sabe cuándo termina el Municipio y empieza el Estado.
No distingue entre un colector sanitario y una vialidad municipal.
No pregunta quién administra el dique.
Sólo corre cuesta abajo.
Y en ocasiones termina dentro de una casa.
Ortiz Orpinel, Pérez Cuéllar, Maru Campos, JMAS y Fideicomiso; la pregunta es la misma
No se trata de repartir culpas partidistas como estampitas.
Se trata de repartir responsabilidades institucionales.
Al Gobierno Municipal encabezado hoy por Héctor Ortiz Orpinel y cuya obra acumulada corresponde principalmente a la administración de Cruz Pérez Cuéllar:
¿cuál es su plan medible para terminar con los puntos recurrentes de inundación?
Al Gobierno de Maru Campos:
después de miles de millones invertidos en agua, saneamiento y alcantarillado, ¿cuál es el déficit real que todavía tiene Ciudad Juárez?
A la JMAS; con un presupuesto superior a 4 mil 138 millones de pesos, ¿cuáles serán los indicadores concretos de reducción de fallas para diciembre?
Al Fideicomiso dirigido por Rogelio Fernández:
¿qué proporción de los recursos futuros se destinará a infraestructura que reduzca vulnerabilidad urbana y no solamente tiempos de traslado?
Al IMIP:
¿qué recomendaciones del plan pluvial de 2004 siguen pendientes 22 años después?
Y a todos:
¿quién coordina el sistema completo?
Porque si nadie puede responder eso, ya encontramos una parte del problema.
Hay que dejar de presumir gasto y comenzar a publicar déficit
Juárez necesita un tablero público.
No otro diagnóstico empolvándose.
Un tablero que cualquier ciudadano pueda consultar y que diga:
cuántos diques existen;
cuáles funcionan;
cuáles necesitan reparación;
qué porcentaje de capacidad tienen;
cuántos colectores necesitan sustitución;
cuáles son los 20 puntos de mayor riesgo;
cuánto cuesta intervenirlos;
qué dependencia es responsable;
cuánto presupuesto tiene asignado;
fecha de inicio;
fecha de terminación;
y porcentaje de avance.
Eso sería transparencia.
Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en relaciones públicas.
Porque mientras cada institución publique solamente lo que construyó, nadie podrá conocer lo que todavía falta.
Y en infraestructura pública el déficit suele ser más importante que el boletín.
También el ciudadano tiene responsabilidad, pero no sirve de coartada
Sí: hay personas que arrojan basura a calles, arroyos y diques.
Es irresponsable.
Debe sancionarse.
Y contribuye a obstruir infraestructura.
Pero sería intelectualmente mediocre convertir la basura ciudadana en explicación universal.
Una bolsa de plástico puede tapar una rejilla.
No explica por sí misma treinta años de expansión territorial.
Un colchón abandonado puede obstruir un cauce.
No explica un plan pluvial pendiente desde 2004.
La irresponsabilidad ciudadana existe.
La responsabilidad gubernamental también.
Una no cancela la otra.
Lo que ocurre después de la inundación también es política económica
Una inundación no sólo moja calles.
Destruye patrimonio.
Una familia pierde muebles.
Otra paga reparación del automóvil.
Un trabajador llega tarde.
Un comercio cierra.
Una empresa pierde productividad.
Una calle necesita repavimentación.
Una patrulla deja su función ordinaria para atender emergencias.
Bomberos movilizan recursos.
Seguridad Vial realiza cientos de servicios.
Protección Civil despliega personal.
Después llega maquinaria.
Luego asfalto.
Después nuevas reparaciones.
Todo cuesta.
La diferencia es que buena parte de ese costo termina fuera del presupuesto oficial.
Lo paga directamente la familia.
Ésa es una forma silenciosa de transferir el costo de la mala infraestructura pública al patrimonio privado.
El Gobierno no registra la televisión perdida.
No registra el automóvil averiado.
No registra el día laboral perdido.
No registra toda la mercancía dañada.
Pero alguien sí lo paga.
La próxima vez que digan “llovió demasiado”, preguntemos cuánto soporta la ciudad
Ésa debe ser la pregunta.
No si llovió mucho.
¿Cuánto puede soportar nuestra infraestructura?
¿Cuántos milímetros por hora?
¿En qué cuencas?
¿Dónde colapsa?
¿Cuáles son los puntos críticos?
¿Cuánto cuesta corregirlos?
¿Cuándo estarán corregidos?
Si las autoridades no pueden contestarlo, Juárez no tiene solamente un problema de infraestructura.
Tiene un problema de administración pública.
Porque después de 22 años desde la aprobación del Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial, una ciudad de más de millón y medio de habitantes no debería gestionar sus tormentas exclusivamente mediante alertas, cierres, rescates y explicaciones posteriores.
Debe gestionarlas con ingeniería.
Planeación.
Presupuesto.
Mantenimiento.
Evaluación.
Y responsabilidades claramente identificadas.
La lluvia seguirá llegando.
Maru Campos terminará su administración.
Cruz Pérez Cuéllar tomó licencia.
Héctor Ortiz Orpinel ocupa hoy la Presidencia.
Directores llegarán y se irán.
Los funcionarios del Fideicomiso cambiarán.
Pero las familias seguirán viviendo exactamente donde desemboca el agua.
Por eso ya no sirve el viejo juego de aventarse la responsabilidad de escritorio en escritorio.
Cuando Juárez se inunda, el agua sí cae del cielo.
Pero los fraccionamientos no los autorizan las nubes.
Los presupuestos no los aprueban las tormentas.
Los colectores no los mantiene el clima.
Los diques no los limpia la atmósfera.
Y los planes urbanos no los incumple la lluvia.
Así que dejemos de pedir explicaciones al cielo.
Los responsables están en tierra.

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