Presupuesto Participativo: ¿Decide el ciudadano o decide el gobierno?

DOMINGO 08 NOVIEMBRE 2026

Ciudad Juárez presume una participación ciudadana histórica y cientos de millones de pesos destinados a obras elegidas por la población. Sin embargo, entre los votos emitidos, los contratos adjudicados y los proyectos pendientes de entrega existe una distancia que obliga a preguntarse si el poder ciudadano termina donde comienza la administración del presupuesto público

Por Guadalupe Parada Gasson

La democracia no se mide solamente por el número de ciudadanos que acuden a votar, sino por la capacidad de las instituciones para cumplir lo que esos ciudadanos decidieron.
En Ciudad Juárez, el Presupuesto Participativo se ha convertido en uno de los mecanismos de movilización social más importantes de los últimos años.
Miles de vecinos organizan campañas, promueven proyectos, recorren colonias, convencen a sus comunidades y depositan su confianza en una herramienta que promete algo fundamental; permitirles decidir directamente sobre una parte del dinero público.
Pero entre la participación y el cumplimiento existe una pregunta que el Gobierno Municipal todavía debe responder con precisión documental; ¿qué porcentaje de las obras elegidas por los juarenses se ha entregado dentro del plazo establecido, con las características aprobadas y sin rebasar el presupuesto contratado?
No es una pregunta menor. Es la diferencia entre una democracia que consulta y una democracia que cumple.
Las cifras permiten dimensionar la importancia del ejercicio.
De acuerdo con un estudio académico sobre el modelo de Presupuesto Participativo en Ciudad Juárez, la participación pasó de 21 mil 887 votantes en 2022 a 43 mil 884 en 2023 y 95 mil 625 en 2024.
En 2025, el propio Ayuntamiento reportó una cifra histórica cercana a los 180 mil participantes.
Esto representa un crecimiento superior al 700 por ciento entre 2022 y 2025, una expansión extraordinaria del interés ciudadano por intervenir en las decisiones sobre infraestructura y servicios comunitarios.
El dato es políticamente significativo; los juarenses están dispuestos a participar cuando perciben que su voto puede transformar el entorno inmediato.
No necesariamente esperan grandes discursos ideológicos. Quieren calles transitables, parques dignos, escuelas equipadas, espacios deportivos y condiciones mínimas para vivir mejor.
Sin embargo, el éxito de una convocatoria no puede confundirse con el éxito de una política pública.
Que miles de personas voten demuestra capacidad de movilización; que las obras se concluyan oportunamente demuestra capacidad de gobierno.
Y es precisamente en ese segundo terreno donde aparecen las interrogantes.
Para 2026, el Ayuntamiento anunció una bolsa de 561 millones de pesos: 411 millones correspondientes al cinco por ciento de los ingresos municipales de libre disposición y 150 millones adicionales destinados a infraestructura educativa.
La autoridad informó que serían atendidos 194 proyectos, integrados por 75 seleccionados dentro de la bolsa ordinaria y 119 intervenciones escolares financiadas con recursos adicionales.
La dimensión financiera es considerable. Estamos hablando de más de medio millar de millones de pesos cuya aplicación debería poder reconstruirse, peso por peso, desde la selección de cada proyecto hasta su recepción definitiva.
Pero el problema comienza cuando se contrasta la narrativa de participación con los tiempos reales de ejecución.
El 31 de marzo de 2026, la Dirección de Participación Ciudadana informó a regidores que, dentro de un conjunto de 81 obras pendientes de entrega del ejercicio 2025, solamente 19 estaban completas, 61 permanecían en ejecución y una había sido cancelada.
Adicionalmente, reportó 19 proyectos sociales cuyo recurso ya había sido entregado y ejecutado.
Es decir, dentro de aquellas 81 obras, apenas el 23.5 por ciento estaba concluido al momento del informe.
Esa proporción no corresponde al total de proyectos del ejercicio, pero revela el tamaño del rezago que aún existía en ese grupo.
La situación evolucionó.
En agosto, Obras Públicas reportó 67 proyectos terminados de un conjunto de 100 y, el 22 de octubre, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que aproximadamente el 70 por ciento de las obras de 2025 ya estaba concluido.
El avance es importante y debe reconocerse.
Pero también significa que, conforme a ese reporte, alrededor de tres de cada diez obras de aquel ejercicio continuaban pendientes de concluir.
Además, el funcionario reconoció que todavía existían tres proyectos correspondientes a 2024 sin terminar, los cuales serían incorporados al presupuesto ordinario para garantizar su ejecución.
Aquí surge una cuestión de fondo; ¿cuándo termina realmente un presupuesto participativo?
¿Cuando los ciudadanos votan? ¿Cuando se anuncia la obra? ¿Cuando se adjudica el contrato? ¿Cuando el contratista termina físicamente los trabajos? ¿O cuando la comunidad recibe una infraestructura funcional, segura y conforme a las especificaciones autorizadas?
La diferencia es determinante.
Una obra puede aparecer como terminada físicamente, pero carecer todavía de recepción formal.
Puede estar en uso sin que se hayan cerrado sus obligaciones contractuales.
Y puede haberse entregado mediante un acto público sin que ello demuestre, por sí mismo, que se ejecutó dentro del costo originalmente pactado.
Por eso, el porcentaje de obras concluidas no equivale necesariamente al porcentaje de obras entregadas en tiempo, forma y costo.
Esta distinción debería ocupar el centro de cualquier evaluación seria.
El seguimiento de 2026 también presenta elementos que merecen escrutinio.
El 13 de abril, el Gobierno Municipal anunció los proyectos que serían financiados y planteó que sus trabajos pudieran comenzar en un periodo aproximado de dos meses.
Sin embargo, el 25 de agosto se informó a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana que, de los 75 proyectos de la bolsa ordinaria, 26 se encontraban en proceso de licitación y otros 49 seguían en distintas etapas de preparación.
En términos porcentuales, el 34.7 por ciento se encontraba en licitación, mientras el 65.3 por ciento permanecía en preparación.
Se trataba de un avance administrativo, pero todavía no de una ejecución física acreditada en el informe.
Las licitaciones y los proyectos ejecutivos son requisitos indispensables para construir correctamente.
No pueden sustituirse por improvisaciones o decisiones apresuradas.
Sin embargo, también es legítimo preguntar por qué, después de anunciar los proyectos en abril, una proporción tan importante continuaba en etapas previas a la contratación cuatro meses después.
El calendario administrativo no puede convertirse en una justificación permanente para posponer las expectativas de quienes participaron.
Existe además un caso concreto que demuestra la necesidad de mejorar los estudios de viabilidad antes de comprometer públicamente una obra.
En marzo, el municipio informó de la cancelación de un domo proyectado para el CECYTECH 11, debido a la presencia de líneas de alta tensión que impedían construirlo en el lugar previsto.
El proyecto contemplaba 4 millones 300 mil pesos, cuyo destino alternativo debía analizarse.
El problema no es necesariamente que se cancele una obra inviable.
Una administración responsable debe corregir proyectos que presentan riesgos técnicos.
El problema es que esa inviabilidad tendría que detectarse antes de generar expectativas, reservar recursos y comprometer la voluntad de los participantes.
Cada modificación posterior obliga a responder quién autorizó el proyecto original, qué estudios se realizaron, cuánto costó su preparación y bajo qué procedimiento se determinará el nuevo destino del dinero.
La voluntad ciudadana tampoco puede quedar subordinada a una discrecionalidad administrativa que no esté acompañada de reglas públicas y verificables.
Este debate resulta especialmente relevante porque los 150 millones de pesos adicionales para infraestructura educativa en 2026 permitieron incorporar a 119 escuelas que no habían resultado ganadoras mediante la votación ordinaria.
La ampliación puede representar un beneficio social importante: atender necesidades escolares que, de otra manera, permanecerían sin financiamiento.
Pero también plantea una pregunta institucional; ¿cuáles fueron los criterios objetivos para seleccionar a esas escuelas y cómo se documentó la decisión?
La autoridad tiene facultades para definir inversión pública conforme al marco legal, pero cuando incorpora proyectos adicionales bajo la identidad del Presupuesto Participativo debe explicar con claridad cuáles resultaron seleccionados directamente por los ciudadanos y cuáles fueron incorporados posteriormente mediante decisiones presupuestales del gobierno.
No es lo mismo una obra elegida mediante votación que una obra financiada por decisión administrativa, aunque ambas puedan responder a necesidades legítimas.
Confundirlas debilita la trazabilidad de la participación ciudadana.
Otro aspecto que merece atención es la contratación de las obras. ¿Qué empresas han recibido los contratos? ¿Cuántas concentran varias adjudicaciones? ¿Qué procedimientos se utilizaron? ¿Qué diferencias existen entre el presupuesto inicial, el monto contratado y el costo final?
Estas preguntas no implican presumir irregularidades. Constituyen obligaciones elementales de fiscalización y transparencia.
La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto dinero se anuncia, sino cuánto se compromete, cuánto se paga, qué modificaciones contractuales se autorizan y cuáles son los resultados obtenidos.
Sin una base pública que permita comparar proyecto por proyecto, contrato por contrato y fecha por fecha, cualquier porcentaje global de cumplimiento será insuficiente para determinar la eficiencia real del programa.
La legislación de Chihuahua establece que los municipios deben destinar al Presupuesto Participativo al menos el cinco por ciento de sus ingresos de libre disposición.
El artículo 77 de la Ley de Participación Ciudadana también contempla la ejecución de los proyectos y la presentación de un informe de resultados.
Por tanto, el cumplimiento no debe limitarse a realizar una jornada de votación y asignar recursos.
Debe abarcar el ciclo completo de la inversión y su rendición de cuentas.
En octubre de 2026, el Ayuntamiento dio a conocer una herramienta georreferenciada para consultar la ubicación y el avance de las obras, reconocida por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es un paso favorable que merece consolidarse. Sin embargo, la transparencia efectiva exige que la información permita verificar también los contratos, los calendarios, las modificaciones presupuestales y las actas de entrega.
La diferencia entre publicar información y rendir cuentas es que la primera permite consultar; la segunda permite comprobar.
La discusión adquiere mayor relevancia ahora que Ciudad Juárez prepara el siguiente ejercicio.
Para el Presupuesto Participativo 2027 se reportaron, al 5 de noviembre, alrededor de 800 propuestas ciudadanas y escolares, con una bolsa proyectada de 468 millones de pesos. Entre ellas, 290 corresponden a instituciones educativas.
La pregunta resulta inevitable; ¿debe medirse el éxito del próximo presupuesto por la cantidad de proyectos registrados o por la proporción de compromisos anteriores efectivamente cumplidos?
La respuesta exige revisar ambos indicadores, porque participación y ejecución no son objetivos excluyentes.
Una ciudad necesita ciudadanos involucrados y autoridades capaces de transformar sus decisiones en resultados.
También exige observar cómo se distribuyen territorialmente los beneficios. En sectores como el poniente y el suroriente, donde persisten importantes necesidades de infraestructura, los proyectos comunitarios pueden representar una oportunidad para atender problemas acumulados durante años.
Pero una votación no sustituye la obligación ordinaria del gobierno de garantizar servicios públicos.
Las colonias con mayores carencias no deberían depender exclusivamente de su capacidad para movilizar votantes, organizar campañas o conseguir apoyos para competir por obras indispensables.
El Presupuesto Participativo debe complementar una planeación pública equitativa, no reemplazarla.
Y aquí aparece una contradicción que merece una reflexión más profunda: mientras los ciudadanos compiten por obtener recursos para pavimentar una calle, rehabilitar un parque o mejorar una escuela, el municipio conserva la responsabilidad de atender esas necesidades mediante sus presupuestos, programas de inversión y mecanismos regulares de gestión.
La participación ciudadana no debe convertirse en una transferencia de las obligaciones gubernamentales hacia los vecinos.
Tampoco debería transformarse en una competencia donde las comunidades con mayor organización obtengan sistemáticamente mejores resultados mientras las más vulnerables, con menos recursos de movilización, permanezcan rezagadas.
El diseño institucional debe reconocer esas desigualdades y corregirlas.
Finalmente, el Presupuesto Participativo enfrenta una prueba particularmente importante rumbo a 2027: preservar su carácter ciudadano frente a la competencia política y electoral.
La participación de servidores públicos, representantes partidistas o liderazgos comunitarios no constituye por sí misma una irregularidad.
Lo fundamental es garantizar que las reglas, los recursos y las decisiones se apliquen con imparcialidad y sin condicionamientos.
Los proyectos deben ganarse conforme a procedimientos transparentes, ejecutarse bajo criterios técnicos y entregarse independientemente de las simpatías políticas de quienes los promovieron.
La democracia participativa pierde legitimidad cuando los ciudadanos dejan de percibirse como titulares de un derecho y comienzan a considerarse beneficiarios de una concesión gubernamental.
Ciudad Juárez ha demostrado que existe una sociedad dispuesta a organizarse para decidir sobre su entorno. Las cifras de participación son una señal de confianza en el mecanismo que no debería desaprovecharse.
Ahora corresponde a la administración pública demostrar que está a la altura de esa confianza.
Hasta el momento, los reportes consultados permiten conocer avances generales, proyectos pendientes y montos asignados, pero no establecer con rigor qué porcentaje del total se entregó simultáneamente en tiempo, forma y costo.
Para responderlo se necesita contrastar las fechas programadas con las reales, las especificaciones aprobadas con las ejecutadas y los montos originales con los efectivamente pagados.
Ese indicador debería hacerse público para cada ejercicio anual, acompañado de las razones de los retrasos y las modificaciones.
Porque una obra anunciada no es una obra concluida; una obra concluida no necesariamente fue entregada a tiempo; y una obra entregada no demuestra automáticamente que se gastó correctamente el dinero.
El desafío del Presupuesto Participativo en Ciudad Juárez no consiste únicamente en conseguir que más personas voten.
Consiste en construir instituciones donde la decisión de los ciudadanos sea respetada desde la consulta hasta la última factura y la recepción definitiva de la obra.
De lo contrario, la participación corre el riesgo de convertirse en un acontecimiento anual de entusiasmo comunitario cuyos resultados dependen de calendarios y decisiones que los propios participantes no pueden controlar.
Y entonces la pregunta que encabeza esta columna seguirá vigente:
¿Decide realmente el ciudadano o solamente elige proyectos cuyo destino final continúa en manos del gobierno?
La respuesta no está en los discursos, ni en las fotografías de inauguración, ni en la cantidad de votos presumidos.
Está en los contratos, los plazos, las facturas y las obras efectivamente entregadas.
Porque la verdadera democracia participativa no termina cuando se cuentan los votos.
Comienza cuando el gobierno cumple lo que la ciudadanía decidió.

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