La corrupción: la peste que no conoce fronteras y amenaza a la humanidad

SABADO 14 NOVIEMBRE 2026

La corrupción no es nueva, no tiene nacionalidad ni respeta ideologías. Es una enfermedad que se reproduce al amparo de la ambición, la impunidad y la falta de principios. Gobiernos van, gobiernos vienen, y esta sigue encontrando la manera de sobrevivir.

Hay plagas que han azotado a la humanidad a lo largo de su historia. Algunas han sido combatidas con ciencia, otras con guerras y muchas más con el esfuerzo de sociedades enteras. Sin embargo, existe una que parece resistirse a cualquier tratamiento, una que no necesita propagarse por el aire ni cruzar fronteras para causar estragos: la corrupción.

No es un fenómeno nuevo, tampoco exclusivo de México o de América Latina. Es una práctica que se ha instalado en prácticamente todas las regiones del mundo, aprovechándose de la ambición, el poder y la ausencia de principios de quienes encuentran en el servicio público una oportunidad para enriquecerse en lugar de servir a la sociedad.

Los acontecimientos políticos de los últimos años y los escándalos que periódicamente salen a la luz confirman que la corrupción continúa siendo uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En América Latina tenemos numerosos ejemplos. Esta el caso del expresidente de Paraguay Santiago Peña en espera de un juicio político por beneficio patrimonial e indicios de enriquecimiento ilícito.

 Guatemala vivió uno de sus episodios más representativos en 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina renunció el 2 de septiembre, en medio de las investigaciones por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Posteriormente fue procesado y condenado por delitos relacionados con aquella trama.

Perú también ha experimentado una prolongada inestabilidad política. Ocho presidentes han dejado el cargo sin concluir sus respectivos periodos en distintas circunstancias, algunas relacionadas con investigaciones, acusaciones de corrupción o cuestionamientos legales. Una muestra de cómo la falta de confianza en las instituciones puede convertirse en una crisis permanente de gobernabilidad.

Brasil tampoco ha escapado a esta realidad. El caso de Jair Bolsonaro ha colocado nuevamente en el debate internacional la relación entre poder político, responsabilidades legales y rendición de cuentas. Cada caso debe analizarse a partir de las resoluciones judiciales y los hechos acreditados, pero todos ponen de manifiesto la importancia de que nadie esté por encima de la ley.

Flávio Bolsonaro —senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro— salió de Brasil a tras perder las elecciones de octubre de 2026, pero que tiene acusaciones de corrupción, para bien o para mal, ya no está en su país, pero su salida hace pensar en que algo debía.

En México, la historia no es diferente. Los escándalos de corrupción han alcanzado a distintas administraciones federales, desde los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta los acontecimientos más recientes. Cada sexenio ha dejado cuestionamientos, investigaciones y señalamientos que han alimentado la desconfianza ciudadana.

Los organismos autónomos tampoco están exentos de controversias. El Instituto Nacional Electoral, una institución fundamental para la democracia mexicana, también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con sus integrantes y su funcionamiento. Los señalamientos recientes en torno a Guadalupe Taddei deben examinarse con rigor, distinguiendo entre acusaciones, investigaciones y responsabilidades legalmente acreditadas. Ninguna persona debe ser condenada públicamente sin pruebas, pero tampoco ninguna institución debe quedar fuera del escrutinio ciudadano.

Lo verdaderamente preocupante es que la corrupción parece tener una capacidad extraordinaria de adaptación. Cuando se descubre una práctica irregular, aparecen nuevas formas de evadir los controles. Cuando se fortalece una auditoría, se buscan otros caminos para ocultar recursos. Cuando se establecen mecanismos de transparencia, surgen estrategias para simular legalidad.

Y entonces cabe preguntarnos: ¿qué está fallando? tenemos tecnología, auditorías, sistemas de fiscalización, licitaciones públicas, declaraciones patrimoniales, organismos de transparencia y leyes que establecen responsabilidades administrativas y penales. Sin embargo, los escándalos continúan apareciendo. Esto demuestra que no basta con tener instituciones y mecanismos de control sobre el papel; se necesitan autoridades independientes, investigaciones eficaces, sanciones oportunas y, sobre todo, voluntad política para combatir este mal sin excepciones.

La corrupción ocasiona daños que van mucho más allá del dinero que desaparece de las arcas públicas. Cada peso desviado representa oportunidades perdidas para construir hospitales, mejorar escuelas, reparar carreteras, fortalecer la seguridad y atender las necesidades de quienes menos tienen.

También destruye algo que resulta mucho más difícil de recuperar: la confianza de la sociedad en sus instituciones. Cuando los ciudadanos dejan de creer en sus autoridades, cuando consideran que las leyes solamente se aplican a unos cuantos y que el poder sirve para proteger intereses particulares, se debilita el Estado de derecho y se deteriora la convivencia social.

Por eso, la corrupción no debe considerarse un asunto exclusivamente político o administrativo. Es un problema social, económico, institucional y, fundamentalmente, ético.

Erradicarla quizá sea una de las tareas más difíciles de la humanidad. No basta con cambiar presidentes, partidos políticos o funcionarios. Tampoco basta con prometer honestidad durante las campañas electorales. Se requiere construir una cultura de legalidad en la que el ejercicio del poder implique responsabilidad, donde el dinero público sea respetado y donde la impunidad deje de ser una posibilidad para quienes tienen influencias o recursos.

Y aquí surge una reflexión: durante la administración de José López Portillo de 1976-1982 se escuchó aquella frase: «La corrupción somos todos». Como sarcasmo del lema del presidente que decía, «La solución somos todos.»

Pero no todos somos corruptos. Hay millones de personas que trabajan honradamente, que cumplen con sus obligaciones, que respetan las leyes y que diariamente contribuyen al desarrollo de sus comunidades. No podemos cargarles una responsabilidad que corresponde a quienes cometen actos de corrupción.

Pero sí debemos reconocer que todos tenemos una responsabilidad en la solución. La ciudadanía debe exigir transparencia, denunciar irregularidades, rechazar las prácticas deshonestas y no normalizar aquello que tanto daño nos hace. La honestidad debe comenzar en la vida cotidiana y también debe exigirse a quienes ejercen el poder.

¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver gobiernos verdaderamente comprometidos con el combate a la corrupción? ¿Cuántos escándalos más tendrán que descubrirse? ¿Cuántos recursos públicos deberán perderse antes de que entendamos que este problema no puede seguir siendo tratado como una simple irregularidad administrativa?

Tal vez falte mucho para erradicarla por completo. No obstante, eso no significa que debamos resignarnos a vivir con ella.

La corrupción no es un destino inevitable, ni una característica de nuestra naturaleza como sociedad. Es una conducta que puede prevenirse, investigarse y castigarse. Para conseguirlo se necesita algo más que discursos: instituciones fuertes, leyes que se cumplan, autoridades honestas y ciudadanos dispuestos a no guardar silencio.

La corrupción somos todos, no. Los corruptos son quienes la practican, quienes la encubren y quienes se benefician de ella. Pero la solución sí nos corresponde a todos.

Porque combatir la corrupción no es solamente recuperar el dinero robado: es recuperar la confianza, la justicia, la dignidad y la esperanza de construir una sociedad mejor.

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