Guadalupe Parada Gasson
DOMINGO 15 NOVIEMBRE 2026
La visita de la dirigente morenista dejó al descubierto una realidad que ningún discurso de unidad puede ocultar; la batalla por el control político de Chihuahua parece avanzar más rápido que las soluciones a los problemas de Ciudad Juárez
Por: Guadalupe Parada Gasson
En Ciudad Juárez, la política tiene una extraña capacidad para convertir los encuentros partidistas en acontecimientos de enorme trascendencia, aunque sus resultados rara vez modifiquen la vida de quienes habitan las colonias más olvidadas.
La visita de Ariadna Montiel constituye otro episodio de esa contradicción.
Más allá de los saludos, las fotografías y las declaraciones de unidad, su presencia en la frontera debe leerse como una operación de posicionamiento político en un territorio donde Morena enfrenta el desafío de administrar sus propias ambiciones.
Porque una cosa es ganar elecciones y otra, bastante más complicada, gobernar sin que las disputas internas terminen desplazando las prioridades ciudadanas.
La cercanía política con Cruz Pérez Cuéllar, las aspiraciones de Andrea Chávez y los distintos intereses que convergen alrededor de la sucesión estatal configuran un escenario donde la disciplina partidista puede convertirse en un recurso más valioso que la discusión de proyectos de gobierno.
La pregunta no es solamente quién terminará imponiéndose dentro de Morena, sino qué gana Ciudad Juárez con una competencia que consume tanta atención política y ofrece tan pocas respuestas concretas a sus problemas estructurales.
La dimensión electoral explica buena parte de esta movilización. Ciudad Juárez concentra alrededor de 1.5 millones de habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, una magnitud demográfica que convierte al municipio en una pieza fundamental de cualquier aspiración de conquistar Chihuahua.
Su peso político no es una percepción; representa aproximadamente cuatro de cada diez habitantes del estado.
Por eso, controlar las estructuras territoriales de la frontera significa disponer de una plataforma decisiva para construir competitividad electoral.
Sin embargo, esa importancia contrasta con las profundas desigualdades urbanas.
En el suroriente, donde se estima una población cercana al medio millón de personas, persisten necesidades de infraestructura educativa, servicios de salud, transporte y seguridad.
Son estimaciones que reflejan una problemática imposible de ignorar.
Resulta políticamente revelador que las dirigencias partidistas puedan organizar con rapidez sus estructuras electorales mientras la respuesta a necesidades sociales acumuladas durante años continúa fragmentada entre dependencias y niveles de gobierno.
La capacidad de movilización política no necesariamente equivale a capacidad de gestión pública, y esa diferencia debería ser uno de los principales criterios para evaluar a quienes pretenden administrar Chihuahua.
El problema de fondo no es que Morena tenga aspirantes, corrientes o diferencias internas; eso ocurre en cualquier organización política.
Lo preocupante comienza cuando el debate público queda reducido a determinar quién recibe el respaldo de la dirigencia, quién controla la estructura y quién aparece mejor colocado para la siguiente elección.
En ese terreno, la visita de Montiel adquiere una lectura distinta; más que una demostración de fortaleza institucional, representa una oportunidad para observar hasta qué punto el partido permite una competencia auténtica entre sus liderazgos.
Ni Cruz Pérez Cuéllar puede asumir que su posición institucional equivale a un derecho sucesorio, ni Andrea Chávez puede presentar su proyección política como sustituto de un proyecto verificable de gobierno.
Ambos, como cualquier aspirante, tendrían que explicar qué harían de manera distinta, con qué recursos y bajo cuáles indicadores de cumplimiento. Tampoco el PAN y las demás fuerzas opositoras quedan exentas de responsabilidad; su incapacidad para articular una alternativa convincente contribuye a que la discusión política gire alrededor de las disputas de Morena en lugar de confrontar programas, resultados y responsabilidades.
Una oposición debilitada no mejora automáticamente al gobierno; solamente reduce la presión para que rinda cuentas.
Hay además una dimensión que merece especial vigilancia, la separación entre el ejercicio del poder público y la construcción de estructuras partidistas. Cuando figuras con responsabilidades institucionales participan activamente en procesos de organización electoral, la ciudadanía tiene derecho a exigir absoluta claridad sobre el origen de los recursos, la utilización del tiempo de los servidores públicos y la eventual participación de operadores gubernamentales.
Esto no supone afirmar que durante la visita se hayan cometido irregularidades, sino reconocer que el uso indebido de recursos públicos constituye un riesgo que debe prevenirse mediante transparencia y fiscalización, independientemente del partido involucrado.
La frontera ya conoce suficientemente las consecuencias de los proyectos políticos que terminan confundiendo la administración pública con la promoción personal.
Y sería una grave regresión que el discurso de transformación terminara justificando prácticas que durante años fueron cuestionadas en gobiernos anteriores.
Ariadna Montiel podrá regresar a la capital del país con la impresión de haber contribuido a ordenar las piezas del tablero político chihuahuense.
Pero en Ciudad Juárez la verdadera evaluación es mucho menos ceremonial.
Está en las familias que esperan escuelas, en los trabajadores que pierden horas desplazándose, en los sectores que reclaman servicios básicos y en los ciudadanos que observan cómo las prioridades gubernamentales parecen modificarse conforme se acerca una elección.
Los rezagos no comenzaron con Morena y sería intelectualmente deshonesto atribuirle toda la responsabilidad histórica.
Pero quienes hoy ejercen el poder tampoco pueden seguir administrando el pasado como una coartada para justificar las insuficiencias del presente.
La alternancia política pierde sentido cuando solamente cambia el nombre de quienes deciden, pero permanece intacta la distancia entre las necesidades ciudadanas y las prioridades del poder.
La visita dejó, finalmente, una pregunta que trasciende las aspiraciones personales y los cálculos de partido: ¿Morena está construyendo un proyecto para transformar Chihuahua o simplemente una maquinaria más eficiente para conservar el poder?
La respuesta no dependerá de cuántos dirigentes levanten la mano en señal de unidad ni de quién consiga imponer una candidatura.
Dependerá de resultados medibles, decisiones presupuestales, rendición de cuentas y compromisos capaces de resistir el escrutinio público.
Porque Ciudad Juárez no necesita que le expliquen quién tiene el control de Morena. Necesita saber quién se hará responsable de una ciudad que, elección tras elección, sigue esperando que el enorme valor de sus votos se traduzca en una calidad de vida proporcional a su importancia política.
Y esa es quizá la mayor contradicción de la visita; mientras la dirigencia nacional vino a ocuparse del futuro del partido, miles de juarenses siguen esperando que alguien se ocupe del futuro de la ciudad.
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