MARTES 25 NOVIEMBRE 2025
POR JACK RO
El conflicto entre agricultores y gobierno por el uso del agua refleja tensiones históricas, demandas legítimas y necesidad urgente de diálogo institucional para soluciones justas y sostenibles.
CD. JUAREZ, CHIH.- La reciente toma de la Aduana en Ciudad Juárez por parte de agricultores ha puesto en evidencia una tensión histórica entre las demandas del campo y las respuestas del Estado. Este episodio, que se suma a bloqueos y protestas en distintas regiones del país, refleja un problema que trasciende lo coyuntural: la administración del agua y los recursos naturales, vitales no solo para la producción agrícola, sino para la vida humana, la industria y la alimentación.
Los agricultores se oponen a determinaciones administrativas sobre el uso del agua que consideran perjudiciales para su desarrollo y supervivencia. La pregunta que surge es quién resulta beneficiado en este escenario: ¿los agricultores en general, un grupo con intereses particulares, o el propio gobierno en su manejo económico y político del recurso?
El agua, más allá de su función agrícola, es un elemento vital para la existencia humana. Reducir el problema únicamente a la producción del campo sería ignorar su papel en la industria, la alimentación y la vida cotidiana. Por ello, la protesta de los agricultores abre un debate más amplio sobre la gestión de los recursos naturales y la equidad en su distribución.
Las opiniones ciudadanas reflejan la diversidad de interpretaciones:
Hay señalamientos publicos por las contradicciones entre quienes hablan de represión y la realidad de una protesta que se manifiesta con fuerza. También existen critica ciudadanas al uso del término “dictadura”, subrayando la banalización del concepto.
Algunos piensan que estos términos conecta el hecho con antecedentes históricos, recordando cómo en Chile los sectores campesinos fueron instrumentalizados en conflictos políticos mayores, lo que abre la reflexión sobre la manipulación y el abandono estructural del campo.
En conjunto, estas voces revelan que el conflicto no es aislado, sino parte de una problemática más amplia: la falta de políticas sostenidas hacia el sector agrícola, la percepción de abandono y la tensión entre libertad de manifestación y orden institucional.
La salida más pertinente es un diálogo que reconozca la legitimidad de las demandas de los agricultores, pero que también subraye la necesidad de canalizar la protesta dentro de marcos de negociación y respeto institucional. Evitar descalificaciones simplistas y abrir un espacio de reflexión sobre las necesidades históricas del campo es fundamental.
El reto para el gobierno es atender las demandas sin permitir que la protesta derive en confrontación violenta, y para los agricultores, mantener la fuerza de su voz dentro de un marco de negociación que garantice soluciones concretas.
El conflicto por el agua y los recursos naturales, más que un pleito coyuntural, es un espejo de las tensiones estructurales que enfrenta el país: entre autoridad y libertad, entre desarrollo económico y justicia social, entre la urgencia de producir y el derecho a vivir.
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