SABADO 28 MARZO 2026
En Chihuahua, la contienda política entre Andrea y Cruz no puede reducirse a pleitos personales ni a campañas de eslóganes. La ciudadanía exige proyectos científicos de gobierno, capaces de articular objetivos claros y medibles que se integren al Plan México de Sheinbaum. El futuro del estado dependerá de quienes logren transformar la política en planificación real, con visión social y técnica.
POR JACK RO
La política municipal y estatal en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, ha estado marcada por la improvisación y la ausencia de planificación técnica. Durante los gobiernos neoliberales de los años ochenta se privilegió un discurso anticentralista, derivado del desfalco económico y la crisis devaluatoria del sexenio de José López Portillo. Las políticas centralistas aplicadas en el inicio del neoliberalismo afectaron gravemente la economía fronteriza y a los empresarios locales, generando un escenario de incertidumbre que limitó la capacidad de desarrollo de la ciudad.
En este contexto, la construcción de símbolos políticos sustituyó a los proyectos científicos de gobierno, perpetuando una dinámica de legitimación basada en la propaganda más que en diagnósticos sociales y económicos sólidos.
Un ejemplo ilustrativo es el del Ing. Jaime Bermúdez Cuarón, presidente municipal de Ciudad Juárez en los años ochenta, quien asumió el cargo tras el mandato de Francisco Barrio, recordado por el eslogan “Únete al cambio”. En contraste, Bermúdez consolidó su gestión con el lema “Promesa cumplida, aquí les dejo el Juárez Nuevo que les prometí”, coronado por la colocación de un monumento de bronce en el kilómetro 20. Este gesto simbólico evidenció la continuidad de una política basada en la legitimación discursiva, pero carente de una estructura de gobierno sustentada en diagnósticos reales y planificación técnica.
De manera similar, Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal desde 2021, inició su mandato preguntando a la ciudadanía qué necesitaba mediante encuestas. Aunque esta práctica sugiere apertura y disposición al diálogo, también revela la ausencia de un plan de gobierno sólido, sin estudios demográficos ni proyectos de infraestructura definidos. Ambos casos muestran cómo los gobiernos locales han dependido de símbolos o consultas inmediatas, en lugar de construir políticas públicas basadas en investigación científica y planificación estratégica de largo plazo.
La carencia de equipos técnicos —sociólogos, urbanistas, economistas— ha limitado la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar los problemas estructurales de una sociedad en constante crecimiento. Las campañas se han centrado en eslóganes y promesas, sin planes de acción ni objetivos medibles.
Esto genera gobiernos reactivos, que responden a la coyuntura, en lugar de gobiernos proactivos con visión de futuro.
El modelo impulsado por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se basa en la planificación científica: diagnósticos poblacionales, estudios de impacto, proyectos de nación con objetivos claros y medibles.
Este enfoque reconoce que la política no puede depender de la intuición ni de la moda, sino de la investigación y la técnica. La sociología política y la planeación estratégica son herramientas indispensables para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
Los gobiernos de Jaime Bermúdez y Cruz Pérez Cuéllar ejemplifican una práctica política que privilegia la legitimación simbólica sobre la planificación científica. Bermúdez recurrió a eslóganes y monumentos como instrumentos de propaganda, mientras que Pérez Cuéllar inició su gestión con encuestas ciudadanas que, aunque reflejan apertura, evidencian la ausencia de diagnósticos técnicos y estudios demográficos. En ambos casos, la política se redujo a gestos inmediatos —símbolos o consultas— sin traducirse en proyectos de infraestructura ni en planes de largo plazo.
La razón de esta carencia radica en la falta de equipos técnicos y de visión estratégica: sin sociólogos, urbanistas o economistas que aporten datos y proyecciones, los gobiernos locales se ven obligados a improvisar respuestas coyunturales.
Esto genera administraciones reactivas, que atienden problemas conforme surgen, pero no los previenen ni los ordenan en un marco de desarrollo sostenible.
En consecuencia, la ciudad queda atrapada en un ciclo de incertidumbre, donde la política se convierte en espectáculo o encuesta, y no en planificación estructurada capaz de transformar la realidad social y económica.
El modelo morenista actual plantea la necesidad de superar la política tradicional basada en símbolos, eslóganes o consultas coyunturales, porque esas prácticas han demostrado ser insuficientes para atender los problemas estructurales de ciudades como Ciudad Juárez.
La razón principal es que los gobiernos locales que se apoyan en gestos inmediatos carecen de diagnósticos demográficos, estudios de impacto y planificación estratégica, lo que los convierte en administraciones reactivas y limitadas.
En contraste, el proyecto de nación impulsado por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum se fundamenta en la investigación científica y en equipos técnicos multidisciplinarios. Este enfoque reconoce que la política no puede depender de la improvisación, sino de datos verificables y objetivos medibles.
La exigencia de romper con la vieja escuela responde, entonces, a la necesidad de construir gobiernos capaces de anticipar problemas, diseñar soluciones sostenibles y articular políticas públicas que integren economía, sociología y urbanismo.
En síntesis, el modelo morenista exige proyectos con fundamentos técnicos porque solo así se garantiza que la política deje de ser propaganda y se convierta en planificación real, capaz de transformar las condiciones sociales y económicas de la población.
La ausencia de planificación estructurada en los gobiernos locales genera una administración reactiva que responde únicamente a la coyuntura inmediata. Sin diagnósticos demográficos, estudios de impacto urbano y estrategias de largo plazo, las ciudades como Ciudad Juárez enfrentan un crecimiento urbano desordenado, incapaz de prever la demanda de vivienda, servicios públicos y transporte.
La inseguridad se agrava porque no existen políticas preventivas basadas en datos sociales y económicos, sino respuestas fragmentadas que atienden síntomas sin atacar causas estructurales.
La movilidad urbana se ve limitada por la falta de proyectos integrales de infraestructura y transporte público, lo que deriva en congestión y desigual acceso a la ciudad.
Finalmente, la desigualdad se perpetúa porque sin planificación científica los recursos se distribuyen de manera improvisada, beneficiando a sectores visibles o políticamente rentables, pero dejando de lado a las comunidades más vulnerables.
En síntesis, la falta de planificación impide atender estos problemas porque priva al gobierno de una visión estratégica y de herramientas técnicas para anticipar, ordenar y transformar la realidad social. Sin proyectos científicos, la política se reduce a gestos inmediatos y soluciones parciales que nunca logran modificar las estructuras de fondo.
Los nuevos candidatos deben entender que gobernar no es solo administrar, sino planificar con visión científica y social. La ciudadanía ya no se convence con monumentos ni frases vacías. Se requiere un cambio profundo: integrar equipos técnicos, diagnosticar problemas reales y presentar planes de gobierno con objetivos claros, medibles y transformadores.
Este viraje es indispensable porque los desafíos contemporáneos —crecimiento urbano acelerado, inseguridad, movilidad deficiente y desigualdad persistente— no pueden resolverse con improvisación ni con gestos simbólicos. La política debe convertirse en un ejercicio de responsabilidad técnica, capaz de anticipar escenarios y diseñar soluciones sostenibles.
En última instancia, el futuro de Chihuahua dependerá de la capacidad de sus líderes para romper con la vieja escuela y asumir la política como un proyecto científico de transformación social. Solo así la legitimidad dejará de basarse en la propaganda y se consolidará en resultados tangibles que mejoren la vida cotidiana de la población, devolviendo confianza a la ciudadanía y asegurando un desarrollo con justicia y equidad.
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