POR: FRANCISCO ORTIZ BELLO.
En México, desde hace doce años, ejecutar a las personas es cosa de todos los días. Asesinarlas, acribillarlas, matarlas a balazos en plena calle es como bolearles los zapatos o cortarles el pelo, una actividad que de tan cotidiana, frecuente e impune, se ha vuelto parte del paisaje urbano en muchas ciudades del territorio nacional.
Y no es que antes de ese tiempo no ocurrieran los famosos ajustes de cuentas públicos entre malosos, sí los había, pero no eran ni por asomo en las cantidades, impacto y frecuencia con que se empezaron a dar a finales del 2007. Algo cambió en el escenario nacional a partir de ese año, que llevó al crimen organizado a sacar a las calles sus pugnas internas, así como las que mantenían con otros grupos contrarios o enemigos.
Pero más allá de las causas que dispararon ese fenómeno criminal, debemos consignar y resaltar que la complicidad de autoridades policíacas con el crimen organizado resultó ser un catalizador que contribuyó, en gran medida, en esa ola criminal desatada principalmente durante el sexenio de Felipe Calderón y sostenida después en el de Enrique Peña Nieto.
En Chihuahua, en fechas recientes, distintas columnas y notas periodísticas han informado sobre señalamientos contra los principales jefes policíacos en la entidad. El Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Oscar Aparicio ha sido relacionado a grupos del crimen organizado, incluso en narcomantas colgadas en calles céntricas, principalmente de la capital del estado.
Han sido ejecutados altos jefes policíacos no solo de la CES, sino también de la Fiscalía General del Estado, como es el caso del comandante Óscar García Díaz ejecutado en calles de la ciudad de Chihuahua casi al mediodía del 3 de junio, y a quien se le relacionaba estrechamente con el fiscal Peniche, tanto que lo tenía en labores especiales de investigación. Pero fue ejecutado.
Pero no es una problemática privativa solo de nuestro estado. Hace apenas un par semanas, medios locales, consignaron alarmados el enorme incremento de ejecuciones en Cajeme, Sonora, en donde en un solo día asesinaron con violencia a seis personas.
Allá, en ese pequeño poblado sonorense, se responsabiliza del notable incremento en la criminalidad a José Luis Rico Farías, Jefe de Grupo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Cd. Obregón, Sonora, ya que desde su llegada a ese cargo señalan los medios locales se ha disparado notablemente la criminalidad y las ejecuciones.
Los reportes periodísticos de esa zona señalan que las bandas del crimen organizado que operan en la región, se ríen de las acciones del Jefe de Grupo, que con unas cuantas detenciones de “tiradores” de droga ha tratado de taparle “El ojo al macho” a su incapacidad operativa, tratando de disfrazar después estos hechos con boletines de prensa que, lo único que hacen, es evidenciar que al jefe policíaco no le interesa resolver el problema y solo va por blancos menores.
Lamentablemente, lo ocurrido en Chihuahua o en Sonora es el pan nuestro de cada día en casi todo el territorio nacional. Autoridades policíacas o judiciales involucradas con el crimen organizado hasta la médula, lo que hace muy difícil que se pueda tener una visión optimista en la lucha contra la criminalidad.
Sería muy deseable que, la lucha frontal contra la corrupción, decretada por el presidente López Obrador, empezará a dar cuanto antes resultados positivos en esa materia. Pero no sólo con buenos y sentidos discursos mañaneros, sino con hechos concretos y contundentes como serían la captura, consignación y sentencia de este tipo de funcionarios policíacos o judiciales, que sirven a la delincuencia en lugar de servir al país, a la sociedad.
TIMING POLÍTICO.
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