Por: Jesús Fco. Ávila Ventura.
El sábado pasado tuve la fortuna de acudir a una clase de Periodismo Político impartido por Blanche Petrich Moreno, reconocida periodista del periódico La Jornada, que ha cubierto los conflictos armados de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y quien además es maestra de la escuela de periodismo Carlos Septién García; pues bien, entre otras cuestiones, discutimos el tema de la Justicia Transicional y la posibilidad de su aplicación en México.
Para empezar, debemos entender por justicia transicional como el conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. De esta forma, se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades fracturadas como componente estratégico de una política de transformación para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz.
El Gobierno de México viene arrastrando, desde hace varias administraciones, una negra historia relacionada con abusos del poder, represión policiaca, desapariciones forzadas y asesinatos de ciudadanos; así como de un alto índice de crímenes contra periodistas, activistas sociales y políticos; mismos que casi en su totalidad quedan sin investigarse creando un clima de impunidad oficial.
En la agenda aún están pendientes de esclarecer y castigar a los responsables de los asesinatos del Movimiento Estudiantil de 1968 y de la masacre del jueves de Corpus o “El Halconazo,” en 1971, en donde son señalados como responsables a los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, respectivamente.
En la década de los años sesentas se dieron varios movimientos guerrilleros en el estado de Chihuahua, comandado por maestros y estudiantes, mismos que fueron abatidos y docenas de sus militantes y simpatizantes encarcelados, torturados o desaparecidos. Este episodio también se encuentra sin ser juzgado.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-12) se dio una guerra contra el narcotráfico, en la cual murieron miles de ciudadanos inocentes en una especie de fuego cruzado entre policías, ejército y narcotraficantes. En ese enfrentamiento hubo miles denuncias de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos en donde se vieron involucrados elementos de las diversas fuerzas policiacas y del ejército.
De igual manera, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentran en la total impunidad los responsables del caso de Ayotzinapa, en donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural; así como el caso Tlatlaya, donde persiste una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército. Ambos casos ocurridos en el 2014.
Pues bien, el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa para los mexicanos un nuevo punto de arranque, ya que se encuentran con sed de justicia y esperan que éste, aunque no es un nuevo régimen, si represente un cambio radical en la política gubernamental, y por ende, esperan que al fin se ponga un alto a la impunidad.
Sin embargo la frase de AMLO, “Perdón si, olvido no”, deja muchas interrogantes en el ciudadano sobre si ahora habrá o no un ajuste de cuentas y castigo para todos esos crímenes del pasado que no han sido esclarecidos; y se lo dicen en todos los foros a los que acude, ya que no dejan de exigirle justicia para los miles de desaparecidos con la frase de “ni perdón ni olvido”.
Lo más cercano hasta ahora fue la investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos que fue abierta en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), mediante la creación de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Sin embargo, no ha podido llegar a fincar responsabilidades legales concretas contra los que se han señalado como principales responsables de la guerra sucia.
Hace unos días, Senadores afirmaron que la próxima Administración de AMLO no debe renunciar a la justicia penal en el proceso de pacificación y seguridad en el país, afirmaron que “sin justicia no puede haber perdón y no puede haber paz”.
El senador electo Emilio Álvarez Icaza, de la Fracción Parlamentaria del PRD, afirmó que se requiere de un proceso de diálogo, de construcción del modelo mexicano de justicia transicional, pero no debe estar basado “sencillamente en perdón y ya”, pues “¿Cuánta impunidad cabe en el perdón?”.
El senador sintetizo en una frase el sentir de miles de mexicanos que le dieron su voto a AMLO, “No podemos reproducir un nuevo pacto de corrupción e impunidad, porque sería envenenar la extraordinaria oportunidad que se ha abierto de un nuevo capítulo de transición de la democracia”.
Ante lo expuesto, sin duda, México requiere con urgencia de la aplicación de la justicia transicional para poder sanar sus heridas y calmar su sed de justicia, el ciudadano lo está exigiendo.
AMLO tiene en sus manos la oportunidad de lograr esa pacificación del país que está pregonando en sus Foros de Escucha; de no hacerlo, pasaría a la historia como un expresidente más que se suma a la larga lista de ex mandatarios que, teniendo el poder para acabar con esa impunidad, optaron por sumarse a ella.
TIMING POLÍTICO.
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