El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera
MIERCOLES 30 SEPTIEMBRE 2026
POR REDACCION
CIUDAD DE MEXICO.–El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, consideró indispensable que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explique con absoluta transparencia su relación pasada con una empresa incluida esta semana en las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una presunta red vinculada con el Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. La autoridad estadounidense sostiene que Carlos Torres utilizó influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlas de acciones gubernamentales y policiales en Baja California.
La autoridad estadounidense también incluyó entre las empresas sancionadas a Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., que OFAC identifica actualmente como propiedad o bajo control de Luis Torres.
Información publicada este miércoles documenta que Marina del Pilar fue socia fundadora de esa empresa y que cedió su participación en abril de 2023, años antes de las sanciones anunciadas por Estados Unidos. La gobernadora no aparece entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.
“Estamos hablando de señalamientos extremadamente graves provenientes de una autoridad extranjera contra personas que estuvieron en el círculo inmediato de la gobernadora. Nadie puede prejuzgar responsabilidades, pero tampoco puede pretender que aquí no pasó nada. Baja California merece explicaciones completas y transparentes”, sostuvo Jorge Romero.
El dirigente nacional señaló que las nuevas revelaciones adquieren mayor relevancia después de que en mayo de 2025 autoridades estadounidenses revocaran las visas de Marina del Pilar y de quien entonces era su esposo. El Gobierno de Estados Unidos no hizo públicos los motivos de la cancelación de la visa de la gobernadora.
Romero Herrera sostuvo que corresponde a las autoridades mexicanas determinar si existe algún hecho que amerite investigación y pidió evitar tanto acusaciones sin sustento como cualquier intento de cerrar anticipadamente el caso.
“No estamos pidiendo condenas políticas ni juicios anticipados. Estamos exigiendo algo elemental: que se investigue, que se transparente y que se explique. Cuando una autoridad extranjera señala una estructura de presunta protección política al crimen organizado en un estado fronterizo, el gobierno mexicano no puede simplemente guardar silencio”, afirmó.
Recordó que la propia autoridad estadounidense aseguró que la red de corrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California, por lo que consideró indispensable esclarecer qué funcionarios tuvieron relación con las personas mencionadas y si existieron actos u omisiones que permitieran la operación de organizaciones criminales.
El presidente nacional del PAN subrayó que la gobernadora tiene derecho a deslindarse de las actividades atribuidas a su exesposo y que ninguna responsabilidad puede presumirse únicamente por una relación personal o empresarial previa; sin embargo, sostuvo que los nuevos datos hacen necesaria una explicación pública suficientemente documentada.
“Las familias de Baja California merecen saber qué ocurrió, quiénes participaron y hasta dónde llegaron estas redes. La lucha contra el crimen organizado no admite complicidades ni encubrimientos, sin importar de qué partido sea el gobierno”, concluyó Jorge Romero.
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