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Presentan PAN y PRI ante la SCJN acción de inconstitucionalidad contra segunda parte del Plan B

El Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños Azócar.

POR REDACCION

Hoy la democracia se encuentra amenazada como no lo ha estado nunca en la historia: Presidente del CEN DEL PAN, Marko Cortés.

El partido dará la batalla legal para defender la democracia de México, aseveró el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno.

CIUDAD DE MEXICO.- Ante la amenaza en que se encuentra la democracia, como nunca en la historia, el Partido Acción Nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del plan B de reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó el presidente nacional, Marko Cortés Mendoza.

El Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, fue quien presentó este nuevo recurso que tiene como objetivo frenar el segundo intento de decreto presidencial, que resulta “tan peligroso, como perverso, ya que, merma de fondo las posibilidades democráticas y plantea un autoritarismo competitivo”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, confiando en la prudencia, confiando en los oficios y el profesionalismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El INE se quedará, el INE es la institución democrática más importante de este país, construida a base de los ciudadanos, es el pilar que tenemos que defender. Y en este cumplimiento Acción Nacional acompañará cada uno de los tramos a las y los mexicanos”, sostuvo Bolaños.

El primer intento de acabar con la democracia, a través de una nociva reforma constitucional impulsada desde el oficialismo – se explica en el documento- fue rechazada en el Congreso por los legisladores y en las calles por cientos de miles de mexicanos que salieron al reclamar “el INE no se toca”.

En el recurso presentado se advierte de un tercer intento por debilitar la democracia, con el proceso de renovación de 4 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, incluyendo al presidente, un proceso que está evidentemente viciado.

Como retrocesos y violaciones en las que incurre el decreto presidencial se señala la transgresión a la Constitución, la vulneración del proceso legislativo, el trastocamiento de la autonomía constitucional del INE y su estructura básica, el daño al desarrollo de la jornada electoral y la vulneración al sistema federal y las facultades reservadas hacia otros órganos del Estado.

Asimismo, implica un retroceso en materia de paridad de género y grupos vulnerables, merma la posibilidad de que la ciudadanía reclame derechos político-electorales, no se aplica el régimen sancionador en materia electoral y se rompe la autonomía e independencia del órgano electoral. Además, se rompe el monopolio de la formación del padrón electoral e impacta el modelo de comunicación, permitiendo la propaganda de gobierno hecha por servidores públicos.

Presenta PRI acción de inconstitucionalidad contra segundo paquete de reformas del “Plan B” electoral

Por ser regresivo y atentar contra los derechos de las mujeres, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad en contra del segundo paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso, informó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el dirigente nacional aseguró que “el PRI dará la batalla legal para defender la democracia de México”.

En el recurso, se establece que es contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario  Oficial de la Federación el 2 de marzo pasado.

Precisa que la reforma contiene modificaciones sustantivas a la estructura y órganos que integran a la autoridad electoral que constitucionalmente tiene depositada la función estatal de organizar las elecciones; es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el documento, el PRI expuso que esos cambios pretenden transformar los elementos básicos de la estructura del Instituto que se habían mantenido sin alteraciones relevantes desde 1990 a la fecha.

“Es tal la profundidad de las reformas efectuadas y que se contienen en el Decreto en cuestión, que es posible afirmar que con ellas se están vulnerando los principios fundamentales que la Constitución establece para la función estatal de organizar las elecciones, y que son condición para garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, conducidas por una autoridad que goce de la plena autonomía con que le dota la Constitución”, argumentó.

Agregó que la reforma pretende simplificar procesos administrativos y jurisdiccionales que ponen en riesgo, incluso, la plenitud del ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la materia electoral.

El PRI plantea que la reforma atenta contra los derechos y principios fundamentales siguientes: derecho a votar en las elecciones populares y consultas; renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; alteración de la plena voluntad del pueblo mexicano para constituir la República democrática y representativa,  y alteración de la soberanía nacional por falta del ejercicio de la voluntad popular plena.

Asimismo, atenta contra los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la función estatal de organizar las elecciones; autonomía de la autoridad electoral; debido ejercicio de la función legislativa por parte del Congreso en la división de poderes; y, debida protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

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