MARTES 13 MAYO 2025
De Jesús Galindo
Prácticamente estamos a un mes de las inéditas elecciones del primero de junio de 2025, para seleccionar a ministros, magistrados y jueces del nuevo poder judicial.
Como ya es de dominio público, la integración del referido poder cambió de los nombramientos a cargo del senado de la república, por la selección mediante el voto popular, separando de esta manera, la intervención de los partidos políticos en el proceso (bueno, la exclusión de los demás partidos, los que no son gobierno como lo es MORENA), cuando, buscando consensos se negociaban nombramientos preferentes entre las principales fuera políticas representadas en el senado, de tal forma que un par de partidos, no todos tenían saldo con suficientes senadores para negociar, impulsaban perfiles de su preferencia para ocupar la mesa redonda de la impartición de justicia.
Esa negociación permitía ciertas probabilidades (sin usar las trilladas garantías) de conformar un poder autónomo con juristas de profesión, con clara idea de la defensa contra el abuso de la autoridad, con fuertes cartas académicas y solvencia en sus trayectorias, para darle imparcialidad y justicia a sus decisiones.
La llegada del gobierno auto definido de cuarta transformación, promovió el discurso de un poder judicial sobre pagado con sueldos inadmisibles para un pueblo con hambre, el ejecutivo de entonces, apunto al bolsillo de magistrados del poder judicial para bajarles los mega sueldos y junto con todos los funcionarios del gobierno federal, ajustarlos al decreto de no percibir ingresos mayores a los del presidente de la república, sin embargo, los magistrados defendieron sus dietas y no se alinearon a los ingresos del ejecutivo.
La rebeldía causó encono y se promovió la reforma judicial para llegar a donde estamos: elección popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Aun con la mayoría del partido MORENA en el senado, no se atrevieron a quitar ni a poner magistrados, sino a endosar esa responsabilidad al discurso recurrente: que sea el pueblo bueno y sabio el que integre el nuevo poder judicial.
A pesar de las reglas del proceso y su proselitismo, siendo amable en la prosa, algunos segmentos intuimos que carece de higiene procesal, de imparcialidad y por debajo de la mesa -aunque ni tanto- el partido en el gobierno cumple el encargo de impulsar sus listas de candidatos preferentes, con ese sentimiento no estaríamos muy dispuestos a legitimar una parodia de elección que se burla del voto libre, con un voto comprometido y vigilado, para no ser parte de la farsa ni engorda el caldo.
Agotados los filtros de selección para postularse a los diferentes cargos de justicia, amén de aspirantes preferidos del régimen 4T en las boletas, como para higienizar el proceso y su legitimidad, pero más que nada sin la opción ni los argumentos de negar la postulación de perfiles ajenos al gobierno 4T, también aparecieron valiosos candidatos con solvencia profesional en el ejercicio del derecho y aptos para ocupar las posiciones de magistrados, ministros y jueces, que no forman parte de los aspirantes relacionados con el gobierno. Esto cambia el sentimiento de inminente rechazo y abstencionismo a la elección por un tal vez si votar.
Platicado el antecedente y con las elecciones en puerta, me animé a consultar en grupos de amigos la disposición y la indisposición a votar en las elecciones judiciales. Desde luego que mi consulta casera está lejos de ser una muestra, ni representativa ni técnica, o sea que la cantidad consultada no pinta un criterio estadístico, pero la pondré en porcentajes.
El pulso de mi consulta presenta un empate del predicamento en 50/50, más claro pues, la mitad si piensa votar y a otra mitad no tiene la intención de hacerlo. Entonces, si la curva de la participación en la jornada del primero de junio se parece al pobre pulso, la selección de integrantes del poder judicial por voto popular tendrá legitimidad participativa.
¿Pero qué hay de la legitimidad moral y ética del proceso y del propósito?
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