Por: Martín Orquíz
Pese a la inversión de recursos públicos en las instituciones encargadas de la seguridad pública, la corrupción y la infiltración de los grupos criminales aún no se han podido erradicar
Uno de los costos más altos que pagan las sociedades en general, tanto desde el punto de vista económico como social, es el que se relaciona con la seguridad pública, no sólo esta lo que se invierte en pago de salarios, patrullas o armas, sino en las acciones para contener a los policías y evitar que se alíen con organizaciones criminales o que por libre albedrío cometan delitos, porque, al parecer, esas costosas estrategias son fallidas.
Los esfuerzos, si es que en verdad se hacen, no trajeron hasta ahora los resultados esperados porque, a lo largo y ancho de nuestro país, las policías municipales, estatales y federales siguen ocasionando muchos problemas a la ciudadanía, en algunos casos es más lo que perjudican que lo que ayudan a la población. Dígame usted si no.
En lo personal he tenido interacción con policías de los tres órdenes de Gobierno, muchas ocasiones por el desarrollo del trabajo periodístico, pero también porque yo mismo fui víctima de algún delito o personas de mi entorno sufrieron afectaciones por parte de delincuentes. El saldo nunca fue positivo, las experiencias me sumieron en una percepción de inseguridad tremenda al darme cuenta de que estaba solo, al igual que los miles de personas que a diario son víctimas del delito en nuestro país, ante la ineficacia del personal encargado de proveer la seguridad pública.
A pesar de que en general la calidad del servicio que ofrecen nuestras policías es francamente pésima, cada año se destinan millones de pesos para equiparlas, profesionalizarlas y limpiarlas de los elementos nocivos para la sociedad; sin embargo, la realidad que se vive en México, el estado y Ciudad Juárez nos hace pensar que la inversión de todos esos recursos no es equitativa con el resultado.
Aquí le expongo la dimensión del dinero que se gasta en seguridad pública, decida usted si se justifica o no: el Mecanismo de Evaluación y Transparencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública invirtió recursos que ascendieron a 9 mil 40 millones de pesos durante el 2018.
De esa cantidad, 6 mil 989 millones de pesos fueron entregados por la federación y el resto provino de los mismos estados, al menos 7 mil 430 millones (el 82 por ciento), es dinero que para el cierre del año anterior ya estaba entregado, ejercido y aplicado.
Pero todavía quedaban mil 264 millones etiquetados que estaban sin ejercer, más otros 346 millones de pesos que no fueron siquiera asignados.
Dentro de todo este mundo de dinero, el reporte del FASP indica que Chihuahua registró un subejercicio del 34 por ciento de los recursos que le fueron asignados el año pasado: 219 millones 862 mil 294 pesos por parte de la federación, mientras que la misma entidad aportó 72 millones 376 mil 523 pesos, los que suman 292 millones 338 mil 817 pesos.
Del cúmulo general destinado a todo el país, revela el reporte, poco más del 40 por ciento fue utilizado por los gobiernos estatales en comprar o mantener equipos y edificios. Sólo el 3 por ciento fue destinado para prevenir delitos, fortalecer las áreas de investigación y de mediación del nuevo sistema penal Y, por supuesto, en mecanismos de evaluación.
En el promedio nacional al rubro de “infraestructura y equipamiento” se dedicaron 3 mil 483 millones de pesos en la adquisición de materiales y equipos para la policía.
El segundo lugar de gasto, pero muy distante del primero, lo tiene la aplicación de exámenes de control de confianza y cursos de profesionalización a las corporaciones con mil 380 millones de pesos.
Mucho dinero, pocos resultados. El control que se debe ejercer a los policías es básico para recobrar la seguridad pública que se fue de las manos desde hace años y sigue en las mismas o empeorando, como reflejan las cifras de los gobiernos y de las organizaciones civiles que se dedican al estudio del tema.
No creo que todos los agentes cometan delitos, pero se desenvuelven en una función pública que es caldo de cultivo ideal para tornarse al menos en cómplices de criminales, incluso por simple omisión. Un solo policía que actúe de forma contraria a su objetivo ocasiona un gran desequilibrio en la comunidad a favor de los malos, por llamarlos de alguna manera.
Tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, el conflicto de los elementos policiacos vinculados con delincuentes es cosa seria y frecuente. Por eso usan estrategias para sembrar la duda en actuación de agentes y corporaciones, un ejemplo de esto que menciono es la manta que apareció la noche del domingo 21 de abril en la ciudad de Chihuahua con amenazas al subdirector de la Policía Municipal, Roberto Leyva Escobar, al que también identifican como “el cholo”.
En el mensaje lo señalan por proteger a grupos de delincuentes, además, lo sentencian a muerte: “Por tal motivo próximamente será ejecutado”. Escalofriante.
Ojalá y las autoridades no desestimen el caso, tanto para investigar la acusación, como para establecer quienes la hicieron y proteger la vida del funcionario si es que mienten. Lo malo, como siempre, es que los ciudadanos quedamos en medio de estos conflictos desprotegidos y sumidos en la desconfianza y el temor.
TIMING POLÍTICO.
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