POR: FRANCISCO ORTIZ BELLO.
Desde siempre se ha sabido del poderío que ejerce el crimen organizado sobre diversos tipos de gobierno en nuestro país, ya sea el municipal, el estatal o el federal, la conseja popular da por sentado que cuando algún capo del narco desea el control de una ciudad o de un estado, por una necesidad imperiosa y/o estratégica de control, se hace de el mismo por las buenas o por las malas.
De ahí que la frase “plata o plomo”, según la percepción social, sería utilizada como poderoso argumento para “convencer” a las autoridades de “colaborar” con la delincuencia organizada en cualquiera de sus posibles vertientes.
Y es que esa apreciación popular pareciera una exageración, pero a la luz de los hechos recientes en todo el territorio nacional, habrá que considerarla con mayor seriedad y profundidad.
Las masacres en Michoacán y Guerrero, donde los varones del narco hicieron y deshicieron a placer, así como la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán mediante una toma a sangre y fuego de la ciudad, muestran claramente el poderío del que la gente habla y que atribuye al crimen organizado.
En Chihuahua, durante todo lo que va de la administración encabezada por el panista Javier Corral Jurado, los poblados de la sierra chihuahuense son tierra del narco, en donde ninguna autoridad ha podido poner control alguno.
A principios de octubre, según publicó La Jornada, un comando de hombres armados atentaron contra el domicilio particular de la presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, ubicada en la colonia Las Villas, en el mismo municipio donde en lo que va del año han acribillado a once policías.
Este atentado, como muchos otros contra ediles en el territorio nacional, llama especialmente la atención porque fueron al menos cien disparos de arma de alto poder con los que atacaron la vivienda de la alcaldesa, emanada de Morena, en la calle Almagres, al norte de Guaymas, Sonora.
Al igual que en el resto de ataques similares, la Fiscalía General de Sonora aún no determina el móvil del ataque, las posibles líneas de investigación y mucho menos si hay probables responsables del mismo, tanto intelectuales como materiales.
Y ese es, quizá, el tema sensible de fondo en todo esto, que ningún ataque de esta naturaleza es adecuadamente investigado, o si lo es, nunca se conoce públicamente el resultado de tales investigaciones, porque es tema tabú en nuestro país.
Y lo es porque las autoridades prefieren callar, esconder, eventuales nexos o lazos de altos funcionarios del gobierno con capos del narco, como si con ello pudieran desaparecer la rampante corrupción que nos ahoga en todas las esferas de la vida en México, y como si con ello los mexicanos no pensaran y razonaran sobre las causas de esos atentados y del dominio que ejerce el narco sobre ellos.
Así pues, el atentado contra la alcaldesa de Guaymas es claramente uno de los mejores botones de muestra sobre el ejercicio del poder en nuestro país, y de como la Ley de las balas del crimen organizado, silencian conciencias, callan bocas y exterminan vidas con total impunidad.
El presidente López Obrador había prometido acabar con la corrupción en el ejercicio del gobierno, compromiso que pasa por supuesto por la “venta” de poder e impunidad a los grupos criminales y que, de lograrlo, sería sin duda el mayor de sus éxitos suficiente incluso para ser recordado solamente por eso.
Sin embargo, lo ocurrido en días y semanas recientes, en breve lapso de tiempo por cierto, pone en entredicho esa esperanza de justicia, de legalidad y de paz para nuestro país, no obstante, no se trata de desearle al presidente o a ningún otro gobernante que le vaya mal, porque entonces nos va mal a todos, no, se trata de visibilizar correctamente lo que está pasando, decirlo y llamar a la institucionalidad de las diversas instancias de gobierno a que usen el poder que obtuvieron en las urnas en bien del pueblo, en beneficio de la sociedad, como fue el cambio que prometieron y por el que los electores votaron.
TIMING POLÍTICO.
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