¿Quién vigila al Cabildo de Juárez?

DOMINGO 01 NOVIEBRE 2026

Regidores que cobran, ciudadanos que no los conocen y una democracia municipal que tiene cuentas pendientes

Por Guadalupe Parada Gasson

Por años, el debate político en Ciudad Juárez se ha concentrado en la figura del presidente municipal.
Mientras tanto, quienes tienen la obligación de deliberar, cuestionar y supervisar las decisiones del Ayuntamiento permanecen prácticamente fuera del escrutinio público.

Hay un dato que debería provocar una discusión seria sobre la representación política en Ciudad Juárez, el 99 por ciento de las personas encuestadas no pudo mencionar el nombre de un solo regidor.
No se trata de una ocurrencia ni de una percepción aislada.

Es uno de los resultados del Informe Ciudadano 2026, presentado por Plan Estratégico de Juárez, que también reveló que apenas el 16 por ciento de los encuestados manifestó confiar algo o mucho en sus representantes del Cabildo.

La pregunta resulta inevitable; ¿cómo puede una sociedad exigir resultados a funcionarios cuya identidad, responsabilidades y decisiones prácticamente desconoce?

El problema va mucho más allá de la popularidad de los regidores.
Estamos frente a una desconexión profunda entre representación política y ciudadanía.
En teoría, los integrantes del Cabildo deben discutir las políticas municipales, revisar presupuestos, analizar reglamentos y ejercer vigilancia sobre las decisiones del gobierno.

En la práctica, el ciudadano común difícilmente sabe quién integra las comisiones, qué asuntos impulsa cada regidor, cuáles son sus posturas o qué resultados concretos puede atribuirse a su trabajo.
La representación política pierde buena parte de su sentido cuando no existe una relación efectiva entre representantes y representados.
Y esa desconexión tiene un costo.

De acuerdo con información expuesta durante la presentación del informe, los regidores perciben aproximadamente 85 mil 420 pesos mensuales netos, además de recursos destinados a apoyos ciudadanos.

La cifra obliga a plantear una discusión incómoda; ¿qué recibe la ciudad a cambio?
No basta con asistir a una sesión, firmar un dictamen o levantar la mano para aprobar un acuerdo.
El ejercicio de una responsabilidad pública debe poder evaluarse mediante resultados verificables.

Si los ciudadanos pueden exigir productividad a un trabajador, calidad a un médico o resultados a un maestro, ¿por qué los integrantes del Ayuntamiento habrían de quedar al margen de una evaluación igualmente rigurosa?
El propio informe ofrece elementos para profundizar el cuestionamiento.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, los asuntos que más ocuparon la agenda del Cabildo fueron la enajenación de terrenos, con 56 puntos; el desarrollo urbano, con 47; y las finanzas municipales, con 29. En contraste, movilidad y espacio público aparecieron en cinco ocasiones; medio ambiente y ecología, en tres; y seguridad, solamente en una.

Esto no significa que los asuntos patrimoniales o financieros carezcan de importancia.
Significa que es indispensable examinar cómo se distribuye la atención institucional frente a los problemas cotidianos de la población.

Porque mientras en las colonias persisten demandas por pavimentación, alumbrado, transporte, seguridad y espacios públicos, la discusión política parece transcurrir en una realidad distinta.

¿Cuántos regidores pueden acreditar haber impulsado una solución concreta para los habitantes del suroriente? ¿Cuántos han encabezado una revisión de las necesidades de infraestructura en los sectores más rezagados? ¿Cuántos han exigido explicaciones documentadas sobre proyectos inconclusos, retrasos presupuestales o deficiencias en los servicios municipales?

Y, sobre todo, ¿cuántos pueden demostrar que sus intervenciones modificaron una decisión gubernamental en beneficio de la ciudadanía?
Tampoco sería justo afirmar que todos los regidores trabajan igual.
Existen diferencias documentadas en asistencia y participación.

El monitoreo difundido en octubre señala que Antonio Domínguez Alderete registró 76 por ciento de asistencia a sesiones de Cabildo, mientras Pedro Matus, José Mauricio Padilla y Dina Salgado Sotelo alcanzaron el 100 por ciento durante el periodo evaluado.

Sin embargo, incluso la asistencia perfecta resulta insuficiente como indicador de desempeño.
Estar presente no equivale necesariamente a representar; votar no significa fiscalizar y presentar iniciativas no garantiza resolver problemas. Una evaluación seria debe considerar también la calidad de las propuestas, el seguimiento a los acuerdos y los efectos de las decisiones.

Hay otro dato todavía más inquietante; la disminución de la participación ciudadana en Cabildo.
Según Plan Estratégico de Juárez, las intervenciones alcanzaron 70 en 2022, mientras que hasta junio de 2026 se contabilizaban apenas 14.

La organización ha señalado que la eliminación del registro en línea y la obligación de inscribirse presencialmente antes de las sesiones dificultan la participación de personas que trabajan o viven lejos de la sede municipal.

Aunque las cifras corresponden a periodos de distinta duración, la preocupación institucional permanece; un Cabildo abierto no debería limitarse a permitir la presencia ciudadana; tendría que facilitarla activamente.

La contradicción se vuelve más evidente al revisar los resultados de la administración municipal.
El Informe Ciudadano 2026 señala que, al corte de junio, solamente 47 de las 366 metas del Plan Municipal de Desarrollo estaban concluidas y aproximadamente dos de cada tres no registraban avance, pese a que el presupuesto autorizado para 2026 ascendió a 10 mil 798 millones de pesos.

Es importante distinguir que se trata de una evaluación intermedia y no del cierre del periodo gubernamental.

Pero precisamente por eso corresponde al Ayuntamiento explicar los retrasos, identificar responsabilidades y corregir oportunamente el rumbo. ¿Dónde está la exigencia pública de los regidores frente a esos indicadores?

Aquí aparece una cuestión política de fondo; la relación entre los regidores, sus partidos y el presidente con licencia municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
La existencia de una mayoría en Cabildo es legítima y puede facilitar la gobernabilidad; lo cuestionable sería confundir disciplina partidista con renuncia al escrutinio.

Las regidurías no fueron creadas para convertirse en extensiones automáticas del Ejecutivo municipal, ni la oposición debería limitarse a confrontaciones discursivas sin propuestas y seguimiento.
Tanto quienes respaldan al gobierno como quienes lo cuestionan tienen la obligación de argumentar sus decisiones, examinar el gasto y rendir cuentas.

De cara al proceso electoral de 2027, esta discusión adquiere una dimensión adicional.
La controversia sobre la elección directa de regidores por demarcaciones territoriales ha puesto sobre la mesa el modelo de representación municipal.

Sus promotores consideran que permitiría una mayor vinculación entre representantes y comunidades, mientras que cualquier reforma también requiere valorar sus efectos sobre la representación plural, el diseño electoral y la gobernabilidad.

Independientemente del sistema que finalmente prevalezca, la cuestión esencial seguirá siendo la misma; establecer mecanismos efectivos para que cada regidor pueda responder públicamente por sus decisiones.

Ciudad Juárez necesita pasar de la política de los nombres a la política de los resultados. Cada regidor debería presentar periódicamente un balance público de asistencia, iniciativas, dictámenes, votaciones, gestiones verificables, recursos ejercidos y compromisos pendientes.

No como ejercicio propagandístico ni mediante fotografías de reuniones, sino con información accesible que permita conocer qué hizo, cuánto costó y qué beneficio produjo.

El Ayuntamiento ya dispone de mecanismos formales para publicar informes; el desafío es convertir esa información en una verdadera herramienta de evaluación ciudadana.

La pregunta no es solamente quién vigila al Cabildo, sino quién está dispuesto a exigirle cuentas.
Porque mientras los regidores sigan siendo desconocidos para la inmensa mayoría de los juarenses, la rendición de cuentas dependerá demasiado de organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos que investiguen lo que sus propios representantes deberían explicar de manera permanente.
La democracia municipal no se agota el día de las elecciones.

Se construye cuando quienes ejercen el poder saben que cada decisión puede ser examinada, cada peso debe justificarse y cada promesa puede contrastarse con resultados.

Al final, el verdadero problema no es que los ciudadanos desconozcan a sus regidores.
Es que una representación política tan distante de la sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a gobernar sin tener que explicar suficientemente qué hace por ella. Y en una ciudad con tantas necesidades acumuladas, esa distancia no debería normalizarse.

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