Guadalupe Parada Gasson
SABADO 08 AGOSTO 2026
Por Guadalupe Parada Gasson
Ciudad Juárez representa demasiado para Chihuahua como para conformarse con diputados que solamente aparezcan en temporada electoral.
La ciudad concentra la mayor población del estado.
El Censo de Población y Vivienda 2020 contabilizó 1 millón 512 mil 450 habitantes en el municipio.
Y electoralmente tiene un peso todavía más evidente: nueve de los 22 distritos locales de Chihuahua corresponden a Juárez, los distritos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Eso significa que 40.9 por ciento de los distritos de mayoría relativa del Congreso están asentados en Juárez.
No es un dato menor.
Es una responsabilidad política enorme.
Sin embargo, la pregunta que debe hacerse la ciudadanía no es cuántos diputados tiene Juárez.
La pregunta es.
¿Cuánto poder político está ejerciendo Juárez a través de sus diputados?
El mapa del poder juarense
La actual Legislatura local corresponde al periodo 2024-2027.
En los nueve distritos de Ciudad Juárez quedaron electos:
D02 Leticia Ortega Máynez — Morena
D03 Óscar Daniel Avitia Arellanes — Morena
D04 Rosana Díaz Reyes — Morena
D05 Edna Xóchitl Contreras Herrera — PAN
D06 Irlanda Dominique Márquez Nolasco — PT
D07 Elizabeth Guzmán Argueta — Morena
D08 Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo — Morena
D09 Magdalena Rentería Pérez — Morena
D10 María Antonieta Pérez Reyes — Morena
La distribución electoral deja una fotografía clara; Morena controla siete de los nueve distritos juarenses; PT uno y PAN uno.
Pero aquí comienza el verdadero análisis.
Porque tener mayoría electoral no significa necesariamente tener una representación de calidad.
Y ser oposición tampoco garantiza ejercerla.
El primer dato incómodo: Juárez tiene peso, pero ¿lo utiliza?
Si Juárez aporta una parte sustancial de la población estatal, de la actividad económica y de la generación de riqueza, sería lógico esperar que su representación legislativa tuviera una capacidad equivalente para colocar los grandes problemas fronterizos en la agenda estatal.
Pero el ciudadano debería poder identificar con facilidad cuáles son las grandes batallas legislativas de Juárez.
¿Dónde está la agenda legislativa específica para el suroriente?
¿Dónde está la reforma integral para resolver el déficit de infraestructura educativa?
¿Dónde está la estrategia legislativa frente al crecimiento urbano desordenado?
¿Dónde está la agenda para vivienda abandonada?
¿Dónde está la defensa presupuestal de la movilidad?
¿Dónde está la legislación específica para enfrentar la violencia y el reclutamiento de adolescentes?
¿Dónde está la agenda fronteriza de largo plazo?
¿Dónde está la defensa de los intereses fiscales de una ciudad que sostiene una parte fundamental de la economía estatal?
Son preguntas que no corresponden exclusivamente al gobernador, al presidente municipal o a los empresarios.
También corresponden al Congreso.
El Congreso no es una extensión del Ejecutivo
Aquí está el punto central de esta radiografía.
El Poder Legislativo no existe para acompañar al gobernador.
Existe para legislar, deliberar, fiscalizar y ejercer contrapesos.
Y eso implica una obligación incómoda para cualquier diputado;
tener criterio propio.
No importa si pertenece al partido del gobernador o a la oposición.
Un diputado oficialista no tiene que votar automáticamente a favor del Ejecutivo.
Un diputado opositor tampoco tiene que votar automáticamente en contra.
Ambos tienen que explicar su voto.
Porque la democracia no consiste en sustituir una obediencia por otra.
La verdadera democracia exige deliberación.
El caso de la reelección: ¿resultados o marca?
Hay otro elemento que merece especial atención.
Durante el proceso electoral de 2024, varias diputaciones buscaron la reelección.
En Ciudad Juárez, entre quienes buscaron repetir estuvieron Leticia Ortega Máynez, Óscar Avitia Arellanes, Rosana Díaz Reyes, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez y María Antonieta Pérez Reyes.
Esto abre una discusión indispensable.
¿La reelección debe premiar al legislador o al partido?
Porque si un diputado puede reelegirse simplemente porque pertenece a una marca electoral poderosa, la rendición de cuentas pierde sentido.
La pregunta debería ser otra.
¿Qué hizo durante su primer periodo?
¿Cuántas iniciativas presentó?
¿Cuántas fueron aprobadas?
¿Cuántas iniciativas modificaron realmente una política pública?
¿Cuántas veces intervino en asuntos relacionados con Juárez?
¿Cuántas comparecencias promovió?
¿Cuántos asuntos de fiscalización impulsó?
¿Cuántos recursos presupuestales consiguió?
¿Cuántas veces votó contra su bancada?
¿Cuántas veces defendió públicamente una posición diferente a la dirigencia de su partido?
Y, sobre todo:
¿Cuánto de su trabajo puede atribuirse a su propio desempeño y cuánto a la fuerza electoral de su partido?
El diputado que levanta la mano no necesariamente legisla.
Uno de los grandes errores de la política contemporánea es medir el desempeño legislativo por fotografías, discursos o publicaciones en redes sociales.
Pero legislar es mucho más.
Una iniciativa presentada no equivale a una reforma aprobada.
Un exhorto no equivale a una política pública.
Un posicionamiento no equivale a fiscalización.
Una rueda de prensa no equivale a resultados.
Y una fotografía con un funcionario no equivale a gestión.
Por eso, una auténtica evaluación de los diputados de Juárez debería construir un índice de desempeño legislativo que considere:
- Iniciativas presentadas.
- Iniciativas aprobadas.
- Reformas sustantivas impulsadas.
- Participación en comisiones.
- Asistencia y votaciones.
- Puntos de acuerdo.
- Comparecencias promovidas.
- Fiscalización.
- Presupuesto defendido para Juárez.
- Trabajo territorial comprobable.
- Rendición de cuentas.
- Independencia frente a la dirigencia partidista y al Ejecutivo.
Sin estos indicadores, evaluar diputados se reduce a propaganda.
El Congreso cuesta dinero
Y aquí aparece otro dato que debería formar parte de cualquier evaluación ciudadana.
El presupuesto del Congreso del Estado para 2026 fue aprobado por 843 millones 554 mil 172 pesos.
De esa cantidad, 372.29 millones corresponden a servicios personales; 334.35 millones a servicios generales; 54.98 millones a transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas; y 45.63 millones a bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Es decir; la ciudadanía no solamente elige diputados; también financia el aparato legislativo.
Por eso tiene derecho a preguntar cuánto cuesta cada diputado y qué resultados produce.
No se trata de cuestionar el salario de un legislador por sí mismo.
Se trata de establecer una relación elemental entre;
dinero público más responsabilidad pública y más resultados públicos.
¿Dónde está la agenda de Juárez?
Ciudad Juárez enfrenta problemas que no desaparecen porque termine una elección.
El crecimiento urbano continúa.
La demanda educativa aumenta.
La movilidad sigue siendo un asunto cotidiano.
La seguridad permanece como una preocupación central.
El agua y el saneamiento requieren planeación.
El suroriente enfrenta rezagos de infraestructura.
La vivienda abandonada continúa siendo un problema urbano.
La industria enfrenta transformaciones profundas.
La frontera cambia.
La migración cambia.
El mercado laboral cambia.
Y mientras todo eso ocurre, el ciudadano observa a sus representantes.
Por eso la evaluación no debería comenzar tres meses antes de la elección de 2027.
Debería comenzar hoy.
La paradoja de la mayoría
La bancada mayoritaria tiene una responsabilidad adicional.
Cuando un partido domina siete de los nueve distritos juarenses, tiene capacidad política suficiente para construir una agenda de ciudad.
Pero también tiene una obligación mayor de rendir cuentas.
Porque la mayoría no puede convertirse en impunidad política.
Tampoco puede confundirse con autorización para obedecer.
La mayoría legislativa debe ser capaz de cuestionar incluso a su propio gobierno.
De lo contrario, el Poder Legislativo corre el riesgo de convertirse en una ventanilla de aprobación.
Y eso es justamente lo que la división de poderes pretende evitar.
La oposición tampoco puede esconderse
Pero sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre Morena.
El PAN tiene una diputación de mayoría en Juárez.
El PT tiene otra.
Y las fuerzas políticas cuentan además con representación proporcional.
Por tanto, la oposición también debe responder.
¿Dónde están sus propuestas?
¿Dónde están sus investigaciones?
¿Dónde están sus iniciativas?
¿Dónde están sus votos diferenciados?
¿Dónde están sus exigencias presupuestales?
¿Dónde están sus auditorías solicitadas?
¿Dónde están sus propuestas para el suroriente?
Porque ser oposición no significa solamente criticar al gobierno.
Significa demostrar que existe una alternativa de gobierno.
Las plurinominales: el otro pendiente
Y luego están las diputaciones de representación proporcional.
La existencia de plurinominales no es, por sí misma, el problema.
Su propósito democrático es garantizar pluralidad.
El problema aparece cuando la ciudadanía percibe que las listas se convierten en mecanismos para premiar lealtades internas.
Una plurinominal debería llegar al Congreso por su capacidad de representar una corriente política que merece estar presente.
No por ser amiga, amigo, operador o incondicional de una dirigencia.
Por eso también deberían rendir cuentas.
La plurinominal no es propiedad del partido.
Es una representación política financiada por el ciudadano.
El gran ausente: el ciudadano
Quizá el mayor problema del Congreso frente a Juárez no sea solamente la actuación de los diputados.
Quizá también sea la ausencia de mecanismos ciudadanos permanentes para evaluarlos.
Los partidos evalúan a sus militantes.
Las dirigencias evalúan a sus operadores.
Los diputados evalúan al Ejecutivo.
El Ejecutivo evalúa políticamente al Congreso.
Pero; ¿quién evalúa de manera sistemática a los diputados?
La respuesta debería ser:
la ciudadanía.
Y para ello no hacen falta campañas de desprestigio.
Hace falta información.
Datos.
Votaciones.
Iniciativas.
Asistencias.
Resultados.
Presupuesto.
Fiscalización.
Y transparencia.
La radiografía debe convertirse en expediente
Juárez necesita pasar de la crítica política a la evaluación documental.
Por eso sería conveniente construir un Expediente Legislativo de Juárez 2024-2027, diputado por diputado.
Un documento ciudadano que registre:
Distrito.
Partido.
Votos obtenidos.
Iniciativas presentadas.
Iniciativas aprobadas.
Puntos de acuerdo.
Votaciones relevantes.
Asistencia.
Comisiones.
Comparecencias.
Gestiones presupuestales.
Fiscalización.
Posicionamientos sobre problemas de Juárez.
Trabajo territorial.
Rendición de cuentas.
Reelección.
Vínculos partidistas.
Resultados comprobables.
Entonces sí podremos decir quién trabaja, quién legisla, quién fiscaliza, quién representa y quién solamente ocupa una curul.
La verdadera pregunta para 2027
En 2027 no deberíamos preguntar:
¿De qué partido es?
Tampoco: ¿Quién lo postula?
Mucho menos: ¿Qué color representa?
La pregunta debería ser: ¿Qué hizo por Juárez?
Porque la ciudad ya no está para experimentar con representantes.
Tiene demasiados problemas y demasiada población para seguir entregando cargos públicos únicamente por lealtad partidista.
La ciudadanía debe recuperar el poder de evaluar.
Y los diputados deben entender algo elemental;
la curul no es propiedad del partido.
La curul pertenece temporalmente a quien recibió la confianza ciudadana.
Por eso el diputado debe responder a la Constitución, a la ley y, sobre todo, a la sociedad que lo eligió.
No al gobernador.
No al alcalde.
No al coordinador de bancada.
No al dirigente partidista.
No al grupo político.
Al ciudadano.
Juárez necesita representantes, no subordinados.
Esta radiografía apenas abre la discusión.
Porque si nueve distritos de mayoría relativa están en Ciudad Juárez, entonces la ciudad tiene una fuerza legislativa considerable.
Pero esa fuerza solamente existe si sus representantes deciden ejercerla.
El Congreso no debe ser una extensión del Ejecutivo.
Las diputaciones no deben ser premios partidistas.
Las reelecciones no deben ser recompensas automáticas.
Las plurinominales no deben ser cuotas.
Y la oposición no puede limitarse a esperar la siguiente elección.
Es tiempo de medir resultados.
Es tiempo de comparar discursos contra votaciones.
Promesas contra iniciativas.
Iniciativas contra resultados.
Campañas contra trabajo territorial.
Y lealtades partidistas contra independencia legislativa.
Porque Ciudad Juárez no necesita nueve curules ocupadas.
Necesita nueve voces con poder.
Y si esas nueve voces no son capaces de defender a la ciudad, cuestionar al poder, fiscalizar al gobierno y construir soluciones, entonces la pregunta para 2027 no será quién tiene la mejor marca.
Será mucho más sencilla.
¿Para qué queremos diputados que no ejercen el poder que la Constitución les confirió?
Y esa respuesta, esta vez, no debería corresponder a los partidos.
Debería darla Juárez.
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